Buscan que delitos contra la integridad sexual sean juzgados de manera «obligatoria» por juicios por jurados

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El Diputado de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Castello presentó un proyecto de Ley donde determina la obligatoriedad para aplicar los Juicios por Jurados en caso de delitos contra la integridad sexual.

«En nuestro proyecto proponemos establecer la integración con jurados de manera irrenunciable y obligatoria, siguiendo la orientación y redacción de las demás provincias», dice el fundamento del proyecto de Ley que agrega «por otro lado, el sistema de jurados populares propiamente dicho ha sido adoptado por nuestra provincia y todas las demás con excepción de Córdoba, que ha optado por el sistema conocido como “escabinado”, en el que el jurado se compone de legos y jueces técnicos.»

«Los delitos sexuales en particular generan un rechazo social unánime en virtud de los gravísimos daños de todo orden que causan a las víctimas y sus allegados, daños de los que muchas veces no se pueden recuperar en toda su vida. Los estragos físicos, psíquicos, sociales, intelectuales, relacionales y de todo tipo que ocasionan tan deplorables delitos, hipersensibilizan a la sociedad, exacerban los reclamos de Justicia y amplifican el escrutinio ciudadano sobre el proceso penal y la imposición de penas a los responsables», sostiene.

En el caso de los últimos casos registrados en Olavarría de hechos de este tipo la realidad muestra que sucede lo contrario de lo que afirma el Legislador

Para el Legislador, «es en ese contexto que la aplicación del juicio por jurados obligatoria luce como el camino más eficaz para eliminar los recelos que, con mucha razón, tiene la comunidad hacia la Justicia Penal, al mismo tiempo que realza la legitimidad de las decisiones que se tomen, que ya no estarán en cabeza de magistrados inaccesibles en el imaginario popular, sino de ciudadanos comunes a los que no se les podrá reprochar desaprensión alguna».

Sostiene que, «el juicio por jurados redunda en una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia».

Agrega que, «también debe destacarse el efecto disuasivo que el sistema acarrearía por la condena social que conlleva el enjuiciamiento popular, lo que innegablemente hará reflexionar a más de uno antes de cometer delitos tan atroces».