Se presentó la oficina local del Comité Contra la Tortura

Con la presencia de autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria y de su Comité Contra la Tortura se presentó la oficina local del comité y se dio a conocer el Informe Anual de 2010 sobre casos de torturas, maltratos y muertes en el sistema carcelario bonaerense.

El acto se dio en la sede del Archivo de la Memoria donde estuvieron Alejandro Mosquera, secretario adjunto de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García, director del Comité Ejecutivo Contra la Tortura y el defensor oficial de nuestra Ciudad, Martín Marselli.

Todos fueron presentados por el titular de la Comisión por la Memoria local, Carmelo Vinci, quien destacó que “es un orgullo porque desde los organismos de Derechos Humanos venimos trabajando desde hace mucho tiempo con los abusos policiales y de fuerzas de seguridad en lugares de detención. Pero siempre lo hacemos a los ponchazos, no teniendo los elementos necesarios. Generalmente nos asesoraba algún abogado que tuviera ganas para hacer las presentaciones necesarias para hacer visibles los abusos policiales o de las unidades penitenciarias”.

La sede local del Comité Contra la Tortura funcionará desde la semana próxima en 25 de Mayo 2397, los lunes y jueves por la tarde. Estarán a su cargo los abogados Mariano López y María Pia Piermattei, quienes estuvieron presentes en el encuentro. Los interesados podrán llamar al 15534876.

La dependencia en Olavarría es una de las primeras que dispone el Comité Contra la Tortura en el ámbito bonaerense: “Dentro de todo no debería ser un orgullo. No es porque en Olavarría somos buenos y tratamos bien a la gente, sino porque el 12,7% de las denuncias que se han hecho en el Comité contra la Tortura pertenecen al Departamento Judicial de Azul. Eso es porque las unidades carcelarias que integran esta departamental son varias y hay gran cantidad de internos”, argumentó Vinci.

En tanto, Roberto Cipriano García señaló que el establecimiento de la oficina “busca desarrollar las tareas del Comité en el Departamento Judicial Azul. Es una decisión política de la Comisión por la Memoria crear estas delegaciones en el interior con la necesidad de poder llegar antes a los casos”.

Informe Anual: importante crecimiento de casos

Roberto Cipriano García se refirió al Informe Anual, que se repartió a todos los presentes.

El sistema penal de la provincia es el más grande del país: incluye casi al 50% de los detenidos del país. Actualmente, se encuentran privadas de la libertad 27.700 personas en la provincia, cifra que se ha mantenido estable entre 2009 y 2010. Se cuentan 55 cárceles, 4 alcaídias y 14 institutos de menores que alojan unos 460 chicos. Además, se cuentan unas 2100 personas detenidas en 300 comisarías.

Los problemas estructurales del sistema son la gran cantidad de muertes en el encierro, nivel de sobrepoblación crítica y hacinamiento, condiciones de detención inhumanas y la corrupción estructural del sistema.

Se informó que mientras en 2009 murieron 117 personas en cárceles, en 2010 creció a 133 personas que fallecieron en 36 unidades. De estos últimos, hubo 95 casos por problemas de salud no atendidos con o que se mostró la gran deficiencia del sistema sanitario en la cárcel ya que todos hubieran evitado la muerte de estar libres. Hubo un importante incremento de los suicidios, situación vinculada a las condiciones de detención.

La mayor cantidad de denuncias se presenta en los departamentos judiciales de La Plata, Lomas de Zamora y Azul: “son los más grandes y el gran problema es la escasa o nula investigación de las muertes”.

“Damos cuenta de una práctica sistemática de tortura en lugares de detención”, afirmó Cipriano García, “el Estado reconoce que hay algunos casos”. Hay una institución con prácticas estructurales, con los patrones de la persistencia en el tiempo y la generalidad va generando que esto se extienda y se reproduzca, explicó: “Tenemos denuncias en más del 75% de las unidades carcelarias. Se suceden en el tiempo: de 2004 a hoy no se ha reducido, hay cada vez más casos y se utilizan distintas metodologías”.

Se explicó que el tema presenta numerosas dificultades: no prosperan los recursos legales presentados, y si lo hacen se caratulan como apremios ilegales. “De más de 2.000 denuncias, sólo 9 fueron caratuladas torturas y el resto, apremios ilegales”, detalló.

Se relevaron en el último trimestre de 2010 unos 740 casos de tortura que padecieron 179 víctimas: casi 60% son agresiones físicas, y luego malas condiciones de detención y aislamiento.

