Procesaron a tres agentes penitenciarios por cobrarles a los detenidos un “mejor alojamiento” en el penal de Ezeiza

El Juzgado Federal en Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2, a cargo de Federico Hernan Villena, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de tres agentes penitenciarios del Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza acusados de tentativa de extorsión a un grupo de hombres privados de su libertad para mantenerlos alojados en determinado pabellón a cambio de dinero. La medida había sido solicitada por la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Leonel Gómez Barbella, quien llevó adelante la investigación con la colaboración del fiscal ad-hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Claudio Pandolfi.

El proceso judicial se inició en noviembre de 2004 a través de una denuncia en la que se daba cuenta que dos detenidos cobraban 250 pesos a cambio de otorgarles a quienes ingresaban un mejor lugar de alojamiento, tras su llegada al Pabellón “B” , hecho por el cual fueron procesados en mayo de 2009. En esa ocasión, la justicia dispuso que se profundizara la pesquisa para avanzar en la cadena de responsabilidades. Como resultado de la investigación, se llegó recientemente al procesamiento de tres uniformados: Gabriel Rolando Aquino, Roberto Isabelino Aranda y Raúl Francisco Fernández, acusados de “haber ordenado o haber tolerado” que un grupo de detenidos exigieran dinero a quienes ingresaban a ese sector del complejo, “ello con el objeto de ser asignados a una celda fija en un lugar de mejores condiciones”.

De acurdo con la investigación, las víctimas debían abonar un canon mensual en dinero o en tarjetas telefónicas para acceder a una mejor celda.  Además, los dos internos procesados individualizaban a otras personas privadas de su libertad que no quisieran abonar para luego amenazarlos e intimidarlos. De esta forma, el fallo considera acreditado que los tres agentes mencionados “resultan ser coautores materiales y penalmente responsables” por el delito de extorsión en grado de tentativa.

Por otro lado, la resolución judicial estableció que la información de la División de Inteligencia del Servicio del Servicio Penitenciario permitió constatar que los tres procesados se encontraban cumpliendo funciones cuando sucedieron los hechos. Al momento de los hechos, Aquino tenía el grado de Subalcaide, al mismo tiempo que se desempeñaba como Jefe de Modulo. Por su parte, Aranda era Ayudante de Primera, con el cargo de inspector. Mientras Fernandez era Ayudante de Tercera, con el cargo de Inspector también.

La resolución judicial también destaca que “en las presentes actuaciones coexisten autores penalmente responsables que presentan distintas calidades personales” dado que los tres uniformados procesados “ostentaban cargos como funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal, lo que les otorga una mayor significación a su conducta, diferenciándolos “de los detenidos procesados previamente».