Justicia Federal ordenó allanamientos en Olavarría por presunto contrabando de tecnología
El Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Hernán Di Giulio, dispuso este martes una serie de allanamientos, registros y secuestros en inmuebles ubicados sobre la calle Vicente López al 2900, entre ellos un local comercial como así también en un comercio de la calle Necochea al 2900 y en un domicilio particular sobre la calle Aguilar al 1200, en la ciudad de Olavarría. Las medidas se dictaron por presunta infracción a la Ley de Aduanas (Ley 22.415), normativa que sanciona el ingreso, la tenencia y la comercialización de mercadería de origen extranjero que carece del correspondiente despacho de aduana o aval legal de importación.
Los operativos, que se extendieron durante varias horas de la jornada del martes, fueron ejecutados por la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la participación de agentes pertenecientes a las delegaciones de CABA, Bahía Blanca, Mar del Plata y Necochea. Todas las actuaciones se llevaron a cabo bajo las directivas y coordinación de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, a cargo de la fiscal federal subrogante María José Buglione.
Durante los procedimientos se procedió al secuestro de una cantidad de mercadería electrónica —incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, consolas de videojuegos y computadoras— por un valor estimado de manera preliminar en 150 millones de pesos. A su vez, se dispuso la faja de seguridad y la designación de un depositario judicial para otros elementos hallados en el lugar, entre ellos indumentaria y bicicletas importadas, cuyo valor estimado rondaría los 100 millones de pesos.
La investigación apunta a determinar el origen de la mercadería comercializada, la cual, si bien contaba en algunos casos con facturación comercial de origen, carecía del certificado o despacho de aduana que acreditase su ingreso e importación al territorio nacional.
Asimismo, las autoridades dispusieron el secuestro de soportes de almacenamiento digital, dispositivos informáticos y documentación comercial —facturas, remitos y registros de proveedores y clientes— para el correspondiente peritaje e informe forense.
