Azul: absolvieron a un médico de Bolívar en un juicio por abuso y cuestionaron la actuación de la fiscalía


La investigación por un presunto abuso sexual gravemente ultrajante a una menor, que se extendió durante varios años, llegó a su instancia final con un juicio oral que concluyó con la absolución del acusado. Se trata de un médico de Bolívar que, desde el inicio del proceso, sostuvo su inocencia.

Prueba. La expareja del acusado y denunciante (izq.), la fiscal de instrucción (centro) y una ayudante de la fiscalía, en un almuerzo familiar. | cedoc

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Azul, en una causa que, además del veredicto, dejó fuertes cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal. Según reconstruyó el diario Perfil, el debate se desarrolló en apenas tres jornadas, pero alcanzó para exponer una serie de irregularidades y tensiones en torno al caso.

Uno de los puntos más sensibles surgió durante el juicio, cuando se conoció que la fiscal de instrucción mantenía un vínculo previo con la denunciante. La situación tomó mayor relevancia a partir de la circulación de una fotografía en la que ambas aparecían juntas en una reunión familiar, lo que fue señalado por testigos y generó cuestionamientos sobre su intervención en la causa. Pese a ello, la funcionaria no se excusó.

El origen del conflicto se remonta a la ruptura del vínculo entre el médico y la madre de la menor, en un contexto de disputas judiciales que se extendieron en el tiempo. Durante el debate se planteó que existieron “reiterados obstáculos” que impidieron el contacto entre el padre y su hija, en el marco de un proceso en el fuero de familia que derivó en un régimen de comunicación.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio, ese trámite se prolongó durante cuatro años y medio hasta que se dictó una resolución favorable al padre. Sin embargo, poco después se radicó la denuncia penal por abuso, lo que derivó en una medida cautelar de restricción que interrumpió el vínculo durante más de cinco años.

La defensa del imputado —integrada por Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria— cuestionó con dureza tanto la relación de la fiscal con la denunciante como la construcción de la prueba. En ese sentido, se señaló que la funcionaria “ya ha sido recusada por dicha circunstancia en más de una ocasión”.

Durante el debate también se discutió la incorporación de elementos probatorios objetados por la defensa, entre ellos un video de TikTok “cuyo origen no pudo acreditarse” y cartas “sin identificación clara de autoría ni destinatario”, que según los abogados no habían sido puestos previamente en su conocimiento.

Además, se remarcó que la fiscalía no incorporó informes psicológicos relevantes del expediente de familia. Esos estudios indicaban que la madre presentaba “rasgos de desconfianza permanente, con características paranoides”, así como conductas de terquedad y encaprichamiento. En cuanto a la menor, las pericias señalaban que manifestaba interés en vincularse con su padre y advertían que “no es saludable ubicarla como rehén de una situación conflictiva de adultos”.

Respecto del imputado, los informes concluyeron que “no existían indicadores que pusieran en riesgo la salud física o emocional de sus hijos”.

En el juicio declararon seis psicólogas, quienes coincidieron en que no había elementos suficientes para afirmar la existencia de abuso. En ese marco, también se debatió la interpretación de ciertos síntomas, que podrían presentarse en contextos de conflictos familiares complejos.

Finalmente, el jurado popular emitió un veredicto de no culpabilidad tras una hora de deliberación, lo que derivó en la absolución del médico. A partir de esta decisión, quedó en condiciones de solicitar el levantamiento de la medida cautelar que durante años le impidió mantener contacto con su hija.

El caso también dejó planteado el impacto de los tiempos judiciales en los vínculos familiares. Cuando se inició el conflicto, la niña tenía 3 años; al momento del fallo, está próxima a cumplir 17. Durante ese período, no tuvo contacto con su padre ni con sus hermanos.

Otro de los ejes que atravesó el debate fue el alcance de las medidas cautelares en este tipo de procesos. En el juicio se remarcó que, si bien son herramientas habituales, pueden generar consecuencias profundas cuando se prolongan durante años sin una resolución definitiva.

Según la defensa, la falta de excusación de la fiscal y su vínculo con la denunciante condicionaron el desarrollo de la causa y la selección de las pruebas que llegaron al juicio.

El caso remite a antecedentes resonantes en la provincia de Buenos Aires, como el del médico Pablo Ghisoni, quien fue acusado por sus hijos en medio de un conflicto familiar, permaneció detenido durante tres años y luego fue absuelto. En ese expediente, uno de los denunciantes reconoció posteriormente que la acusación había sido falsa.

Fuente: Diario Perfil

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