RN N° 3: Nelsón Sombra presentó un amparo en la Justicia Federal y exige «un plan de trabajo» por parte del Estado Nacional
El recurso de amparo recayó en el Juzgado Federal N° 2 con asiento en la ciudad de Azul. En la causa entenderá el doctor Martín Bava quien ya ordenó notificar al Estado Nacional de la Demanda. Los detalles.
En su calidad de intendente de Azul, Nelsón Sombra presentó un amparo contra el Estado Nacional exigiendo una pronta respuesta y un plan de trabajo alrededor de la Ruta Nacional N° 3, carretera nacional que se ha cobrado cientos de víctimas por su pésimo estado de conservación y mantenimiento.
La demanda instaurada por Nelson Sombra lleva la firma del abogado Roberto Agustín Davila.
Como es habitual en este tipo de procesos, Nelsón Sombra peticionó una medida cautelar hasta tanto se se resuelvan medidas de fondo.
Así las cosas, Sombra pretende que la Justicia ordene a los organismos del Estado Nacional a que retomen las obligaciones a su cargo e inicien un plan de trabajo que al menos procure la seguridad en la circulación.
Para el intendente de Azul existe obligación y está siendo incumplida por parte de los organismos nacionales.
Además señala el intendente de Azul que estos mismos organismos perciben los recursos necesarios para afectar a la actividad y, sin embargo, se ha hecho público que no prestaran ningún servicio sobre la ruta 3.
En el escrito de la demanda, el Intendente Sombra sostiene que «es muy clara la falta de servicio por parte del Estado y las consecuencias trágicas que está generando actualmente, a partir de que el Estado se desligó la obligación que tiene a su cargo.»
Se agrega entonces que el Estado «podría establecer un mecanismo de gestión de la Ruta diferente al actual, sin embargo, no puede abandonar sus obligaciones antes de tiempo. Hasta tanto no exista un mecanismo diferente en funcionamiento, y la ruta cuente con las condiciones mínimas, el Estado Nacional que continúa percibiendo recursos para ese fin, debe conservar la Ruta. Por todo ello se pretende que, se haga lugar a la presente acción condenado a las demandadas para que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de la infraestructura de la Ruta 3 y asimismo provea un servicio de seguridad vial que incluya la cartelería y demarcación.«
Inacción y falta de servicio
En el desarrollo de la demanda presentada, el intendente Sombra afirma que respecto a la RN N° 3 «la situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos. Tanto es así que hasta se ha proyectado en algún momento, la construcción de una autovía. Con ello el Estado Nacional ha admitido que la Ruta 3 ya no satisface las necesidades de la región en relación al gran caudal de circulación.»
«El proyecto de autovía fue abandonado y no existen expectativas de que en el corto o mediano plazo se desarrolle», se lee en el texto de la demanda y se insiste que está situación terminó en que «se abandonó por completo el mantenimiento y servicio en la Ruta omitiendo realizar toda actividad de mantenimiento, infraestructura y seguridad víal, conforme al siguiente detalle.»
Se deja en claro que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentra en proceso de licitación para la privatización del TRAMO SUR de la RED FEDERAL DE CONCESIONES que incluye a la RN3 en su recorrido por todo el partido de Azul. La etapa correspondiente es la ETAPA II. El Decreto N° 97 de fecha 14 de febrero 2025 autorizó al procedimiento para la privatización total de CORREDORES VIALES S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias.
«El proyecto de privatizar resulta claramente futuro e incierto pues dependerá de que efectivamente se concrete la licitación, la adjudicación, que se de inició a la ejecución», dice la demanda al respecto.
Se indica además «es muy probable que la licitación no se concrete ya que la inversión inicial que debería asumir el eventual concesionario es muy significativa por lo que la concesión a priori es antieconómica. También es claro que, de concretarse las obras que realizará el eventual adjudicatario, tomarán largo tiempo. El problema que se presenta es qué mientras todo ello ocurre, no existe un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonables que permitan una adecuada circulación. «
Se recuerda que la Dirección Nacional de Vialidad mediante Resolución 827/2025, del 16 de mayo de 2025, convocó a Audiencias Públicas para informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto “Red Federal de Concesiones- Etapa II”, para los denominados “Tramo Acceso sur”, “Tramo Sur” y “Tramo Atlántico”.
Los riesgos
En la demanda se detallan algunos de riesgos que provoca la circulación por dicha Ruta Nacional en el estado en que se encuentra.
Dice Sombra, «en primer lugar se encuentra en riesgo permanente la vida y la salud de todos quienes transitan por la ruta. Más allá del riego normal de la circulación la falta de medidas de seguridad, la falta de demarcación, de banquinas en buenas condiciones, agravan los peligros.»
Allí se menciona la estoica labor que vienen realizando los vecinos autoconvocados que desde hace años reclaman por una autovía.
Más allá, dice Sombra que el Estado Municipal de Azul ve afectada la administración de sus recursos y la prestación de los servicios que le corresponden. El primer servicio que se ve afectado tiene que ver también con la vida y la salud, pues por esta Ruta transitan las ambulancias que se dirigen a zonas rurales y también que trasladan pacientes desde Cachari a Azul, de Azul a Cacharí, y también de Azul a otros centros de atención.
El transito comercial e industrial comienza a desviarse por otras rutas provocando en algunos casos mayores costos de transporte y, en otro, que la ciudad de Azul se vea privada de recibir el intercambio económico que se genera a partir del tránsito por la ruta 3.
A partir de ello el Municipio ve afectadas sus políticas de desarrollo económico que encuentran un obstáculo más para ser implementadas. El Municipio también sufre consecuencias sobre el servicio de autotransporte público de pasajeros que recientemente ha incorporado un servicio a la localidad de Cacharí, buscando la integración del partido.
«Evidentemente este servicio no puede ser brindado en las condiciones de seguridad adecuadas en un camino que presenta los defectos señalados», dice Sombra y agrega que los vecinos Azuleños que residen en la localidad de Cacharí se ven afectados al tener que transitar frecuentemente la ruta en esas condiciones arriesgando su integridad más de lo necesario.
«Más grave aún resulta la cantidad de vidas que se han perdido y las lesiones que se produjeron como consecuencia de siniestros viales en lo que el estado del pavimento, la falta de señalización y demarcación del camino, han sido determinantes. A partir de los siniestros viales obviamente se comprometen los Recursos Municipales que debe atender a las víctimas. Ello se traduce particularmente en la atención médica en el Hospital Municipal y en la necesidad de mantener un servicio de emergencia reforzado para atender el traslado de pacientes y su posterior atención», agrega Sombra en la demanda.
