Socios de Coopelectric iniciaron acciones ante la falta de información oficial sobre la situación de la cooperativa
Un grupo de socios de Coopelectric, vecinos de Olavarría, inició una serie de acciones formales ante la preocupación generada por la situación económica de la cooperativa y el silencio del Consejo de Administración frente a lo que definen como un cuadro financiero crítico, que incluso pone en duda la continuidad de los servicios concesionados.
Según expresaron los firmantes, la ausencia de respuestas oficiales por parte de la conducción de la cooperativa implica una aceptación de la gravedad de la situación difundida públicamente. En ese marco, señalaron que desde hace años mantienen una participación activa en el seguimiento, evaluación y control del accionar de los directivos de Coopelectric y de sus alianzas circunstanciales, ante la falta de control efectivo por parte de los organismos competentes y del poder concedente, que participa con un delegado.
Indicaron además que han difundido estudios académicos y análisis del contexto general, al advertir que las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional generan un impacto directo en el funcionamiento local de la cooperativa, información que consideran clave para la toma de decisiones.
Uno de los reclamos centrales apunta a que el Consejo de Administración “dé la cara” y explique, mediante un informe oficial, transparente, completo y veraz, cuál es la situación real de Coopelectric. Advirtieron que hasta el momento se ha mantenido un silencio que representa, a su entender, una aceptación de lo publicado. También cuestionaron la negativa a brindar información fehaciente al Concejo Deliberante, en particular respecto del vencimiento de la concesión del servicio eléctrico, pese a la notificación realizada por el Departamento Ejecutivo municipal.
En ese sentido, señalaron que el secretismo se profundiza al no hacerse públicos los términos del acuerdo con CAMMESA, que consideran determinantes para la continuidad de la cooperativa, especialmente frente a los montos de deuda que se difundieron. Según indicaron, el acuerdo habría regularizado la deuda hasta noviembre de 2024, dejando sin precisiones la situación posterior.
Asimismo, cuestionaron la falta de explicaciones ante la difusión de una carta documento de CAMMESA en la que se advertiría que Coopelectric no estaría pagando la deuda corriente, una de las obligaciones establecidas en el marco del acuerdo suscripto. En ese punto, recordaron que la normativa vigente no permite adhesiones parciales ni condicionadas a hechos futuros.
Ante este escenario, los socios informaron que llevaron adelante una serie de acciones concretas. Entre ellas, solicitaron a Coopelectric la elaboración de un informe completo y desagregado sobre la deuda total de la cooperativa en todas sus unidades de negocio.
También reclamaron un informe detallado sobre todos los acuerdos de pago suscriptos con organismos públicos y privados, vinculados a la totalidad de los servicios que presta la cooperativa. Además, pidieron que se ratifique o rectifique la información difundida sobre un presunto déficit mensual de 600 millones de pesos, al considerar que ese nivel de desequilibrio haría imposible cumplir con las obligaciones corrientes y futuras.
Otro de los pedidos apunta a que se haga pública la documentación que acredite el año de finalización de la concesión del servicio de distribución de energía eléctrica, información que, según indicaron, fue solicitada tanto por el Concejo Deliberante como por el poder concedente municipal sin obtener respuesta.
Los firmantes aclararon que estas acciones se realizan en su carácter de usuarios y socios de la cooperativa, con el objetivo de acceder a información clara, veraz y fehaciente que les permita tomar decisiones individuales y colectivas frente a una situación que califican como de crisis y emergencia, con impacto directo en la vida cotidiana y en la actividad económica de Olavarría.
En paralelo, informaron que presentaron notas de igual tenor ante CAMMESA, el INAES y el OCEBA, a fin de solicitar información y activar los mecanismos de control correspondientes.
El documento lleva las firmas de Luis Cavalli, José Quintero, Walter Dileo, Jorge Castrovinci, Alberto Manquepan, Juan Carlos Pey, Juan Esteban Ramírez, Eduardo Díaz, Graciela Olivera, Rubén Aquila y César Guazura.
