RN N°3: Corredores Viales acusó al intendente de Azul de manipular información y denunció una «cuasi dictadura municipal»

El amparo presentado por la Municipalidad en relación al pésimo estado de la Ruta Nacional N° 3 sumó en los días posteriores a la Navidad dos escritos duros en los términos que fueron presentados por Vialidad Nacional y Corredores Viales.

El Juez Bava, quien lleva la causa, había negado una medida cautelar solicitada por el Municipio de Azul aunque no clausuró el tema de fondo, que sigue su curso.

La respuesta judicial de Corredores Viales S.A. al amparo presentado por la Municipalidad de Azul escaló el conflicto por el estado de la Ruta Nacional Nº 3 a un nivel inesperado. En un escrito extenso y de tono inusualmente agresivo, la empresa estatal negó el abandono de la traza, cuestionó la legitimación del intendente para demandar y acusó al gobierno local de manipular información y exagerar la siniestralidad.

Corredores Viales SA es la empresa estatal que tiene como funcionario a Ezequiel Galli, ex intendente municipal.

Según la presentación, el Municipio de Azul “carece de legitimación activa” para iniciar la acción, ya que el intendente no sería titular de los derechos que dice proteger ni estaría habilitado para litigar en nombre de los vecinos. “La pretensa actora no acredita ni acompaña constancia alguna de mandato expreso”, sostiene el escrito, que remarca además la ausencia de autorización del Concejo Deliberante para avanzar con una demanda de este tipo.

El escrito está firmado por Juan Matías McCormick, en calidad de apoderado de Corredores Viales con el patrocinio del abogado Dr. Juan Carlos Mac Donnell.

Uno de los ejes centrales de la respuesta es la descalificación de las pruebas aportadas por la Municipalidad, a las que Corredores Viales califica como “informes autogestionados” y carentes de rigor técnico. La empresa también impugna estadísticas, comunicaciones internas y hasta notas periodísticas citadas por el Ejecutivo local, al considerar que “no poseen valor probatorio ni metodología verificable”.

En ese marco, la concesionaria estatal rechaza de plano el relato oficial sobre el supuesto estado crítico de la ruta. “No existe, haya existido o subsista estado de abandono, falta de mantenimiento, deterioro estructural, peligrosidad o intransitabilidad atribuible a esta parte”, afirma el escrito, en abierta contradicción con lo sostenido por el intendente en la demanda.

La cuestión de los accidentes viales ocupa un capítulo especialmente sensible. Mientras el Municipio habla de una alta siniestralidad y de muertes vinculadas al estado de la calzada, Corredores Viales reduce drásticamente el problema: reconoce solo 11 siniestros en el tramo cuestionado y asegura que apenas uno de ellos estuvo relacionado con la existencia de un pozo. Además, cuestiona que el intendente “no fue capaz siquiera de referir a un siniestro en particular. Ni uno solo”.

El escrito también pone en duda la relación directa entre los accidentes y el estado de la ruta, y desliza que podrían haber intervenido otros factores como el estado de los conductores o de los vehículos. “Resultan múltiples los factores que determinan un accidente”, señala, rechazando cualquier atribución automática de responsabilidad.

Pero el punto más explosivo de la presentación aparece cuando la empresa advierte sobre las consecuencias institucionales de admitir el planteo municipal. En un párrafo que no pasó inadvertido, sostiene que aceptar este tipo de acciones podría derivar en una “cuasi dictadura municipal”, en la que cualquier intendente estaría en condiciones de reclamar judicialmente políticas públicas nacionales sin límites ni competencia legal.

A lo largo del escrito, Corredores Viales también se desliga de varias de las obligaciones reclamadas y apunta a la Dirección Nacional de Vialidad como responsable de obras estructurales, demarcación y planificación, remarcando que su rol se limita al mantenimiento y conservación dentro de un marco concesionado.

Finalmente, la empresa sostiene que la vía del amparo es improcedente, que existen otros caminos administrativos y judiciales más adecuados y que el planteo del Municipio requiere un debate técnico y probatorio que excede ampliamente un proceso sumarísimo.

El conflicto, lejos de cerrarse, quedó así formalmente planteado en términos políticos y jurídicos, con un cruce que promete nuevos capítulos y una fuerte tensión entre el gobierno local y el esquema vial nacional.

