Investigación por venta de cocaína en la Unidad Penal 2 de Sierra Chica: cuatro nuevas detenciones y 19 hechos bajo la lupa

La investigación por tráfico y comercialización de cocaína dentro de cárceles bonaerenses sumó nuevos avances y ya alcanza a diez personas, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. La causa, tramitada ante la Justicia Federal de Azul, tiene entre sus principales escenarios a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica y a la Unidad N° 32 de Florencio Varela.

La fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, María José Buglione, y la fiscal general subrogante del Área de Litigio de la Región bonaerense de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Patricia Cisnero, solicitaron al juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, cuatro nuevas declaraciones indagatorias y la ampliación de la imputación de otras seis personas que ya habían sido procesadas.

Las nuevas medidas alcanzan a cuatro personas, tres de ellas actualmente detenidas en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, mientras que otras seis ya procesadas deberán ampliar sus declaraciones en función de los nuevos elementos incorporados a la causa.

Según la investigación, la organización habría funcionado al menos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con integrantes que operaban tanto fuera como dentro de los establecimientos penitenciarios. La hipótesis fiscal sostiene que quienes se encontraban en libertad habrían sido los encargados de abastecer de droga a los penales, mientras que personas privadas de su libertad se ocuparían posteriormente de distribuirla y comercializarla entre otros internos.

A las diez personas investigadas se les atribuye, con el grado de probabilidad correspondiente a esta etapa procesal, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en los términos de la Ley 23.737.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en mayo de 2024, como desprendimiento de un expediente que ya se encontraba en trámite. El análisis de un teléfono celular secuestrado permitió detectar una conversación registrada el 15 de marzo de 2024, en la que un detenido desde el interior de la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica negociaba la compra de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, en aquella primera operación se concretó la compra de droga por 14.000 pesos. El dinero fue transferido a una cuenta de Mercado Pago perteneciente a una persona que se encontraba detenida en Sierra Chica.

Los informes realizados sobre las líneas telefónicas permitieron además vincular el número utilizado durante las comunicaciones con esa persona y ubicarla en la Unidad Penal N° 2 al momento de la transacción.

A partir de esa primera línea investigativa, la fiscalía comenzó a reconstruir una estructura que, según la acusación, tenía ramificaciones dentro y fuera de las cárceles.

Para ello se analizaron comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios, información aportada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, testimonios y elementos obtenidos durante allanamientos y requisas.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul.

Casi un kilo de cocaína y más de medio kilo de marihuana

En septiembre de 2025 se realizaron distintos allanamientos en domicilios y celdas vinculados con la investigación. Como resultado de esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, anotaciones y estupefacientes.

Entre los elementos incautados hubo casi 900 gramos de cocaína y más de medio kilo de marihuana, parte de la cual se encontraba fraccionada y acondicionada para su comercialización.

Luego de esos procedimientos, el juez federal de Azul procesó a las primeras seis personas investigadas. El avance posterior de la pesquisa permitió incorporar nuevos hechos y elementos que, según la fiscalía, justifican ahora ampliar las imputaciones y avanzar sobre otras cuatro personas.

Diecinueve hechos investigados

Uno de los aspectos centrales del nuevo avance de la causa es que los investigadores lograron reconstruir 19 hechos concretos vinculados con la venta, ingreso o gestión de estupefacientes.

En varios de esos episodios pudieron establecerse fechas, personas involucradas y montos de dinero utilizados en las operaciones.

La pesquisa también permitió identificar nuevos eslabones que, según la hipótesis fiscal, se dedicaban a vender droga dentro de las unidades penitenciarias.

De acuerdo con el expediente, estos internos habrían recibido los estupefacientes de integrantes de la organización que se encontraban fuera de las cárceles y posteriormente los revendían a otros presos de las unidades de Sierra Chica y Florencio Varela.

Los investigadores también detectaron comunicaciones en las que se habría coordinado el ingreso de droga mediante visitas a personas privadas de su libertad y su posterior distribución dentro de los pabellones.

Según consta en el expediente, una de las personas investigadas habría incluso exigido el ingreso de estupefacientes a través de visitas como condición para poder integrar determinado pabellón.

Movimientos por cientos de millones de pesos

Otro de los elementos que tomó especial relevancia en la investigación fue el análisis de los movimientos financieros realizado por la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) de la Procuración General de la Nación.

La fiscalía incorporó tres informes elaborados por ese organismo, que permitieron detectar transferencias de dinero entre personas privadas de su libertad y otras que se encontraban fuera de los establecimientos penitenciarios.

Uno de los casos analizados resulta particularmente significativo: una de las personas señaladas como uno de los principales eslabones de la organización registró, entre abril de 2024 y abril de 2025, ingresos por más de 235 millones de pesos y transferencias salientes superiores a los 152 millones de pesos.

Todo ello ocurrió mientras permanecía detenido y, según surge de la investigación, sin registrar actividad como contribuyente.

La fiscalía sostiene que el movimiento de fondos permitió reforzar la hipótesis de que los internos recibían dinero proveniente de otras personas privadas de su libertad como consecuencia de la venta de estupefacientes dentro de los penales.

Al mismo tiempo, las transferencias entre quienes estaban detenidos y personas que permanecían fuera de las unidades serían compatibles, según los investigadores, con el supuesto abastecimiento de droga para su posterior comercialización.

La pesquisa también detectó el uso de cuentas bancarias pertenecientes a terceras personas, una modalidad que, para los investigadores, habría permitido distribuir los fondos y dificultar la identificación de su origen.

En las comunicaciones incorporadas al expediente aparecen además expresiones como “la fruta” y “remís”, que, de acuerdo con la interpretación de los investigadores, podrían haber sido utilizadas como referencias a la droga y a su traslado.

La Justicia busca avanzar sobre los nuevos involucrados

Con los nuevos elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal consideró que logró ampliar la hipótesis inicial y reconstruir con mayor precisión el funcionamiento de la organización.

En su presentación, las fiscales señalaron que el análisis conjunto de información patrimonial, registros telefónicos y testimonios permitió vincular a los distintos integrantes investigados y establecer, según la hipótesis acusatoria, un esquema en el que quienes estaban fuera de las cárceles abastecían a los internos y estos se encargaban de la comercialización dentro de los establecimientos.

Por ese motivo, solicitaron al juez federal Gabriel Di Giulio que convoque a cuatro nuevas personas a prestar declaración indagatoria y que cite a otras seis para ampliar sus declaraciones, de manera que puedan ejercer su derecho de defensa frente a los nuevos hechos incorporados a la investigación.

La causa continúa en etapa de investigación y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal deberán ser sometidas al correspondiente control judicial.