Rutas con impacto en Olavarría: provincia denuncia irregularidades en la licitación que impulsa el gobierno de Milei
En el marco del proceso de privatización de corredores viales que impulsa el gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) quedó en el centro de una disputa tras denunciar irregularidades en la licitación de rutas nacionales.
El planteo fue realizado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, quien confirmó el envío de una nota al Ministerio de Economía para solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo —tanto a nivel nacional como provincial— como veedora del proceso.
Según explicó, el objetivo es garantizar “plena transparencia” en una licitación que, aseguró, sufrió modificaciones sustanciales a último momento. En ese sentido, advirtió que se alteraron 33 artículos del pliego apenas una semana antes del cierre de presentación de ofertas.
“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, sostuvo Katopodis, y remarcó que esos cambios “desvirtúan” las condiciones originales y generan sospechas sobre la adjudicación.
El tema es especialmente sensible para la gestión de Axel Kicillof, ya que la Provincia decidió presentarse como oferente a través de Aubasa para administrar distintos tramos estratégicos, entre ellos la autopista Riccheri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y rutas nacionales que atraviesan el centro bonaerense como la 205 3 y 226, estas últimas con impacto directo en la región de Olavarría.
Desde la Provincia destacaron que la empresa pública avanzó con su presentación tras constatar que los pliegos no excluían la participación estatal. Actualmente, el proceso de evaluación sigue en curso y hay al menos diez ofertas en competencia.
En ese marco, Katopodis defendió el perfil de Aubasa, al señalar que es una empresa “superavitaria” y que reinvierte sus ingresos en obras y mantenimiento. Además, deslizó críticas al proceso impulsado por Nación al advertir que podría haber “algún negociado” en la adjudicación.
También planteó que el esquema licitatorio podría derivar en un aumento de peajes y la incorporación de nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, afirmó.
La licitación en marcha
El proceso forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC). A fines de 2025, el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para la Etapa II mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Esta etapa contempla la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas, en el marco de un plan más amplio que apunta a transferir unos 9.000 kilómetros a gestión privada.
Las obras incluyen la construcción, explotación, mantenimiento y ampliación de corredores viales, además de servicios al usuario, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje establecido en la Ley 17.520.
Entre los tramos involucrados aparecen rutas clave para la provincia de Buenos Aires, varias de ellas con impacto en la región centro, lo que mantiene el tema bajo atención también en distritos como Olavarría.
