Muerte en Canteras Piatti: la sentencia que absolvió a una imputada y el rechazo de los padres de Agustín Masson
La sentencia que absolvió a una de las imputadas por la muerte de Agustín Masson, ocurrida en Canteras Piatti en junio de 2021, provocó un fuerte rechazo de sus padres, que cuestionaron públicamente la decisión judicial y anunciaron que la apelarán.
El fallo de la jueza Cecilia Desiata consideró que no se había probado que Silvina Graciela Schettini, consultora externa de Seguridad e Higiene de la empresa, tuviera entre sus responsabilidades el control de las condiciones del terraplén donde ocurrió el accidente.
La resolución desarrolla una serie de argumentos sobre las funciones que cumplía Schettini, las obligaciones que tenía asignadas dentro de la cantera y la intervención de otros responsables de la operación. La magistrada concluyó que la prueba no permitía atribuirle una conducta negligente penalmente relevante. Sin embargo, dejó planteada la posibilidad de que existieran otras responsabilidades que no fueron materia de investigación en este proceso.
El accidente y la responsabilidad que se le atribuía
El hecho ocurrió el 25 de junio de 2021, alrededor de las 10, en el establecimiento de Cantera Piatti S.A., en Colonia San Miguel. Agustín Masson conducía un camión volcador Caterpillar 775G y se dirigió al sector conocido como “Acopio del 010”, donde debía descargar material. Al aproximarse al borde del terraplén, el terreno cedió y el vehículo cayó. Masson logró salir de la cabina antes del vuelco, pero fue despedido varios metros y sufrió lesiones gravísimas, entre ellas traumatismo de cráneo, hemorragia cerebral y fractura craneana. Murió en el lugar.
En el caso de Schettini, la acusación se centró en su función como consultora externa de Seguridad e Higiene. Se le atribuía haber omitido controles sobre las condiciones del sector de descarga, la estabilidad del terreno y las medidas de protección que debían garantizar una operación segura.
La cuestión que debía resolver la jueza era concreta: si Schettini tenía efectivamente asignada esa obligación de supervisión y si su incumplimiento podía vincularse penalmente con la muerte del trabajador.
La falta de documentación sobre las funciones de Schettini
Uno de los puntos centrales del fallo es que no se incorporó al expediente documentación que permitiera determinar con precisión cuáles eran las obligaciones contractuales de la profesional. La sentencia señala que no había un contrato ni informes de la empresa que detallaran el alcance de sus tareas, sus responsabilidades específicas o el grado de intervención que debía tener en las operaciones de la cantera.
La jueza recurrió entonces a las declaraciones de trabajadores y responsables de la firma. Pero encontró que los testimonios no permitían establecer con claridad que Schettini tuviera a su cargo la inspección cotidiana de los lugares de descarga ni la autorización de las tareas.
En ese sentido, escribió que “ninguno de ellos precisó con exactitud cuáles eran las funciones que realizaba la Ingeniera Schettini por obligación contractual”.
La magistrada sí consideró acreditado que la profesional participaba en capacitaciones sobre seguridad, elaboraba protocolos y formaba parte de equipos de trabajo destinados a investigar accidentes e incidentes y proponer medidas preventivas. Pero diferenció esas funciones de la supervisión directa de las operaciones y de los controles sobre el estado de los terraplenes.
Para reconstruir ese esquema, valoró especialmente la declaración de Claudio Girelli, gerente de las canteras y responsable de las operaciones. Según la interpretación de la jueza, su testimonio permitía ubicar las tareas de Schettini principalmente en la capacitación y el asesoramiento, sin demostrar que tuviera a su cargo controlar cada descarga o inspeccionar previamente el terreno.
Las medidas que se implementaron después de la muerte de Masson
La sentencia dedica un tramo importante a distinguir las tareas que se realizaban antes del accidente de los controles que comenzaron a implementarse después.
La jueza examinó declaraciones de trabajadores que describieron nuevas medidas de seguridad: revisiones de los sectores de trabajo, controles sobre la presencia de bermas en los terraplenes, colocación de conos o cadenas y consultas previas antes de avanzar con determinadas operaciones.
Entre esos testimonios, analizó el de Fabricio Bahl, quien explicó que después del accidente comenzaron a realizarse controles que antes no se efectuaban de esa manera. También tuvo en cuenta lo declarado por Sergio Schneider, quien describió una modalidad posterior al hecho en la que se consultaba a Schettini antes de iniciar determinados trabajos.
Para la magistrada, esas declaraciones no demostraban que la profesional tuviera esas mismas obligaciones antes de la muerte de Masson. Consideró que no podía atribuirle retroactivamente una responsabilidad a partir de procedimientos que la empresa adoptó después del accidente.
