HCD: se aprobó por unanimidad la regulación para las residencias de personas mayores
En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante se aprobó de forma unánime la ordenanza 5.851/26, la cual establece un régimen regulatorio para los establecimientos de residencia de larga estadía para personas mayores en el partido de Olavarría. La normativa, surgida a partir de la unificación de proyectos presentados a principios de año, contempla la institucionalización de un programa de acompañamiento integral y la creación de un registro municipal público y obligatorio.
El debate en el recinto reflejó el consenso alcanzado tras meses de trabajo en las comisiones de Infraestructura, Hacienda y Legislación. La primera en tomar la palabra fue la concejal Abraham (Fuerza Patria), quien explicó el proceso de elaboración del despacho y detalló los alcances de la normativa. La edil recordó que a principio de año se presentaron dos proyectos en relación a la misma temática, uno de su bloque y otro por parte del concejal Marcelo Pethes, los cuales se unificaron en la comisión de infraestructura para lograr una ordenanza aplicable. «Viene a dar respuestas a una problemática real, concreta, pero de una manera responsable y sin ir a contramano de lo que se establece ya a través de la ley provincial 14.263», remarcó Abraham, aclarando que dicha legislación faculta de forma exclusiva al Ministerio de Salud para habilitar y categorizar estos espacios. Asimismo, especificó que el proyecto se centra en la institucionalización del programa de acompañamiento integral y en «la creación de un registro municipal de residencias de larga estadía, de carácter público, gratuito y obligatorio» para que cualquier vecino pueda consultar la situación de los establecimientos.
A su turno, el concejal Lascano se refirió a las modificaciones que sufrió la propuesta original del bloque Libertad Avanza. El edil señaló que la redacción final «dista mucho de lo que realmente concluyó», pero destacó la coherencia de la bancada al aceptar que «dejaba de ser un proyecto de la Libertad Avanza para ser un proyecto absolutamente de todos». Si bien evaluó que la norma «queda a mitad de camino», valoró el resultado al sostener que «permite a los gobiernos futuros poder trabajar sobre una base importante y poder introducir mejoras».
Seguidamente, la concejal Guillermina Amespil sumó su visión sobre el origen de la discusión en el cuerpo legislativo y recordó las primeras acciones del año vinculadas a la temática. «Fue la primera sesión de este año que fue un pedido de informe por el incendio que habíamos tenido en el mes de enero en una residencia de adultos mayores», rememoró la concejal, al tiempo que ponderó la técnica legislativa utilizada para reconocer las competencias del Estado. «No es la óptima, porque la óptima sería poder tener el acceso y el control total de la situación, pero así lo determina la Constitución, no le corresponde al municipio», reconoció Amespil, destacando que aun así se logró una herramienta para llevar tranquilidad a las familias.
Por su parte, el concejal Francisco Gonzáles (UCR) celebró la responsabilidad con la que se articuló el texto definitivo y coincidió en que los límites provinciales no impiden una presencia municipal activa. Durante su exposición, el edil mencionó el asesoramiento profesional que recibió para el abordaje de la temática: «Quiero destacar a dos profesionales que me asesoraron en este tema: una de ellas de acá de Olavarría, la licenciada en gerontología Belén Pacheco, quien hizo unos aportes muy interesantes, como también una abogada de Bahía Blanca, Fernanda Román, especializada en vejez y seguridad social».
El concejal Pethes también hizo un repaso histórico del tratamiento del expediente y aludió al hecho trágico del 5 de enero como el detonante de la discusión en el HCD. Pethes manifestó que del proyecto presentado inicialmente por el bloque de la Libertad Avanza «prácticamente no quedó nada» tras la incorporación de las propuestas de su propia bancada y el aporte de todo el cuerpo. Respecto a los alcances, remarcó que las gestiones locales anteriores ya realizaban tareas de acompañamiento de manera informal y que ahora la herramienta queda asentada por escrito, haciendo especial hincapié en el control comunitario. «Creo yo que es lo más importante, ese registro público que vamos a tener, donde aquel ciudadano que necesite de los servicios de estos lugares sepa a dónde está llevando a su familiar», planteó el concejal, advirtiendo además sobre el crecimiento de la actividad: «Detrás de todo esto, obviamente para mucha gente hay un negocio, es el negocio de los geriátricos, pero es algo que va creciendo y vamos a tener mayor cantidad en el futuro».
Finalmente, el concejal Nicolas Zampini (LLA) coincidió en que la ordenanza funciona como un «buen puntapié inicial» ante una problemática que los distintos gobiernos locales previos habían abordado de manera informal o desatendido, aunque consideró que la norma posee limitaciones. «A nuestro criterio queda corto porque le falta dotar de más herramientas de acción al municipio», observó Zampini, argumentando que se debería haber incorporado «lo que es el poder de policía; es decir, que el municipio pueda inspeccionar, pueda realizar actas, sanciones y demás». Sobre el cierre de su intervención, el edil dirigió una reflexión a los jóvenes del partido: «Quiero mandarle un mensaje a mi generación, a los que tienen menos de 30: que no esperen a llegar a viejos para poder tener una vejez digna, que el momento de preocuparse por la vejez es ahora». Tras las alocuciones, el proyecto fue sometido a votación y resultó aprobado de manera unánime por la totalidad de los bloques presentes.
