Un especialista olavarriense impulsó un proyecto para restringir el acceso a internet en las cárceles
El informe técnico-jurídico elaborado por Lucas Moyano sirvió de base para una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante de Junín, que propone reemplazar los celulares con acceso a internet por sistemas de comunicación supervisados. El proyecto fue aprobado por unanimidad y será enviado a todos los municipios de la provincia.
El especialista olavarriense en cibercrimen, evidencia digital y docente universitario Lucas Moyano elaboró un informe técnico-jurídico que sirvió de fundamento para un proyecto que busca restringir el uso de teléfonos celulares con acceso a internet en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa fue impulsada por el concejal de Junín Leo Julia, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de esa ciudad y será remitida a los cuerpos deliberativos de todos los municipios bonaerenses para promover un debate sobre el actual sistema de comunicación de las personas privadas de la libertad.
En su informe, Moyano recordó que la autorización para utilizar teléfonos celulares dentro de las cárceles fue una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones sanitarias impedían las visitas presenciales. Según explicó, esa habilitación surgió de un hábeas corpus colectivo resuelto por el Tribunal de Casación Penal de la provincia y el protocolo establecía que tendría vigencia únicamente mientras duraran las restricciones.
El especialista sostiene que, una vez finalizada la emergencia sanitaria y restablecido el régimen normal de visitas, el uso de celulares con acceso a internet perdió el fundamento que justificó su implementación y, en la práctica, facilita la comisión de distintos delitos desde el interior de las unidades penitenciarias.
Entre los principales argumentos, señala que el Servicio Penitenciario Bonaerense no dispone de herramientas técnicas ni de facultades suficientes para controlar de manera efectiva el uso de estos dispositivos sin afectar derechos constitucionales vinculados a la privacidad. Además, advierte que en diversas investigaciones judiciales se detectaron teléfonos con tarjetas SIM diferentes de las registradas oficialmente, lo que dificulta la identificación de los responsables y el avance de las pesquisas.
Desde el punto de vista jurídico, el informe cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener que los derechos individuales no son absolutos y deben armonizarse con el derecho de la sociedad a la seguridad.
Como alternativa, Moyano propone reemplazar los teléfonos celulares por Centros de Comunicación supervisados, con telefonía fija o terminales cerradas que permitan mantener el vínculo entre los internos y sus familias sin acceso libre a internet. También plantea la instalación de inhibidores de señal en los perímetros de las unidades penitenciarias para impedir el uso de redes móviles y datos.
El informe fue entregado al concejal Leo Julia, quien presentó un proyecto de comunicación dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la revisión del protocolo vigente y avanzar hacia un sistema de comunicación supervisada en las cárceles bonaerenses.
Tras su aprobación unánime en Junín, la iniciativa será enviada a los concejos deliberantes de toda la provincia, donde buscará sumar respaldo para impulsar modificaciones en el régimen de comunicaciones dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
