Provincia indemnizará a la única sobreviviente de la Masacre de Monte: autorizan un acuerdo judicial por más de $343 millones
La Provincia acordó pagar más de $343 millones, más intereses, a Rocío Magalí Quagliariello y a su madre, Loana Sanguinetti. El decreto reconoce la responsabilidad estatal por el accionar policial y admite irregularidades durante la investigación del caso.
El gobernador Axel Kicillof autorizó al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires a celebrar un acuerdo judicial con Loana Sanguinetti, madre de Rocío Magalí Quagliariello, la única sobreviviente de la Masacre de San Miguel del Monte, para poner fin a la demanda indemnizatoria iniciada contra el Estado bonaerense.
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial y habilita la transacción judicial en la causa «Sanguinetti Loana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria», que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata.
El acuerdo contempla el pago de $343.600.000, más intereses, distribuidos entre ambas demandantes.
Según el decreto, Loana Sanguinetti percibirá $79.028.000, mientras que Rocío Magalí Quagliariello recibirá $264.572.000, montos calculados con valores actualizados al 13 de noviembre de 2025.
El decreto reconoce la responsabilidad de la Provincia
En los fundamentos de la medida, el Gobierno bonaerense sostiene que en el expediente «se ventila la responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires por el actuar policial» durante el hecho ocurrido el 20 de mayo de 2019, cuando una persecución terminó con la muerte de cuatro jóvenes y dejó gravemente herida a Rocío Quagliariello, quien entonces tenía apenas 13 años.
El decreto recuerda que las víctimas circulaban en un Fiat 147 por las calles de San Miguel del Monte cuando fueron perseguidas por un móvil policial «de manera injustificada, sin sospecha o causa razonable».
Además, señala que durante la persecución los efectivos efectuaron al menos nueve disparos contra el vehículo, lo que derivó en el impacto del automóvil contra un acoplado estacionado sobre la colectora de la Ruta Nacional 3.
Como consecuencia de ese hecho murieron cuatro jóvenes de entre 13 y 22 años, mientras que Rocío Quagliariello fue la única sobreviviente.
También admite irregularidades en la investigación
Otro de los aspectos destacados del decreto es que el propio Gobierno provincial reconoce que existieron graves irregularidades en las actuaciones policiales posteriores al hecho.
El texto oficial afirma que hubo anomalías durante la instrucción del sumario y en la confección del acta inicial en la Comisaría de San Miguel del Monte, circunstancias que «provocaron un grave perjuicio en la investigación, obstaculizando la misma para poder arribar a la realidad objetiva de lo sucedido, con el consiguiente retardo para la intervención judicial».
Asimismo, recuerda que el caso tuvo una enorme repercusión pública y social y menciona las condenas dictadas contra los policías involucrados.
En ese sentido, señala que Rubén García y Leonardo Ecilapé fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal recibieron penas de 15 años de prisión.
Por qué la Provincia aceptó el acuerdo
El decreto explica que la transacción resulta conveniente para el Estado porque las demandantes aceptaron reducir sus reclamos a una suma única que comprende los daños patrimoniales y extrapatrimoniales.
Además, sostiene que aceptar el acuerdo evita el riesgo de que una eventual sentencia judicial condene a la Provincia al pago de una indemnización aún mayor.
Cómo será el pago
La indemnización será abonada en tres cuotas mensuales y consecutivas. El acuerdo establece que los montos devengarán un interés del 6% anual desde el 20 de mayo de 2019 hasta la fecha de cuantificación de la indemnización y, desde entonces, se aplicará la tasa pasiva más alta hasta el pago de la primera cuota.
Las cuotas serán actualizadas mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Provincia también asumirá las costas derivadas de la regulación judicial de honorarios.
Con el decreto firmado por Axel Kicillof y los ministros Javier Alonso y Carlos Bianco, el Ejecutivo bonaerense dejó formalmente autorizado al Fiscal de Estado para concretar el acuerdo y avanzar con el cierre de una de las demandas civiles derivadas de uno de los casos de violencia institucional más conmocionantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.
