El frigorifico de Azul pagó más de $613 millones por una tasa municipal y cuestionó su legalidad ante la Justicia
Azul Natural Beef S.A., la empresa que opera bajo la marca Devesa, presentó una demanda contra la Municipalidad de Azul. Sostiene que el tributo no tiene una contraprestación efectiva y que los montos abonados son desproporcionados. En Olavarría, otras empresas industriales también cuestionaron tasas municipales ante la Justicia.

Un frigorífico de Azul llevó a la Justicia su disputa con el Municipio por el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).
Se trata de Azul Natural Beef S.A., que entre julio de 2025 y junio de 2026 pagó $613.660.602,51 por ese concepto y ahora reclama que se declare la inconstitucionalidad del régimen tributario que regula su aplicación.
La empresa, dedicada principalmente a la producción y exportación de carne vacuna, promovió una pretensión declarativa de certeza ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Azul. En su presentación cuestionó los artículos 180 a 191 de la Ordenanza Fiscal municipal y pidió que se declare la inaplicabilidad de la tasa, de manera subsidiaria, por considerar que no se cumple el presupuesto que habilita su percepción.
El planteo sostiene que el tributo funciona, en los hechos, como un impuesto sobre los ingresos de la firma, debido a que su cobro no estaría vinculado con la prestación efectiva de un servicio municipal concreto e individualizado.
Los montos abonados son uno de los principales argumentos de la demanda. Según la presentación, en junio de 2026 la empresa pagó $60.728.365,01. Para la firma, esas cifras resultan irrazonables frente al costo de cualquier eventual actividad municipal de inspección.
Además, cuestionó que una parte de lo recaudado por la tasa se destine al financiamiento de servicios de salud y educación. A criterio de la empresa, esa asignación demuestra que el gravamen excede su finalidad retributiva y termina financiando gastos generales del Municipio.
La respuesta del Municipio
La Municipalidad de Azul rechazó los argumentos de la firma y presentó documentación para sostener que sí realizó inspecciones de seguridad e higiene en el establecimiento.
En el expediente incorporó tres informes del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, correspondientes a visitas realizadas el 24 de julio de 2024, el 26 de febrero de 2025 y el 24 de abril de 2026.
Las actas consignan verificaciones sobre elementos de protección personal, extintores, luces de emergencia, instalaciones eléctricas y condiciones de limpieza en la planta ubicada en Las Flores Norte 1718.
El Municipio también sostuvo que presta otros servicios que inciden directa o indirectamente en las condiciones de seguridad e higiene de la empresa y de la comunidad. Entre ellos mencionó tareas vinculadas con la protección del medioambiente, la seguridad vial en las inmediaciones del establecimiento y la atención médica de emergencia.
Una discusión que también llegó a los tribunales de Olavarría
El cuestionamiento de Azul Natural Beef se suma a otros conflictos judiciales entre empresas industriales y municipios de la región por el cobro de tributos.
En Olavarría, Canteras Cerro Negro S.A. cuestionó judicialmente la Tasa de Alumbrado, mientras que Molino Olavarría también planteó objeciones vinculadas con la liquidación de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
Aunque se trata de tributos y planteos diferentes, los casos tienen un punto en común: empresas industriales que recurren a la Justicia para discutir la forma en que los municipios determinan y cobran tasas vinculadas con sus actividades.
La Justicia rechazó una cautelar, pero la discusión sigue abierta
En una resolución firmada el 30 de octubre, el juez Pablo Gabriel Quaranta, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Azul, rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa.
Azul Natural Beef pretendía que el Municipio se abstuviera de iniciar juicios de apremio, reclamar o ejecutar deudas, trabar embargos, efectuar compensaciones o disponer clausuras por falta de pago de la tasa mientras se tramitara el juicio.
Para rechazar el pedido, el magistrado consideró que no se había acreditado un peligro inminente. Entre otros elementos, tuvo en cuenta que la Municipalidad presentó un certificado de libre deuda del 6 de octubre de 2026 y que no constaban intimaciones, embargos ni procedimientos judiciales de cobro compulsivo contra la firma.
Sin embargo, la decisión no implica que la Justicia haya declarado válida la tasa ni que haya desestimado el cuestionamiento de la empresa. El propio juez aclaró que la constitucionalidad del tributo, la efectiva prestación de los servicios municipales y la razonabilidad de los importes deberán analizarse al resolver la demanda principal.
Por lo tanto, la controversia entre Azul Natural Beef y la Municipalidad de Azul continúa abierta.