Roberto Cipriano García detalló especialmente un dato que surge de las estadísticas del Servicio Penitenciario, los hechos violentos: “El Servicio Penitenciario informa a la justicia cada vez que sucede uno. Lo clasifican como batahola (pelea entre varios detenidos), pelea entre dos detenidos, agresión de un detenido a otro, suicidios, amenazas de un detenido a un agente y casos de intervención con represión. En estos informes no hay ningún caso de un agente que haya agredido a un detenido. Los informes son remitidos al Comité y son relevados. Se registra un crecimiento de los hechos violentos en lugares de detención: de 7.481 en 2009 pasó a 7.979 en 2010. El dato interesante es que los hechos de violencia que más crecieron en las cárceles es la represión (pasó de 1552 a 1765 en 2010). El Servicio resuelve que sólo se puede usar la represión en bataholas en los patios. Paradójicamente las peleas entre detenidos disminuyeron (considerando los 3 tipos, pasaron de 3633 a 3570 peleas en todo el sistema en 2010). Ante menos peleas, creció exponencialmente la represión”, concluyó.

En el apartado sobre superpoblación y hacinamiento se indicó que el Sistema Penitenciario aloja a 27.700 detenidos cuando el cupo es 15.600: “es el doble de lo que puede alojar”.

Se indicó que las condiciones están directamente relacionadas con la corrupción estructural del sistema: “Se roba en las altas jerarquías y en la reja”, graficó Cipriano García quien agregó que hay escasa o nula investigación de los casos denunciados: “Este informe hace una denuncia por un monto cercano a los 3.000.000 de pesos. Por ejemplo en la Unidad 2 de Sierra Chica los detenidos pasan mucha hambre, porque uno de los elementos de la corrupción es el robo de alimentos, medicamentos, útiles de limpieza, elementos de higiene. A los detenidos no les dan nada, y sólo tienen lo que las familias les pueden traer. En Sierra Chica vimos las órdenes de compra de acelga: era como si hubiera comprado dos atados de acelga por detenido por día. Y había por 600 gramos de carne por detenido por día. Esto es un problema estructural muy serio, que no se aborda”, puntualizó.

También se expresaron datos acerca de la baja resolución de causas: “El 72% de los adultos está en prisión preventiva, sin sentencia. De ese 72%, van a estar promedio detenidos 3 años y cuando lleguen a juicio, 1 de cada 4 va a ser absuelto”. Se aclaró que las proporciones se repiten en el caso de los jóvenes.

El último punto refirió a niñez y destaco que en el caso del conurbano hay baja adhesión de los municipios a la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño con lo que no se ponen en marcha las instituciones legalmente previstas.

Caracterizó que “el sistema penal juvenil se parece cada vez más al de adultos. Asistimos a una carcelización de los institutos”. Y detalló la estadística de violencia contra los jóvenes: “69% denuncia que fue golpeado durante la detención. 93% estuvo detenido en una comisaría, que no es legal”.

La propuesta del Acuerdo para la Seguridad Democrática

Por su lado, Alejandro Mosquera expuso sobre los inicios del Comité: “Decidimos crear el Comité Contra la Tortura porque para nosotros es contradictorio que en las catacumbas de la democracia se siga torturando con picana eléctrica. Para nosotros el problema de hacer visible el duro relato que contaba Roberto es hablarle a la sociedad, no sólo a los gobiernos, al Poder Judicial o a los organismos internacionales. Es mostrar para que la sociedad se haga cargo, de que esas cosas no pueden pasar en las catacumbas”.

Relató que la Comisión por la Memoria y el CELS fundaron el “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, con participación de partidos políticos, universidades, especialistas en seguridad pública y personalidades que respaldan la propuesta de medidas para cambiar y mejorar la seguridad pública.

Señaló el origen cultural del paradigma de sospechoso que pone en evidencia a un sujeto sobre el que se cree que tiene menos derechos: “El viejo paradigma de la demagogia punitiva, de la mano dura, es un enfoque hiperclasista que construye otro socialmente que tiene menos derechos. Ante el vecino que reclama mayor seguridad, ese viejo paradigma no da resultado. Fracasa y es parte del problema de la inseguridad”, sostuvo Mosquera.

Las medidas que propone el Acuerdo buscan quebrar el viejo modelo de seguridad pública:

-Recuperación de la conducción civil de la Policía
-Surgimiento de policía judicial, cuerpo de investigación para fiscales: “Hoy los fiscales policializan la investigación”, definió.
-Creación del observatorio de violencia y delito, para estudiar los hechos y lograr estadísticas fidedignas.
-Participación ciudadana, “tiene que ser para un debate a fondo, control policial y definición de medidas”.

En el cierre, Maselli se refirió a la relación entre policías y fiscales, “los fiscales son rehenes de la Policía”, enfatizó. Y desarrolló casos que puntualmente trabajó en Olavarría y Bolívar y que son mencionados y desarrollados en el Informe Anual.