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“Cobro de Peaje”: La Justicia Federal deberá actuar en la denuncia del Municipio contra una vecina

Voceros judiciales expresaron esa decisión a En Línea Noticias teniendo en cuenta que el delito denunciado infringe el artículo 205 y concordantes del Código Penal de la Nación.


En las primeras horas de la tarde de este miércoles se confirmó que la denuncia que el Municipio realizó contra una vecina que “cobraba peaje” para que automovilistas burlen los accesos a la ciudad será girada a la Justicia Federal con asiento en la vecina ciudad de Azul.

El Municipio este miércoles presentó la denuncia en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 a cargo de la doctora Viviana Beytía.

Precisamente allegados a esa UFI le dijeron a En Línea Noticias que la causa seguirá su trámite en la Justicia Federal por tratarse, el delito que se denuncia, una violación al Art. 205 y concordantes del Código Penal de la Nación.

“Es competencia exclusiva de la Fiscalía Federal en turno porque se trata de violar las normas en medio de una pandemia”, dijeron los consultados.

También en declaraciones con En Línea Noticias, el Intendente Ezequiel Galli manifestó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con cualquier vecino que tenga esta actitud”

¿Qué dicen esos artículos?

Como se informó desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio quien infrinja el mismo podría ser imputado por el más grave de los delitos previstos en el Código Penal contra la salud pública, que prevé hasta 15 años de prisión .

Se trata del previsto en el artículo 205 del Código Penal , que reprime con “reclusión o prisión de tres a quince años” al que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Además de ser imputado, la persona podría quedar sujeta a “medidas patrimoniales para garantizar bienes” ante posibles demandas civiles por parte de las personas que haya afectado por incumplir el aislamiento.

Por su parte, la violación del artículo 239 del Código Penal reprime “con prisión de quince días a un año a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

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