Rendición de cuentas: lo que se dijo en una sesión de mas de 4 horas
El debate por la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 en el Honorable Concejo Deliberante dejó expuestas las profundas diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición respecto al rumbo económico y social del Municipio de Olavarría. A lo largo de la sesión especial, los concejales de las distintas bancadas fundamentaron sus posturas entrelazando balances técnicos, reproches políticos y lecturas contrapuestas sobre el impacto de la crisis nacional en las arcas locales.
La concejal oficialista Thelma Cazot fue la encargada de abrir el debate y poner en contexto la postura del departamento ejecutivo, afirmando que Olavarría sufrió el impacto directo de la parálisis de la obra pública y la recesión nacional, lo que provocó una pérdida de más de 2.500 empleos locales desde 2024. Cazot detalló que la caída de la actividad minera generó una pérdida real de 5.445 millones de pesos en el Derecho de Exploatación de Canteras respecto a 2023. Frente al desequilibrio financiero resultante, la edil defendió las prioridades de la gestión de Maximiliano Wesner argumentando que se vio obligada a «administrar la escasez» y que jamás priorizarían un superávit ficticio a costa de recortar servicios esenciales en salud, apoyo social, educación o seguridad.
Desde la oposición, el concejal del bloque UCR Francisco González rechazó el argumento de responsabilizar únicamente al contexto nacional y criticó la falta de autocrítica del oficialismo. González aseguró que, al sumar el déficit financiero, las deudas acumuladas y las subejecuciones de fondos clave, el «déficit real» de Olavarría se ubica cerca de los 18.000 millones de pesos. En esa línea, denunció que quedaron sin ejecutar 1.400 millones del fondo vial rural y cerca de 1.000 millones del fondo educativo, al tiempo que recordó discursos históricos de actuales funcionarios municipales para acusar a la gestión actual de estar «rifando la joya de la abuela» al usar el Impuesto a la Piedra para tapar el déficit operativo corriente.
El concejal Nicolás Zampini, desde la bancada de LLA, enfocó sus críticas en la falta de capacidad de gestión y en el incumplimiento de las promesas de campaña de Fuerza Patria, como la construcción de viviendas o la mejora salarial de los trabajadores municipales, quienes recibieron apenas un 1% de aumento. Zampini contrapuso el millonario déficit con la realidad de otros municipios que logran destinar hasta un 40% de sus recursos a obras de infraestructura, mientras que en Olavarría esa cifra apenas ronda el 1,4%. Con dureza, concluyó que la gestión actual se caracteriza por tener «mucho relato, mucho discurso, mucha estructura política y cada vez menos ciudad».
Por el bloque de la Libertad Avanza, la concejal Luciana Islas apuntó directamente contra el manejo del Fondo de Financiamiento Educativo, acusando al intendente de utilizarlo como «caja chica de la política» tras afirmar que solo el 22% de los más de 4.000 millones recibidos fue destinado a infraestructura escolar. Islas calificó como una «avivada contable» el uso de 232 millones de este fondo para edificar el centro recreativo en el ex Matadero municipal y cuestionó el fuerte incremento en los gastos de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Sentenció que la prioridad del oficialismo es sostener cajas políticas y talleres ideológicos en lugar de reparar techos y calderas rotas en los colegios que hoy sufren peligro de derrumbe o hacinamiento.
La concejal del vecinalismo del PRO (Juntos por Olavarría) Guillermina Amespil sumó cuestionamientos institucionales al denunciar la falta de transparencia, las demoras deliberadas en la publicación del Boletín Oficial y las severas restricciones para acceder al sistema contable Rafam. Amespil alertó sobre maniobras masivas de última hora, señalando que solo en cuatro decretos de modificaciones presupuestarias firmados el 30 de diciembre se concentraron más de 200 hojas que la ciudadanía no pudo auditar a tiempo. La edil exigió responsabilidad al ejecutivo y aseguró que la gestión exhibe un déficit estructural en todas las áreas sensibles, permaneciendo estancada únicamente en la queja y en culpar al resto.
El concejal Hilario Galli aportó datos técnicos del balance patrimonial para denunciar graves inconsistencias contables y confirmar que la comuna utilizó de forma transitoria más de 2.039 millones de pesos de fondos afectados a caminos rurales para financiar gastos corrientes de libre disponibilidad. Galli demostró mediante el análisis de los Estados de Recursos deflactados por inflación que, de 2024 a 2025, los ingresos reales del municipio aumentaron un 6,8% y que la caída real respecto a 2023 fue de apenas el 1,9%. Con estos números, el edil del Pro invalidó la justificación de la crisis de recursos y afirmó que el problema central radica en que la actual administración no sabe cómo gestionar los fondos disponibles.
En respuesta a la oposición, el concejal oficialista Federico Aguilera tomó la palabra en dos oportunidades para enmarcar la situación de Olavarría dentro de una crisis financiera generalizada que afecta a toda la provincia. Aguilera reveló que 68 intendentes bonaerenses —incluyendo mandatarios de Juntos por el Cambio, el Pro y la UCR de ciudades vecinas— firmaron un petitorio conjunto para usar fondos de obras en gastos corrientes debido al ahogo financiero de la Nación. Asimismo, cruzó a los bloques opositores por las denuncias de amiguismo en obras escolares, tildando sus discursos de «acting de artista de show» y desafiándolos a presentarse en la Justicia para radicar las denuncias penales correspondientes si tienen fundamentos reales.
La concejal de Fuerza Patria Natalia Álvarez devolvió el foco del debate al área de salud pública, destacando que el municipio destinó 48.570 millones de pesos —casi el 40% de su presupuesto— para sostener un sistema sanitario récord que contuvo más de 1.404.000 consultas, 6.000 cirugías y 9.412 internaciones. Álvarez argumentó que Olavarría debió absorber los brutales incrementos de los costos de los medicamentos (que subieron un 37%) ante la total ausencia del Ministerio de Salud de la Nación. En esa línea, ponderó las inversiones en infraestructura como el nuevo quirófano del Hospital Héctor Cura, la reactivación de la producción de medicamentos y la compra de aparatología de alta complejidad para resguardar la salud como un derecho de los vecinos.
Por último, el concejal de la Libertad Avanza Guillermo Lascano y el concejal del mismo bloque Nicolás Zampini cerraron el bloque crítico advirtiendo sobre el daño estructural irreversible que la actual administración le está provocando a la sustentabilidad patrimonial del partido de Olavarría. Lascano denunció la fragilidad de un sistema donde el 99,5% de los gastos devengados se destinaron a recursos corrientes en lugar de generar valor directo para los vecinos, y expuso el pago de sumas millonarias a consultoras políticas privadas dedicadas a realizar encuestas cualitativas para el oficialismo. Por su parte, Zampini manifestó su profunda preocupación por la herencia económica caótica y el desmesurado incremento de la deuda flotante con la que el intendente Wesner terminará entregando el gobierno municipal en los próximos años.
