Fuga del Penal de Alvear: Un Juez de Azul dictó el sobreseimiento de un ex funcionario de Daniel Scioli

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El juez de garantías de Azul, docto Juan José Suárez dictó el sobreseimiento de un ex funcionario provincial que estaba acusado de facilitar el escape de prisión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y de Víctor Schillaci, y descubrió además que una jueza de Ejecución Penal adulteró documentos públicos para cargar responsabilidades en el gobierno de Daniel Scioli. 

Según publicó el Diario Perfil la administración de María Eugenia Vidal responsabilizó a los funcionarios salientes, una estrategia que repetirían luego a lo largo del mandato. Para hacerlo creíble, adulteraron un oficio judicial y montaron una operación de prensa para instalar que las autoridades del penal, con la anuencia de los responsables del Ministerio de Justicia de Buenos Aires, habían desoído una orden de la Justicia y retirado por su cuenta las cámaras de seguridad que supuestamente debían monitorear a los tres detenidos las 24 horas. 

El 30 de diciembre de 2015, mientras transcurría la triple fuga, la jueza de Ejecución de Mercedes, Marcela Otermín, elevó un informe a la fiscalía asegurando que el 5 de agosto de 2015 había pedido dos medidas como resguardo de los detenidos: custodia armada en el pabellón –algo que está prohibido en los sectores de alojamiento de internos por razones de seguridad y que nunca ocurrió– y circuito de videovigilancia permanente. Ahora, la Justicia demostró que ese pedido nunca había sido formulado. 

Con el documento de la jueza Otermín, cargaron responsabilidades en la ex jefa del SPB, Florencia Piermarini, que había renunciado a su cargo antes de producirse la triple fuga, y el ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, César Albarracín, a punto de asumir como fiscal adjunto de Casación, y descabezaron a toda la cúpula penitenciaria. 

Mediante un decreto firmado el 21 de enero de 2016, la ex gobernadora Vidal suspendió la jura de Albarracín y no dejó que asumiera su nuevo cargo en la Justicia, por el que había concursado. “Se sucedieron un conjunto de circunstancias objetivas de público conocimiento que motivaron el inicio de actuaciones sumariales, en las que aparece involucrado Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas”, decía la normativa. 

Casi seis años después, ya con Vidal fuera del poder, el juez de garantías Juan José Suárez dictó el sobreseimiento de Albarracín al entender que había sido víctima de una causa armada. En la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, el magistrado señaló que la jueza Otermín “eliminó por sí o por tercera persona el documento público que se encontraba glosado a fojas 256 que ordenaba el alojamiento de Martín y Cristian Lanatta en el pabellón 10, sector 1, de la Unidad 30 de General Alvear, extremando las medidas de seguridad del caso, asegurándole al detenido los derechos que consagra el art. 9 de la ley 12.256”, confeccionando un nuevo documento parcialmente falso, con el mismo texto que el anterior, y agregando la frase “con guardia armada permanente las 24 horas del día y monitoreo continuo con cámara de seguridad”.

Según el magistrado, esa orden “no estaba contenida en el documento original –el cual fue reemplazado en el expediente por este segundo documento falso, respetándose la foliatura del original–, ocasionando de esta manera perjuicio no solamente hacia la fe pública, sino además en el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, ante la posibilidad de enfrentar cargos judiciales y/o administrativos por el presunto incumplimiento de una orden judicial”.