El Concejo Deliberante aprobó la creación de la Guardia Urbana Municipal en Olavarría
En una sesión atravesada por cruces sobre la gestión de la seguridad, el funcionamiento de la secretaría del área y duras críticas de sectores opositores por la puesta en marcha previa del cuerpo, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza que crea la Guardia Urbana Municipal. El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo, contó con el acompañamiento de bloques opositores como la UCR, La Libertad Avanza y Por Más Libertad, mientras que fue rechazado por el Pro, Juntos por Olavarría y el Partido Libertario.
El concejal Nicolás Bruno (Fuerza Patria), en representación del oficialismo, defendió la iniciativa remarca que «visto que es necesario pensar en nuevas políticas de prevención y disuasión, el municipio de Olavarría, para fortalecer y acompañar a las fuerzas provinciales y federales, crea un cuerpo para tener mayor presencia en la vía pública y mejorar las condiciones de seguridad que, como todos sabemos, es una demanda concurrente entre los vecinos». Asimismo, detalló que «la creación de la guardia urbana está pensada como un cuerpo complementario para intervenir en conflictos de bajo riesgo, situaciones de tránsito, operativos estáticos y dinámicos, asistiendo en emergencias» y remarcó que «creemos que una ciudad segura no es con más violencia, sino con más presencia estatal de agentes especializados y capacitados. Los vecinos merecen vivir con tranquilidad, confianza en sus instituciones y la certeza de que el estado municipal está presente».
Por su parte, el concejal Marcelino Quinteros, de la bancada del Pro, justificó la postura negativa de su bloque expresando que «nosotros no vamos a acompañar la creación de la guardia urbana, no porque no confiemos en la herramienta, pero no la vamos a acompañar porque creemos que la herramienta, como la plantean ustedes y en manos de ustedes, puede ser un desastre». Además, advirtió sobre presuntas irregularidades internas al sostener que «hoy hay supuestos casos de acoso en el centro de monitoreo, le recortaron las horas extras al personal y fueron a pedir agua porque no tienen dispenser. Estamos hablando de empleados municipales que quieren trabajar y no pueden». A su vez, cuestionó que «la guardia urbana salió a la calle y empezó a capacitarse antes de que salga la ordenanza, entonces todo esto al final es un acting. Los móviles ya están ploteados, el personal ya tiene la ropa nueva, las capacitaciones ya arrancaron» y señaló que «hay un artículo que habla de que si bien son empleados municipales no se pueden sindicalizar, dejando al descubierto a 10 personas que van a salir a la calle, que van a aprehender a personas porque les van a dar una tonfa y un par de esposas, y no van a poder tener sindicato».
Ante los cuestionamientos sobre el armamento de baja letalidad, el concejal Nicolas Bruno volvió a tomar la palabra para aclarar que «la discusión que se dio más que nada era por las armas de descarga eléctrica y eso lo tomamos en consideración y lo pusimos para que no se utilicen. No nos estructuramos nada más que a la Tonfa PR 24 porque iba a ser muy estricto y después, si teníamos la posibilidad o provincia enviaba algún material distinto, no lo íbamos a poder utilizar».
Desde la oposición que apoyó la iniciativa, el concejal Marcelo Petehs (por mas Libertad) acompañó el proyecto pero expresó duras críticas hacia la actuación del funcionario de Seguridad: «El día que nos visitó el secretario de Seguridad los móviles ya estaban en la calle, ya estaba funcionando, y la verdad que lo tomé como una burla hacia todo este cuerpo deliberativo. Fuimos tratados de muy mala manera, a cada pregunta contestaba de mal modo cuando el funcionario no deja de ser un empleado público y nosotros lo estamos citando para pedirle explicaciones». En la misma línea, el concejal Francisco González (UCR) manifestó su preocupación por «la falta de respeto a la institución democrática, a la división de poderes. Es un error que no se puede cometer, no podemos salir antes de que este proyecto, apenas se había tratado en la comisión de seguridad, ya estar en la calle con los móviles ploteados», aunque aclaró que «voy a estar acompañando el proyecto porque creo que es una iniciativa que esperemos que aporte alguna solución».
En tanto, la concejala Adela Casamayor, del Partido Libertario, fundamentó su rechazo al sostener que «no me parece que sea necesaria en este momento una guardia urbana. A pesar de que dicen que no tiene erogación, tiene mucha erogación», agregando además que «el personal de la guardia urbana no tiene capacidad de policía, no puede actuar como policía si no está acompañado por un policía. ¿Cuál es el sentido? Los policías que lo van a acompañar son policías que están con horas extras y eso también es una erogación».
Por su parte, el concejal Guillermo Lascano (LLA) justificó el voto favorable de su espacio argumentando que «el objetivo no es estorbar en un tema delicado y que le preocupe a los vecinos. Si el Ejecutivo cree que es la herramienta para brindar una solución, le vamos a dar la posibilidad de que lo pueda instrumentar, aunque espero que no sea un instrumento para aumentar el gasto corriente, desfinanciar el estado y que esto se transforme en una bola insostenible».
El cierre del debate estuvo a cargo del concejal Gastón Sarachu, presidente de la comisión de Seguridad, quien valoró la concreción de la medida afirmando que «la creación de este cuerpo seguramente no sea la solución a todos los problemas de seguridad que tenga hoy el partido de Olavarría, pero me parece que contribuye a generar una herramienta muy positiva que la vamos a dejar para esta y para las futuras gestiones». Asimismo, cruzó los cuestionamientos de la oposición al indicar que «no estoy de acuerdo con algunas expresiones como ‘maltrato’. En la vehemencia de la discusión y de algunas cuestiones a veces los debates pueden malinterpretarse, por eso queríamos valorar la tarea que hace el secretario de Seguridad». Finalmente, la ordenanza fue aprobada tras la votación de los ediles, quedando formalmente registrada bajo la normativa municipal.