Vialidad Nacional también realizó una presentación

En el expediente judicial se presentó un informe de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y también se expresó con dureza en relación a los pedidos de la Municipalidad de Azul por el estado de la Ruta Nacional Nº 3 y negó de manera categórica cualquier situación de abandono, deterioro grave o responsabilidad estatal.

En un escrito de más de 20 páginas, el organismo nacional rechazó todos los hechos denunciados, desacreditó las pruebas aportadas por el Municipio y atribuyó la siniestralidad vial a la imprudencia de los conductores, no a la calzada.

Desde el inicio, Vialidad adopta una estrategia de negación absoluta. “Niego terminantemente que la Dirección Nacional de Vialidad haya decidido el abandono y la falta de servicios de la Ruta Nacional Nº 3”, sostiene el escrito, que también rechaza que exista un deterioro significativo, falta de señalización, banquinas en mal estado o riesgos permanentes para los usuarios.

Quien firma el escrito es Daniela Paula Borghini, en calidad de representante de Vialidad.

Uno de los ejes más sensibles del planteo municipal —la existencia de muertes y numerosos accidentes— es frontalmente cuestionado por la DNV. El organismo asegura que el Municipio no acreditó ni una sola muerte ni un siniestro concreto, limitándose a afirmaciones generales sin respaldo documental. “Solo las alega. No aduna ninguna prueba. Ni siquiera documental”, afirma el escrito.

Más aún, Vialidad niega que exista una alta siniestralidad atribuible al estado de la ruta y sostiene que, de existir accidentes, estos se deben a la negligencia, impericia o imprudencia de los conductores, al mal estado de los vehículos o a la falta de control por parte de otros organismos competentes. En ese punto, remarca que la DNV no tiene competencia sobre el control del uso del corredor vial, función que atribuye a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fuerzas provinciales y autoridades municipales.

El escrito también desacredita duramente la prueba aportada por la Municipalidad de Azul, calificándola como insuficiente y carente de valor técnico. Informes de áreas municipales, actas de vecinos autoconvocados y referencias periodísticas son impugnadas por carecer —según Vialidad— de metodología verificable, objetividad y rigor técnico.

En otro tramo clave, la DNV rechaza que el Municipio tenga legitimación para accionar judicialmente en defensa de supuestos intereses colectivos, económicos o sanitarios derivados del tránsito por la RN3. Niega que la comuna pueda representar mayores costos de transporte, afectación del comercio o perjuicios al sistema de salud local, y sostiene que ninguno de esos extremos fue probado.

Vialidad también se esfuerza por deslindar responsabilidades operativas. Recuerda que el tramo cuestionado de la Ruta 3 se encuentra concesionado y que, en determinados sectores, las tareas de mantenimiento y conservación estuvieron —y en algunos casos aún están— a cargo de empresas contratistas y concesionarias, como parte de una “delegación transestructural de cometidos”. En ese marco, afirma que la guarda, tenencia y mantenimiento efectivo del corredor vial no se encuentra en cabeza de la DNV, sino de las concesionarias, mientras el organismo nacional cumple funciones de supervisión y control.

En relación con las obras, el escrito detalla procesos administrativos, certificaciones y recepciones provisorias y definitivas, y sostiene que no existe paralización ni abandono, sino una transición contractual dentro de un esquema de concesión y futura privatización del corredor sur de la red vial nacional.

Pero el tono del escrito se vuelve especialmente político cuando Vialidad cuestiona el uso de la acción de amparo para condicionar decisiones de infraestructura nacional. Advierte que, de admitirse este tipo de planteos, los jueces terminarían definiendo políticas públicas de obra vial, invadiendo competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional. “Imagínese V.S. si cada intendente pretendiera solucionar sus deficiencias de infraestructura por la vía del amparo”, señala el texto, en una clara crítica al accionar del jefe comunal de Azul.

Finalmente, la Dirección Nacional de Vialidad sostiene que no existe arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, que la vía del amparo es improcedente, que hay otras instancias administrativas y judiciales más idóneas y que el planteo municipal carece de los requisitos mínimos para prosperar. Por todo ello, solicita el rechazo total de la demanda, con expresa imposición de costas a la Municipalidad de Azul.