Opinión / Lula cerca de la cárcel: A cualquier precio

Escribe: Pablo Palazzolo, especial En Línea Noticias

No es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso, que tuvo su pico entre 2003 y 2010 cuando Luiz Inácio Lula da Silva, hijo de una familia mestiza y pobre de Brasil, miembro histórico del Partido de los Trabajadores (PT), llegaba a la presidencia por la vía democrática.

Ser presidente de Brasil no es cualquier cosa. Significa gobernar un país de más de 200 millones de habitantes, con un PBI en 2016 de 1.796 billones de dólares, con una esperanza de vida de 75 años y con una histórica muy desigual distribución del ingreso. Ser presidente de Brasil significa presidir, sin dudas, el principal país de Sudamérica. Ahí es donde llegó el hijo de una familia mestiza y pobre, que para colmo además fue obrero metalúrgico y sindicalista.

Lo técnico

Técnicamente hablando, lo que sucedió ayer es que la máxima autoridad judicial brasileña, el Supremo Tribunal de Justica, denegó –por una ajustada mayoría de 6 votos en contra y 5 a favor- un pedido de hábeas corpus solicitado por Lula para no ir preso por un delito por el cual ha sido acusado y condenado sin pruebas. Previamente, el juez Moro, famoso por perseguir a Lula y al PT, lo había condenado a prisión por haber recibido un departamento por parte de una empresa en concepto de coima. Sin embargo, y esto es muy importante, ese supuesto delito nunca pudo ser probado en la justicia brasileña.

Lo político

Perderse en el laberinto judicial puede nublar la comprensión del tema y soslayar su importancia. Por eso hay que hablar de lo político, porque éste no es un tema judicial. Y para ello, hay que preguntarse cuál es objetivo que se persigue y por qué.

Vamos por partes. Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010. Dilma Rousseff, su sucesora también elegida democráticamente y también del PT, lo hizo entre 2011 y 2016. En ese período, y estos son datos del Banco Mundial accesibles a cualquier persona, la pobreza en Brasil bajó del 25% en 2003 a un 8,7% en 2015. He aquí el pecado original de Lula y Dilma: haber sacado de la pobreza a millones de brasileños. Ello, en una sociedad cuyo rasgo principal era la doble desigualdad de clase y racial. 

Obviamente, el establishment brasileño no estuvo feliz con esto, porque una suculenta cantidad de pobres les garantiza a ellos el mantenimiento de sus privilegios. Los empresarios, los financistas, los grandes medios de comunicación masiva –liderados por la Red O Globo- amplios sectores de la justicia, los militares, buena parte de la clase política y la Embajada decidieron que había que hacer algo. Y si no se podía  ganarle al PT en las urnas, había que frenarlo a cualquier costo.  

Así comenzó una peligrosa carrera antidemocrática que hoy se está acelerando. He aquí algunos de sus hitos principales. Primero, el día 31 de agosto de 2016, Dilma fue destituida por el Senado de Brasil, declarada culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil. Hay aquí un par de detalles importantes: ninguno de esos supuestos delitos fue probado, y de haberlo sido, tampoco implicaban la destitución de la presidenta. Algunos argumentaron que el procedimiento era legal, lo cual es cierto. Pero a nadie pareció importarle que las causas y los resultados fueran ilegítimos, y el gobierno argentino y el estadounidense se contaron entre los primeros en reconocer a Michel Temer, triste reemplazante de Dilma y uno de los presidentes más abucheados por las muchedumbres brasileñas.

Pero la historia sigue, y cómo suele pasar en las democracias, hay que volver a votar. En el caso de Brasil, ello sucederá en octubre próximo. Y he aquí el gran problema para el establishment brasileño pues el candidato que lidera todas las encuestas es, ni más ni menos, que Lula. Y por mucho. Se ve que el pueblo brasileño se empeña en querer votarlo, vaya a saber por qué. Pero lo cierto es que la derecha está empeñada en impedir que vuelva a gobernar. Y entonces apretaron el acelerador.

En febrero de este año, el Senado brasileño –el mismo que destituyó a la presidenta democráticamente elegida Dilma- autorizó el despliegue de tropas militares en las favelas de Río de Janeiro, la ciudad que es el corazón de Brasil. A mediados de marzo pasado fue asesinada la concejal carioca Marielle Franco, una de las principales voces en contra de la militarización de Río. Marielle era una política negra, la quinta concejal más votada de la ciudad, y se definía como una «cachorra de la Maré» (una de las mayores favelas de Rio de Janeiro) y era conocida por sus luchas contra el racismo y la violencia policial. Después vinieron los tiroteos a los micros en los que Lula recorría el país haciendo campaña; los escraches mediáticos a cada uno de los jueces que debían votar ayer en el mayor noticiero del país de la Red O Globo; y uno de las mayores afrentas a la democracia regional: las amenazas que hicieron, vía Twitter, generales en actividad y retirados contra el sistema político y la sociedad  en el caso en el Lula no fuera preso. Ese fue el preludio a la decisión judicial de ayer.

Un precio demasiado alto

¿Cuál es la razón del establishment y la derecha brasileñas para una reacción tan virulenta? Las pistas para intentar una respuesta las brinda la misma realidad. En un hecho inédito, Temer logró hacer aprobar en julio del año pasado una Reforma Laboral que establece jornadas laborales de 12 horas, parte las vacaciones en tres períodos, da a los contratos negociados por cada empresa con los trabajadores preeminencia sobre las paritarias, elimina la obligatoriedad de la cuota sindical, permite que las embarazadas trabajen en ambientes no del todo salubres, flexibiliza las condiciones de despido y entorpece los juicios laborales. Es decir, pone a los trabajadores en condiciones laborales similares a las del siglo XIX.

Cosas como la recién descriptas no hubieran sucedido nunca bajo un gobierno como los de Lula o Dilma. Es por ello que el establishment está dispuesto a cualquier cosa para frenarlo. Su dilema es cómo dar sustentabilidad a un modelo económico y social que importa la pérdida de derechos para las mayorías. La eventual prisión de Lula no es importante en sí misma, sino porque conlleva la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 19 años. Es decir, lo que se busca es la proscripción política del candidato preferido del pueblo brasileño. Y si para ello hay que vulnerar principios democráticos como el de la legítima defensa y la inocencia hasta que no se prueben los delitos, o la democracia misma, no les importa.

Cómo seguirán las cosas en cuanto a la candidatura de Lula, es difícil de decir. Aún queda un laberinto de cuestiones legales y políticas a recorrer. Pero dejar pasar por alto sin condenar lo que constituye una seria amenaza para la democracia en la región es muy peligroso. Ya sabemos que cuando en Brasil se resfrían, en Argentina contraemos gripe.