El Concejal Aguilera solicita al Municipio intervenga ante la situación del CAJ

Este martes, el concejal del Frente para la Victoria, Federico Aguilera presentó un proyecto resolución ante el HCD de nuestra ciudad, mediante el cual solicita al municipio realice las gestiones necesarias frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento del Centro de Acceso a la Justicia.
El presente proyecto, cuya autoría pertenece al concejal del Frente para la Victoria, Federico Aguilera, fue acompañado además por el bloque Olavarría para la Victoria y por el FpV Miles; el mismo manifiesta por un lado su preocupación en torno a la falta de garantías de continuidad del Centro de Acceso a la Justicia en nuestra ciudad, como así también respecto a la pérdida de la fuente de trabajo e ingresos de dos trabajadores que cumplían funciones en el mencionado organismo, y por el otro, el proyecto solicita al Municipio realice las gestiones necesarias con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento.
Al respecto el concejal del Frente para la Victoria aclaró: “desde su apertura en diciembre del 2012, el Centro de Acceso a la Justicia de Olavarría ha recibido más de 5.000 consultas, lo que demuestra que existe una demanda y necesidad real por parte de la población con respecto al funcionamiento de este organismo en la ciudad”.
Asimismo, el edil indicó: “A través de este proyecto, pedimos al municipio que responda ante las decisiones del Estado Nacional y que significan un claro retroceso social, vulnerando los derechos de los sectores más humildes a los que se supone que el Estado debe proteger y cuidar”.
Cabe destacar que los Centros de Acceso a la Justicia funcionaban como un puente entre los ciudadanos y los diversos organismos públicos, tanto locales como nacionales. De esta manera, se abordaban las problemáticas de los barrios, centralizando la atención y realizando de manera dinámica las gestiones ante cada organismo correspondiente, con el objetivo de efectivizar el rápido acceso a la justicia. El trabajo en cooperación y en coordinación con los distintos organismos del Estado Nacional resultaba estratégico porque permitía que los ciudadanos accedieran a las distintas políticas públicas y programas impulsados por el Gobierno Nacional para promover y fortalecer la justicia social.
Hasta la fecha en todo el país se han cerrado 65 Centros de Acceso a la Justicia con más de 220 despidos de trabajadores.