La distinción es importante en el razonamiento judicial: que Schettini haya participado en la investigación del hecho y en la elaboración de medidas para evitar nuevos accidentes no probaba, por sí solo, que antes tuviera a su cargo la supervisión del terraplén o la autorización de la descarga.
La inspección previa y la autorización para descargar
Otro aspecto determinante fue la reconstrucción de lo ocurrido en el sector del Acopio 010 antes de que el camión conducido por Masson se aproximara al borde.
A partir de los testimonios y de las imágenes de las cámaras de seguridad, la jueza consideró que el entonces jefe de Producción, Maximiliano Jesús Muia, había concurrido al lugar, inspeccionado el sector y autorizado la descarga. También valoró que otro operario, Marcos Martinefsky, había realizado una descarga previa en ese mismo terraplén sin advertir una situación de riesgo.
La sentencia utilizó esos elementos para analizar quiénes intervenían directamente en las operaciones y quiénes tenían a su cargo verificar las condiciones del lugar. Según la magistrada, la prueba indicaba que los controles operativos recaían sobre los trabajadores y sus superiores, no sobre la consultora externa de Seguridad e Higiene.
En ese marco, sostuvo que los operarios recibían capacitación para identificar situaciones de riesgo, podían negarse a realizar una tarea si consideraban que no estaban dadas las condiciones de seguridad y debían comunicar cualquier anomalía a sus superiores.
La jueza también aclaró expresamente que no le correspondía volver a evaluar la conducta de Muia, porque su situación ya había sido juzgada por otro magistrado. Por eso, el análisis de la inspección previa y de la autorización para descargar no significó que en esta sentencia se resolviera nuevamente si el jefe de Producción había actuado correctamente o si había incurrido en negligencia.
Qué responsabilidades quedaron fuera de esta sentencia
La absolución de Schettini no llevó a la jueza a descartar que pudieran existir otras responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad en Cantera Piatti.
La magistrada señaló que eso no significaba que la empresa no debiera haber asignado al área de Seguridad e Higiene tareas de supervisión, verificación y control sobre las condiciones del terreno y las operaciones de descarga. Incluso mencionó la posibilidad de que esas obligaciones hubieran correspondido a otras personas dentro de la estructura de la firma.
Sin embargo, aclaró que esas eventuales responsabilidades no habían sido investigadas en el proceso que tenía a su cargo y que, por lo tanto, no podía pronunciarse sobre ellas.
También hizo una distinción entre la responsabilidad penal individual que debía resolver en esa causa y otras consecuencias que podrían derivarse de los hechos. Mencionó una eventual responsabilidad administrativa de la empresa por incumplimientos de las normas de seguridad e higiene laboral y una posible responsabilidad civil objetiva por los daños ocasionados. Aclaró que esas cuestiones excedían el objeto de ese juicio penal.
La conclusión de la jueza fue que no se había acreditado, más allá de toda duda razonable, que Schettini tuviera la obligación concreta de controlar el terraplén ni que hubiera incumplido un deber de cuidado que permitiera atribuirle la muerte de Masson.
Por eso, en el marco del acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa, resolvió su libre absolución por el delito de homicidio culposo y sin imposición de costas.
La oposición de los padres al juicio abreviado y el rechazo del fallo
La familia de Agustín también había cuestionado el camino procesal elegido para resolver la situación de Schettini. Juan Carlos Masson y su abogado, Gustavo Scotto, se opusieron al juicio abreviado y solicitaron que la causa llegara a un debate oral y público.
Entre sus argumentos plantearon que la prueba debía discutirse en una audiencia con posibilidad de contradicción y que el acuerdo podía cerrar la investigación sin que surgieran otras responsabilidades, nuevas imputaciones o una eventual modificación de la calificación legal. También consideraron insuficiente la pena acordada frente a la gravedad del hecho.
La jueza rechazó que esa oposición pudiera impedir por sí sola el procedimiento abreviado. Explicó que la decisión de acordar esa vía correspondía al Ministerio Público Fiscal y que la intervención de los particulares damnificados no les otorgaba un poder de veto sobre el acuerdo.
La resolución contemplaba, en caso de condena, una pena máxima de dos años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial. Finalmente, la magistrada consideró que no estaban reunidos los elementos para condenar a Schettini y dictó su absolución.
Tras conocerse los fallos vinculados con la muerte de Agustín, sus padres brindaron una conferencia de prensa junto a Scotto. Allí expresaron su rechazo a las decisiones judiciales y cuestionaron que no se hubieran establecido responsabilidades por lo ocurrido en la cantera.
Juan Masson manifestó su indignación con la resolución y sostuvo que, al conocerla, sintió que su hijo había vuelto a morir. El abogado de la familia, por su parte, cuestionó tanto el contenido de las decisiones como el procedimiento abreviado y confirmó que recurrirán los fallos ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
