Profundizan la ofensiva contra el ejercicio ilegal de la odontología: clausuras y denuncias penales en distintos puntos de la Provincia
El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires reforzó las tareas de detección, fiscalización y denuncia de personas que ejercen ilegalmente la odontología, en un esquema que combina investigaciones territoriales, clausuras de establecimientos y presentaciones ante la Justicia.
La estrategia alcanza a los diez distritos de la institución y suma una articulación con la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.
El procedimiento comienza con denuncias o alertas de profesionales y particulares, continúa con tareas de investigación y fiscalización y, cuando se constatan prácticas realizadas sin título o matrícula habilitante, puede derivar en actuaciones administrativas, clausuras y denuncias penales.
En ese marco, el Consejo Superior del Colegio sostiene un trabajo conjunto con los diez distritos que integran la institución para intervenir ante situaciones en las que personas sin habilitación realizan prácticas propias de la odontología.
La estrategia también incluye un convenio de cooperación firmado con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo del Dr. Julio Marcelo Conte-Grand. El acuerdo contempla, entre otras acciones, la elaboración de un protocolo para la presentación de denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y capacitaciones para dirigentes de la profesión.
Los resultados de esa tarea ya se reflejaron en distintos procedimientos realizados durante los últimos meses.
En Lanús Este, durante marzo, el Distrito II del Colegio intervino en un consultorio ubicado sobre la calle Madariaga, donde constató que una persona ejercía la odontología sin matrícula profesional ni habilitación. El establecimiento fue clausurado y posteriormente se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía competente.
También en marzo, en Almirante Brown, una investigación iniciada a partir de denuncias de odontólogos permitió detectar a una persona que se presentaba como protesista dental y atendía pacientes para tomar impresiones y confeccionar prótesis. Tras las tareas de investigación y la constatación de pruebas, inspectores del Distrito II realizaron la intervención correspondiente, que derivó en actuaciones administrativas y una denuncia penal, debido a que las prácticas excedían las actividades permitidas para un técnico o protesista dental.
Otro procedimiento se concretó en Villa Domínico, donde fue detectado un supuesto protesista dental que atendía pacientes dentro de un club y realizaba prácticas propias y exclusivas de la odontología. La actividad se desarrollaba bajo la denominación de una “Campaña Solidaria”, pero la fiscalización permitió constatar que se estaban realizando prácticas odontológicas por fuera del marco legal. El lugar fue clausurado y también se efectuó una denuncia penal.
A estos casos se suman las intervenciones realizadas en Ingeniero Budge durante mayo de 2025, donde un operativo conjunto con autoridades municipales y policiales terminó con cinco clausuras de establecimientos en los que se efectuaban atenciones odontológicas sin cumplir con la normativa vigente.
Para el Colegio, el problema no se limita al incumplimiento de las normas que regulan la profesión, sino que constituye además un riesgo para la salud pública, debido a que quienes se someten a tratamientos pueden estar siendo atendidos por personas que no cuentan con la formación, habilitación ni matrícula correspondientes.
La institución advirtió especialmente sobre la proliferación de ofertas de tratamientos odontológicos a bajo costo difundidas mediante redes sociales y publicidad informal, y recomendó a los pacientes verificar la matrícula del profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.
También pidió que, ante sospechas de ejercicio ilegal, tanto pacientes como profesionales utilicen los canales oficiales del Colegio para realizar las denuncias. Según remarcaron desde la Mesa Directiva, la información aportada por la comunidad permite iniciar investigaciones, fiscalizar establecimientos y reunir las pruebas necesarias para avanzar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.
