HCD: con fuertes cruces y modificaciones a ultimo momento aprobaron la tasa a los parques eólicos

En una jornada de extenso debate y cruces políticos, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó en la Asamblea de Mayores Contribuyentes el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo que crea un marco tributario específico para la actividad de generación de energía eólica. La normativa impone el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a los parques instalados en el distrito. La sesión, que comenzó con fuertes discusiones entorno a modificaciones presentadas a último momento y la cláusula de cobro anticipado, logró destrabarse tras un cuarto intermedio donde el oficialismo aceptó reducir de 20 a 3 años la cancelación voluntaria de períodos futuros.

El tratamiento comenzó con la presentación de adecuaciones al anteproyecto. El concejal Gastón Sarachu (Unión por la Patria) precisó que la base imponible fue modificada para adoptar la potencia nominal instalada por cada generador expresada en megavatios, reemplazando el monto único por una escala por rangos. Además, resaltó que se introdujo un régimen de regularización voluntaria. «Este proyecto de ordenanza es una síntesis entre las herramientas y condiciones necesarias para seguir atrayendo este tipo de inversiones a nuestro partido y la obligación de cuidar el patrimonio de los olavarrienses mediante el cobro de la tasa de seguridad e higiene a estas grandes empresas», afirmó Sarachu.

Las críticas opositoras se centraron rápidamente en la desprolijidad del trámite y el intento original del Ejecutivo de cobrar hasta 20 años de tasa por adelantado. El concejal Francisco González (UCR) cuestionó el cambio de reglas: «Estuvimos más de dos meses trabajando, analizando, discutiendo y debatiendo un proyecto (…) pero hoy estamos tratando prácticamente otro proyecto nuevo. Veinticuatro horas antes se nos dio a conocer estas modificaciones», criticó. Y advirtió sobre la cláusula financiera: «La administración Wesner, en su pésima administración de los recursos y en el grave déficit que presenta, pretende cobrar 20 años de tasa para tratar de salvar esos números en rojo alarmante, comprometiendo a futuras gestiones».

En la misma línea, el concejal Guillermo Lascano (La Libertad Avanza) sostuvo que la redacción afectaba normativas provinciales. «El artículo 27 viola determinados conceptos que son esenciales… Creo que está prohibido adelantar tasas que excedan el mandato de la actual gestión o de las gestiones futuras», argumentó Lascano al mocionar una enmienda para topar la cancelación al mandato del intendente en ejercicio, propuesta que fue desestimada por el oficialismo.

Desde Juntos Por Olavarría, la concejala Guillermina Amespil apuntó a vicios legales en el procedimiento al señalar que la propuesta modificada carecía de dictamen de comisión y de sesión preparatoria previa. A su vez, el concejal Hilario Galli contrapuso el impacto tributario con la atracción de inversiones: «La discusión que hay atrás es qué modelo de ciudad queremos construir… La política tributaria municipal no tiene que ser solamente una herramienta para recaudar, también puede ser una herramienta para desarrollar la economía local». Por su parte, el concejal Fabián Petehs (Por mas libertad) fustigó al proyecto señalando que se trata de un «impuesto al viento» que desalienta futuras inversiones y adelantó que la norma «va a terminar judicializada».

La respuesta del oficialismo estuvo a cargo de la concejal Federico Aguilera (Unión por la Patria), quien cruzó a la oposición por rechazar la iniciativa a pesar del aval enviado por las propias empresas inversoras mediante una carta de Ternium / grupo Techint. «Por qué esa tasa se la tiene que pagar el verdulero de la vuelta de mi casa al grupo Techint… Lo que esta ordenanza propone es un gesto de justicia fiscal, de equilibrio fiscal, y las propias empresas lo reconocen», remarcó Aguilera, destacando que los parques se instalan en Olavarría por sus ventajas geográficas, climáticas y de infraestructura.

Tras momentos de alta tensión en el recinto donde la oposición amenazó con retirarse, la Presidencia del cuerpo sometió a votación la moción de cuarto intermedio, siendo aprobada por unanimidad para abrir una instancia de diálogo.

Al reanudarse la sesión, Aguilera presentó una modificación clave al polémico artículo 27 para destrabar la negociación. La nueva redacción establece que «los sujetos comprendidos en la presente ordenanza podrán optar voluntariamente por la cancelación anticipada de la tasa por inspección de seguridad e higiene correspondiente a hasta tres períodos fiscales futuros».

Aunque la oposición reiteró sus reparos al considerar que tres años aún compromete la gestión venidera, el bloque oficialista logró los votos necesarios. Finalmente, con el acompañamiento de los Mayores Contribuyentes alineados, la moción con la enmienda fue aprobada por mayoría y posteriormente se sancionó la ordenanza en general.