Comienza el juicio por la desaparición, tortura y muerte del abogado Carlos Alberto Moreno

A 35 años, los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela del Tribunal Federal de Mar del Plata, escucharán los testimonios que revelarán dos cuestiones fundamentales: por un lado, el funcionamiento en Olavarría y la región del aparato del terrorismo de Estado que se aplicó en el país durante la dictadura militar; y por otro, los mecanismos empresariales –que se servían de la dictadura- para acallar los reclamos laborales por la situación sanitaria que ocasionaba muertes prematuras.

De esta manera, el primer juicio por delitos de lesa humanidad del año pondrá en evidencia la complicidad entre civiles y militares en el terrorismo de Estado.

Los acusados son el ex teniente coronel Julio Alberto Tomassi (responsable del área militar 121), el ex Mayor Roque Ítalo Pappalardo, el ex suboficial José Luis Ojeda, como coautores de los delitos. Los tres tienen prisión preventiva: Ojeda en una Unidad Penal y los otros dos con el beneficio del arresto domiciliario. Los civiles imputados son Julio y Emilio Méndez, quienes están en libertad y serán juzgados como partícipes secundarios, porque eran los propietarios de la “Chacra de Méndez”, donde Moreno permaneció en cautiverio y fue torturado.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en la causa.

Moreno era militante de la Juventud Peronista de Olavarría y abogado laboralista de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (Aoma). Fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría y llevado a Tandil, donde estuvo en cautiverio en la “Chacra de Méndez”. El 3 de mayo logró escapar, pero fue recapturado y asesinado. Durante la instrucción de la causa se realizó la exhumación del cuerpo, que había sido entregado a su familia e inhumado en La Plata. La autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y había signos de tortura.

Más allá de que no forma parte de la acusación, la familia Moreno y la agrupación “Hijos” –de la que Matías Moreno forma parte-, consideran que “la participación civil en este caso no se limita a los Méndez: se debe investigar el accionar de la empresa Loma Negra, por entonces propiedad de Amalia Fortabat”.