Laura Giosa: «Tenemos auditorías internas y externas»

Tras la ratificación del veto total a la Ley de Financiamiento Universitario dispuesto por el presidente Javier Milei, docentes y no docentes de todo el país hicieron el viernes pasado un paro por 24 horas en rechazo a esa decisión.

Este lunes la UNICEN decretó la suspensión de todas las actividades en sus facultades de Olavarría, Azul, Tandil y Quequén al tiempo que se llevarán adelante Asambleas Interclaustros.

La decana de la Facultad de Derecho de la UNICEN analizó la actualidad del conflicto en una entrevista con el periodista Javier Ciappina en el diario El Tiempo de la ciudad de Azul.

En la apertura de la charla, Laura Giosa destacó que «uno esperaba que los legisladores y las legisladoras estuvieran a la altura de las circunstancias y no acompañaran el veto del Presidente de la Nación, pero -como hemos visto también con la situación de los jubilados- hay sectores que, junto con el oficialismo, han decidido que la única política de Estado es el déficit cero y con eso arrastran la garantía de todos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos».

«La idea de la Ley de Financiamiento no sólo era saldar lo que está pasando en 2024 sino que también era un piso para discutir el 2025. Además se está presentando un proyecto de Presupuesto Nacional que tiene como base el presupuesto para las universidades de 2022, con una inflación que ha sido galopante a lo largo de estos años, más allá de que el presupuesto fue actualizado por el Ejecutivo en 2023 pero que no alcanzaba a cubrir lo necesario para el funcionamiento, y de los parches que se han puesto durante estos últimos meses», aseveró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, quien paso seguido agregó que «incluso estamos discutiendo un presupuesto para el año que viene que tiene una base mucho más baja de la que necesitamos para funcionar».

De igual forma, Giosa explicó que, «generalmente, para la elaboración del presupuesto nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acompaña un posible proyecto. En ese marco, antes se esperaba el crecimiento de las universidades y en este caso se plantea el poder funcionar con los niveles adecuados para desarrollar todas las funciones de la universidad: investigación, transferencia, extensión y docencia de grado y posgrado». «Creo que no vamos a llegar ni a eso. Por ese motivo es que el 2025 nos va a encontrar de nuevo en la calle luchando para poder funcionar», subrayó.

«Tenemos auditorías internas y externas»

Por otro lado, Laura Giosa hizo hincapié en que tanto en la discusión planteada en el Congreso como en las redes sociales, «hemos visto una serie de posverdades -fake news- por ejemplo en lo que dicen sobre la cantidad alumnos fantasmas, lo cual no es cierto, porque están todos registrados y el Gobierno tiene esos datos».

Además, aclaró la decana de la Facultad de Derecho de Azul, «dicen que no somos auditados, cuando en realidad tenemos auditorías internas y a su vez tenemos auditorías externas» en el marco de las cuales «el Gobierno Nacional tiene que decidir cuándo nos audita y nosotros someternos obligatoriamente a esas auditorías».

«Entonces, en vez de decir que no nos dejamos auditar tienen que decir ‘los vamos a auditar’ y -como siempre lo hacemos- tenemos que abrir las puertas de las universidades. Además nosotros rendimos a la Secretaría de Políticas Universitarias cada gasto que hacemos a través de la universidad. Eso está apoyado por una resolución que firma un consejo académico o un decano o un rector», añadió.

En el mismo sentido Giosa expresó que «si sucedieron cosas que no son correctas, para demostrar que fue así o no están las auditorías. A partir de ahí se inician las acciones penales y se determinará si hubo una estafa, un incumplimiento de los deberes de funcionario público o lo que sea. Pero si la excusa es que porque no nos auditan no nos van a financiar, también se puede decir que porque no se audita el Poder Ejecutivo Nacional, no lo vamos a financiar porque no sabemos cuántos trabajadores tiene. Pero el pueblo no tiene la posibilidad para decidir eso; ellos sí tienen en sus manos esa herramienta».

«Somos parte de la comunidad»

Ante la consulta acerca de si sienten apoyo de parte de la sociedad ante la lucha que están emprendiendo, la decana de Derecho respondió que, «caminando Azul y cada vez que hubo alguna manifestación de reclamo, nos hemos sentido acompañados por la comunidad».

«Esta universidad que está cumpliendo 50 años, tanto en Tandil como en Azul y en Olavarría nació por voluntad de la sociedad. Después fuimos nacionalizados. En el caso de Derecho incluso más, ya que en los albores fuimos financiados por una tasa municipal», refirió Giosa.

Igualmente la abogada y docente dejó en claro que «somos parte de la sociedad no sólo por lo que implica la universidad para todos los jóvenes que están en la región, sino también por el impacto económico que tiene en cada una de nuestras ciudades».

«No es difícil imaginarse el impacto negativo que tendría en Azul, en Tandil y en Olavarría el hecho de no tener a la UNICEN: menos alquileres, menos gasto en el comercio, en el transporte, en comida y en todo lo demás».

Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho de la UNICEN

Según opinó Giosa: «Más allá del apoyo que se nos brinda, me parece que tendríamos que hacer que esto se vuelva cada vez más potente para cambiar la decisión que tomaron los legisladores y para tener un presupuesto 2025 acorde a lo que necesitamos».

«Nunca hemos pasado por una situación semejante»

Sobre el final de la entrevista con este matutino Laura Giosa dejó en claro que «la lucha va a ser muy larga. Lo del Congreso fue nada más que una batalla dentro de esta gran pelea».

«Creo que vamos a tener que seguir luchando. La próxima es la Ley de Presupuesto Nacional. Es una lucha que va a tener casi cuatro años, porque no tienen la intención de cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional respecto a que las universidades somos autónomas y que debemos tener financiamiento. Nunca hemos pasado por una situación semejante. Creo que no está en el proyecto actual de país garantizar el funcionamiento de la educación superior y de las universidades públicas», concluyó la decana de la Facultad de Derecho.