El proyecto de legalización del aborto empieza este lunes a tratarse en el Senado

Funcionarios nacionales participarán de reuniones de comisión. El oficialismo espera darle un rápido dictamen y tratarlo el 29 de diciembre.


El camino del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzará este lunes su camino en el Senado, con el objetivo de llegar a una votación el 29 de diciembre próximo.

La iniciativa, que fue aprobada este viernes en Diputados tras 20 horas de sesión, será abordada en el Senado a partir de un plenario de cuatro comisiones a las que se giró, donde se espera un rápido dictamen. 

Con este paso cumplido, la intención es llevar el tema al recinto el 29 de diciembre, en una votación por demás cerrada y muy pareja, que se resolverá a partir del voto de los pocos legisladores indecisos que quedan.

Este lunes, desde las 14, fueron citadas las comisiones para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El proyecto fue girado al Senado ayer por la mañana, pocas horas después de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución, según contempla el proyecto. (DIB)

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