Negaron beneficios carcelarios a la ex penitenciaria condenada por el crimen del ferroviario olavarriense Alberto Castro


La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Claudia Noemí Baldini Alegre, la ex penitenciaria condenada a prisión perpetua por el homicidio del ferroviario olavarriense Alberto Enrique Castro. La mujer había solicitado su incorporación al régimen abierto, pero la jueza de Ejecución Penal había rechazado el pedido al considerar que todavía no reunía las condiciones para avanzar en la progresividad de su condena.

La resolución fue dictada por unanimidad y lleva las firmas de los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Carlos Paulino Pagliere y Damián Pedro Cini. La Cámara no revisó el fondo del pedido ni las condiciones penitenciarias de Baldini, sino que consideró que la decisión de la jueza de Ejecución no era susceptible de apelación, al no advertir circunstancias de arbitrariedad o absurdo que justificaran una excepción.

El pedido original había sido rechazado el 16 de septiembre de 2026 por la doctora Adriana Raquel Bianco, titular del Juzgado de Ejecución Penal Departamental N.º 2 de Azul. Contra esa resolución, la defensa oficial presentó un recurso de apelación que llegó a consideración de la Cámara.

Once sanciones disciplinarias y una evolución considerada insuficiente

Para denegar el acceso al régimen abierto, la jueza Bianco tuvo en cuenta distintos aspectos de la situación penitenciaria de Baldini. Según surge del fallo, la condenada se encuentra alojada bajo el régimen semiabierto, modalidad limitada, no trabaja ni estudia y registra 11 sanciones disciplinarias durante su permanencia en prisión.

La magistrada reconoció que en el último tiempo había conseguido modificar positivamente su comportamiento. Sin embargo, consideró que esa evolución todavía era incipiente y que, durante el extenso cumplimiento de su pena, había hecho un escaso aprovechamiento de las propuestas de tratamiento penitenciario.

También contempló las conclusiones de un informe psicológico elaborado en el ámbito de encierro y la gravedad y naturaleza de los delitos por los que fue condenada: homicidio calificado por alevosía y tenencia ilegal de arma de guerra, además de su condición de reincidente.

En ese contexto, Bianco entendió que no existían circunstancias excepcionales que justificaran su incorporación directa al régimen abierto sin transitar previamente por las etapas intermedias. Consideró necesario evaluar si podía sostener una conducta adecuada mediante una reducción paulatina de las medidas de seguridad.

Qué argumentó la defensa y por qué la Cámara rechazó la apelación

Al cuestionar la decisión, la defensa sostuvo que el régimen abierto no tiene carácter liberatorio y que su incorporación podía mejorar las condiciones para cumplir el resto de la condena.

En ese sentido, argumentó que un régimen de mayor flexibilidad le permitiría acceder a mejores oportunidades laborales, educativas y a las distintas propuestas de tratamiento penitenciario que se le reclamaban para avanzar en la progresividad de la pena.

También señaló que la propia jueza había reconocido una mejora en su comportamiento y consideró contradictorio que ese avance no fuera suficiente para autorizar el cambio de régimen.

Sin embargo, el juez Gustavo Agustín Echevarría, autor del primer voto, sostuvo que las resoluciones que deniegan la incorporación al régimen abierto no son apelables, salvo que exista absurdo o arbitrariedad en sus fundamentos.

Para explicar ese criterio, recurrió a la Ley Provincial 12.256 y señaló que la normativa no establece que el régimen abierto sea un requisito para acceder a las salidas transitorias. En ese sentido, precisó que, para obtenerlas, puede resultar suficiente que la persona condenada se encuentre incorporada al régimen semiabierto en modalidad amplia.

El magistrado también consideró que la negativa al régimen abierto no provoca un gravamen irreparable, dado que ese instituto no implica que la persona condenada salga de la esfera de custodia del establecimiento penitenciario.

Finalmente, entendió que la defensa no había demostrado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de la jueza Bianco y que sus fundamentos se ajustaban a criterios de legalidad y razonabilidad.

Los jueces Pagliere y Cini adhirieron a ese razonamiento. De esta manera, la Cámara resolvió no hacer lugar por inadmisible al recurso de apelación y dejó vigente la decisión que impide, por el momento, que Baldini acceda al régimen abierto.

Un año atrás también le habían negado la prisión domiciliaria

El nuevo pronunciamiento se conoce casi un año después de otro rechazo judicial. El 18 de noviembre de 2025, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul había rechazado por unanimidad un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Baldini.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que, pese al tiempo que llevaba detenida, todavía le restaba cumplir un prolongado período de prisión en función de la gravedad del hecho y de la pena impuesta. El tribunal sostuvo entonces que correspondía mantener la medida de coerción más gravosa.

De esta manera, en dos oportunidades y por planteos diferentes, la Justicia rechazó pedidos de la defensa para modificar las condiciones de detención de la ex penitenciaria.

La condena por el crimen de Alberto Castro

Claudia Noemí Baldini Alegre fue condenada en 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Azul a la pena de prisión perpetua, junto con Mirta Celia Gómez, por el homicidio del ferroviario olavarriense Alberto Enrique Castro.

El crimen ocurrió el 9 de febrero de 2010, en la vivienda de Pringles 2387, donde Castro vivía junto a Gómez. La Justicia determinó que Baldini llegó a esa casa y participó del homicidio, mientras que Gómez fue condenada como partícipe necesaria.

Durante la investigación resultó determinante el intercambio de 19 mensajes de texto entre ambas mujeres durante las horas previas al crimen. También se acreditó, mediante pericias, que el teléfono utilizado por Baldini estuvo en Olavarría antes y después del homicidio, contradiciendo la versión que había dado sobre su permanencia en Buenos Aires.

Baldini había cumplido anteriormente una condena por homicidio en la Unidad Penal N.º 52 de Azul y había recuperado la libertad condicional en abril de 2006. Su detención por el crimen de Castro se produjo en 2010, cuando fue localizada en La Tablada.

La condena a prisión perpetua fue dictada en 2012 y ahora, durante la etapa de ejecución de esa pena, la Justicia volvió a pronunciarse sobre las condiciones en las que continuará cumpliéndola.

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