El Colegio de Abogados denunció penalmente la captación ilegal de clientes y la filtración de datos confidenciales
La presentación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul busca que se investigue el uso de información personal y médica de trabajadores accidentados para contactarlos y ofrecerles gestionar indemnizaciones. En diálogo con En Línea Noticias, el presidente de la institución, Dr. Luciano Capelli, advirtió que no se trata de casos aislados y puso el foco en el origen de los datos.
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul presentó una denuncia penal ante la Justicia luego de que abogados laboralistas advirtieran que sus clientes recibían mensajes y llamadas de personas desconocidas que les ofrecían gestionar indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
La preocupación surgió porque quienes realizaban esos contactos conocían información personal y confidencial de los trabajadores, incluidos detalles sobre sus accidentes, enfermedades y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) intervinientes.
En diálogo con En Línea Noticias, el presidente del Colegio, Dr. Luciano Capelli, explicó que la reiteración de situaciones similares entre distintos profesionales llevó a la institución a reunir información y pruebas para impulsar la presentación judicial.
“Cuando empezamos a advertir que eran muchos los colegas laboralistas que nos planteaban este problema, vimos que no eran casos aislados, sino que era una modalidad bastante sistematizada”, sostuvo.
Capelli explicó que la denuncia penal permite avanzar sobre aspectos que exceden las facultades del Tribunal de Disciplina del Colegio, cuyo ámbito de actuación se limita a las faltas éticas de los abogados matriculados. En este caso, el objetivo es que la investigación también permita determinar cómo se obtiene y circula la información confidencial de los trabajadores.
“No es solo contra colegas, sino contra todo un sistema que está filtrando y revelando datos personales y confidenciales de la salud de los trabajadores”, remarcó.
La filtración de datos, el punto central
El titular del Colegio insistió en que la preocupación no se limita a las estrategias utilizadas para captar clientes, sino que alcanza al origen de la información que permite contactar a personas que sufrieron accidentes laborales o padecen enfermedades profesionales.
Es así que señaló que se busca, a través de la denuncia penal, “cómo se filtran esos datos, porque ahí, evidentemente, hay todo un sistema, una red de filtración de datos personales dentro del propio sistema”.
Al referirse a los posibles lugares de origen de esa información, mencionó a las ART, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), comisarías y hospitales. No obstante, aclaró que determinar de dónde salen los datos y quiénes intervienen forma parte de la investigación que deberá realizar la fiscalía.
Capelli también advirtió sobre la posible comercialización de listados de personas accidentadas. “Es grave que la información sensible y confidencial de un trabajador sobre su salud esté circulando a modo de mercantilización”, señaló.
El presidente del Colegio de Abogados aclaró que la práctica no es nueva, aunque consideró que las formas de captación se fueron modernizando. En ese sentido, describió el envío masivo de mensajes con textos prediseñados y señaló que, según las líneas telefónicas relevadas, muchos de los contactos se realizan desde números de Buenos Aires.
También se refirió a abogados que buscan captar clientes en localidades del interior donde funcionan comisiones médicas. Según su descripción, el primer contacto puede estar a cargo de personas que ni siquiera son abogados y, posteriormente, la representación puede quedar en manos de otros profesionales.
Qué busca establecer la denuncia
Capelli precisó, y dejó en claro, que la denuncia no fue presentada contra ningún abogado en particular, sino como una averiguación de presunto ilícito. La intención es que la fiscalía determine el origen de los mensajes y las llamadas, identifique a los titulares de las líneas telefónicas y establezca si existe alguna vinculación con los abogados mencionados en esos contactos.
“Todo es materia de investigación”, señaló.
El Colegio puso a disposición de la fiscalía la información reunida para que se investiguen los hechos. Si posteriormente se obtienen elementos que justifiquen sanciones disciplinarias contra profesionales matriculados, intervendrá el Tribunal de Disciplina de la institución.
Capelli explicó que la actuación se enmarca en las funciones del Colegio de controlar el ejercicio ético de la abogacía, proteger a los profesionales que trabajan correctamente y denunciar los posibles ilícitos que llegan a su conocimiento. También recordó que asumió la presidencia hace cuatro meses y que decidió impulsar la denuncia al advertir la dimensión del problema.
El consejo a los trabajadores
Finalmente, Capelli pidió a los trabajadores que desconfíen de los mensajes y llamadas de desconocidos que les ofrecen gestionar indemnizaciones por accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Advirtió que algunos contactos pueden estar redactados de manera confusa para que el destinatario crea que se comunican desde su ART o desde algún organismo vinculado con el sistema de riesgos del trabajo.
“Siempre consulten a su abogado de confianza”, recomendó.
Según explicó, contar con un profesional elegido por el propio trabajador permite recibir asesoramiento de acuerdo con sus necesidades y contar con acompañamiento durante el trámite. En cambio, cuestionó las propuestas que llegan mediante contactos anónimos y cuyo objetivo, según planteó, podría ser cerrar rápidamente un acuerdo y cobrar honorarios sin priorizar lo que más le conviene al trabajador.
