Conflicto entre Municipios: Nelsón Sombra negó la “expulsión” de una familia desde Azul a Tandil
La Municipalidad de Azul respondió formalmente a la intimación realizada por el Gobierno de Tandil y negó que el traslado de una familia con menores haya sido una medida compulsiva. Afirmó que uno de los adultos había solicitado trasladarse a Tandil por razones laborales y habitacionales y propuso conformar una mesa de trabajo entre ambos municipios.
El intendente de Azul, Nelson Sombra, respondió formalmente a su par de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, en el marco del conflicto generado por el traslado de una familia azuleña hacia esa ciudad y rechazó las acusaciones formuladas contra su administración.
En una nota fechada el 21 de agosto, Sombra cuestionó que el episodio haya sido presentado como una medida compulsiva y sostuvo que el traslado se produjo a partir de un pedido realizado por uno de los adultos de la familia, quien habría manifestado su intención de trasladarse a Tandil en busca de oportunidades laborales y alojamiento.
La respuesta del jefe comunal azuleño se produjo luego de la intimación enviada por Lunghi el 20 de agosto, en la que el Municipio de Tandil había cuestionado la situación en la que la familia llegó a esa ciudad y reclamado la intervención de Azul.
La versión de Sombra sobre la familia
En su presentación, Sombra señaló que la familia es oriunda del partido de Bolívar y que durante más de cuatro años recibió asistencia de profesionales de distintas áreas de la Municipalidad de Azul.
También explicó que el grupo familiar era abordado desde el Consejo Local de Hábitat, en el marco del trabajo desarrollado para asistir a unas veinte familias asentadas en los terrenos conocidos como “Los Piletones”, afectados por la contaminación del suelo.
En ese contexto, indicó que la Ordenanza N° 5.204 creó el programa “Emergencia Habitacional por Contaminación” y que la familia se encontraba entre las beneficiarias de los módulos habitacionales proyectados en el predio del Tiro Federal.
Según relató Sombra, durante la semana previa al traslado se había intentado abordar un conflicto existente entre la familia y otros beneficiarios de los módulos habitacionales. Esa situación habría llevado al grupo a manifestar su intención de dejar Los Piletones.
El intendente azuleño remarcó, sin embargo, que el pedido para trasladarse a Tandil no se habría originado en una falta de asistencia habitacional sino en la intención de contar con oportunidades laborales y alojamiento en esa ciudad.
A partir de los informes elaborados, Sombra sostuvo que se evaluó que la familia contaba con condiciones para alojarse en Tandil y que no había requerido asistencia adicional. En ese marco, la Municipalidad dispuso el traslado en un vehículo oficial.
El jefe comunal también aclaró que el grupo trasladado estaba integrado por diez personas: cuatro adultos y seis menores, y cuestionó la referencia a once integrantes realizada por Lunghi.
Sombra negó una “expulsión” de Azul
Uno de los puntos más fuertes de la respuesta de Sombra fue el rechazo a la caracterización del traslado como una expulsión de la ciudad.
El intendente sostuvo que el episodio “no constituyó una derivación institucional compulsiva”, sino que tuvo lugar a partir de un requerimiento formulado por integrantes adultos de la familia.
En ese sentido, calificó como una “tergiversación injuriosa e inadmisible” presentar la situación como una suerte de “deportación municipal”.
También rechazó que se hubiera vulnerado la situación de los menores. Según indicó, en el Servicio Local de Azul no existían antecedentes de intervención ni una situación que justificara una respuesta específica del organismo, mientras que la responsabilidad parental era ejercida por los progenitores.
Para Sombra, la decisión de mudarse de ciudad no habilitaba por sí sola una intervención estatal sobre el grupo familiar.
El rechazo al pedido de Tandil
El intendente de Azul también cuestionó la exigencia de Tandil para concretar un “retorno seguro” de la familia y asumir desde Azul la asistencia correspondiente.
Sostuvo que ninguna autoridad municipal tiene facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas o de grupos familiares de una ciudad a otra por decisión de un intendente.
En ese marco, invocó principios vinculados con la autonomía personal, la libertad ambulatoria y la dignidad humana, y sostuvo que los adultos y los menores tienen derecho a circular, trabajar, acceder a una vivienda y elegir su lugar de residencia.
Sombra también rechazó el pedido para que Azul se haga cargo de los gastos afrontados por Tandil como consecuencia de la llegada de la familia.
Según planteó, no existiría fundamento legal para transformar en una obligación económica para Azul una decisión adoptada por la administración tandilense en función de su propia evaluación de la situación.
Una propuesta para destrabar el conflicto
Finalmente, Sombra propuso a Lunghi avanzar en una instancia institucional conjunta.
La propuesta consiste en conformar una mesa de trabajo entre ambos Departamentos Ejecutivos, con participación de las áreas sociales de las dos municipalidades.
El primer objetivo planteado por el intendente de Azul es escuchar directamente a los adultos de la familia para conocer su situación y, especialmente, cuál es su voluntad actual respecto del lugar donde desean residir.
Sombra sostuvo que disponer un eventual regreso sin verificar previamente esa voluntad implicaría adoptar una decisión sobre la vida de personas vulnerables sin su participación.
