El drama de la salud y de los que no tienen techo

Escribe: Sergio Di Pino / Fotos: Luis Molina / Jorge Scotton

Las señales estaban ahí, latentes desde hace tiempo. Pero no habían mostrado, hasta ahora, una contundencia semejante a las imágenes vistas, la última semana, en Olavarría.

Al drama de un sistema público de salud, tensionado hasta el límite por los embates de la segunda ola de contagios de coronavirus, se le sumó otra desdicha igual de desesperante: la de decenas de familias que decidieron avanzar con la toma de terrenos municipales, detrás del barrio Lourdes, ante la imperiosa necesidad de contar con un lugar para vivir. Una escena inédita para la ciudad, que creíamos lejana -porque la asociábamos con las problemáticas de los grandes conglomerados urbanos-, nos estalló en la cara.

En materia sanitaria, la confirmación de la circulación comunitaria de las variantes de Reino Unido y Manaos, el sábado por la tarde, vino a cerrar una semana repleta de malos indicadores. La noticia dada a conocer en redes sociales, por el ministro de salud bonaerense,  Daniel Gollán, fue un nuevo baldazo de agua fría para una Ciudad a la que el coronavirus no le da tregua. De un total de veinte muestras al azar, correspondientes a la semana que va del 22 al 30 de marzo, el 74% corresponden a las nuevas variantes (11 de Reino Unido y 3 de Manaos).

La información, brindada por las autoridades bonaerenses, fue ratificada por el Municipio. Mediante un comunicado, se explicó que la detección de las nuevas cepas, pudo ser corroborada tras una serie de análisis en el Hospital “Dr. Ricardo Gutiérrez” de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un convenio entre el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital y el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-COV-2 ( PAÍS). 

En el parte de prensa comunal, se agregó que ninguno de los casos estudiados “tiene antecedentes de viaje al exterior o contacto estrecho con viajero y la llegada de las nuevas cepas están vinculadas al contacto estrecho de nuestro Partido con el AMBA”.

Durante la tarde del sábado, el intendente Ezequiel Galli  anunció, tras mantener una comunicación con el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que Olavarría pasará a Fase 3 desde este domingo. Entre otros aspectos, la decisión implicará el cierre del Bingo (que increíblemente había tenido su reapertura ayer, dado que la Provincia todavía ubicaba a Olavarría en Fase 4). Una reducción de la actividad comercial, hasta las 20:00, para rubros no esenciales y en el horario de funcionamiento de bares y restaurantes (podrán abrir hasta las 23:00). Las autoridades locales, brindarán  hoy, más detalles sobre la situación sanitaria, a través de una conferencia de prensa.

La semana ya había comenzado con señales preocupantes. No solo por un marcado aumento de casos, sino en lo cualitativo, a partir de una sintomatología más severa  que presentaban algunos pacientes, algo que ya había podido observarse, durante el último mes.

El lunes pasado, hubo récords en los contagios por COVID-19 (254) y en la cantidad de testeos diarios (casi 600). Una cifra semanal de más de mil casos activos (la más alta desde el inicio de la pandemia) y un mayor índice de mortalidad, con 14 decesos en 6 días, entre otros parámetros alarmantes.

Esa compleja situación derivó, tempranamente, en una conferencia de prensa de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Salud, Germán Caputo. En esa rueda de medios, a comienzos de la semana,  admitían que “la ocupación hospitalaria es casi total” y señalaban que “el personal de salud está cansado, diezmado”. “Hay mucha incertidumbre” decían.

En ese marco, el Intendente daba a conocer restricciones – algunas ahora quedaron rezagadas-, sumadas a las ya vigentes, desde hace veinte días. Entre ellas, se definió suspender las reuniones sociales, competencias deportivas, eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos o la vuelta al sistema de reservas en los centros gastronómicos que funcionen hasta la medianoche.

Dentro de ese paquete de medidas, para reducir la circulación social y buscar «el equilibrio entre lo económico y lo sanitario», aparece una de difícil explicación: el cierre de los talleres culturales.

La disposición, generó un enorme malestar en los trabajadores de la cultura. Rápidamente se organizaron y conformaron una  “Asamblea Permanente frente a la Emergencia Cultural” en representación de unas 300 familias. Desde ese ámbito, ofrecieron una contundente respuesta: “sepan que la cultura y el arte son un trabajo, no un hobby o entretenimiento de fin de semana. Queremos trabajar, debemos hacerlo y es un derecho que el Estado debe garantizarnos” sostuvieron.

Más allá de los tecnicismos del “nomenclador” provincial, al cual el Municipio ya supo encontrarle la vuelta, o hasta decidió ir más allá, como cuando permitió, por decreto, la continuidad laboral de los gimnasios – en septiembre de 2020-,  la determinación de suspender los talleres culturales, en ese momento, resultaba incomprensible. La ínfima cantidad de asistentes a estos espacios, en comparación con el flujo de público que movilizan otras actividades, aún habilitadas, hicieron que el planteo del sector sea más que atendible. Distintas versiones indicaban, que el Municipio tenía en estudio dar marcha atrás con la medida, desde la próxima semana, aunque ahora restará esperar que suceda, a nivel general, con el conjunto de las determinaciones.

Otra preocupación social, es que va a ocurrir con las clases presenciales, a partir del riesgo sanitario local y el incremento de las burbujas aisladas, por casos sospechosos o positivos, aunque todo dependerá de una decisión marco de las autoridades nacionales o provinciales. Un reciente comunicado de la Provincia, desmintió “falsos rumores que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación respecto a la supuesta suspensión de clases presenciales y ratificó que el gobierno bonaerense “implementa políticas sanitarias para priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con la modalidad presencial, a partir de la permanente evaluación del nivel de riesgo epidemiológico”.

Si volvemos al análisis integral de la situación sanitaria local, algunos profesionales de la salud opinan que las autoridades “debieron restringir apenas cambió la curva” y consideran que, dado el cuadro de situación al que se llegó, con más de mil pacientes activos y otra cantidad de casos no detectados, “tendrían que haber cerrado más”, durante el transcurso de la semana.

Con una ocupación hospitalaria casi repleta, respiradores limitados «en número, calidad y mantenimiento» y un déficit marcado del recurso humano en «enfermería y kinesiología», advierten que la situación más crítica se dará “en las siguientes dos semanas” y temen que el pico “nos pueda pasar por arriba”.

Durante la mencionada conferencia de prensa de los funcionarios locales, también se mencionó la relación del sistema público con el sector privado de la salud y se habló de una reunión a la que asistieron dos de los tres sanatorios locales: “se manejó una logística si llegara a colapsar el Hospital. En realidad la logística ya estaba descripta y estaba en protocolo” sostuvo Germán Caputo.

Horas más tarde, el titular del Instituto Médico, Sergio Bugosen, manifestó que van a “continuar con el apoyo a la salud de la comunidad en la medida que podamos”, pero advirtió que la situación económica de las clínicas “no es la mejor” y que carecen del “recurso humano suficiente”. “Necesitan un soporte financiero porque las clínicas están fusiladas” confió una fuente médica que trabaja en ambos sectores.

La buena noticia de la semana, fue la reactivación de la campaña de vacunación en Olavarría. La llegada de 3150 primeras dosis de la vacuna Sinopharm, permitió inocular a olavarrienses, en su gran mayoría, mayores de 70 años.

La toma de tierras y el rol de la política

“Tesoro y miseria”, simboliza una canción del Indio Solari y podría figurar, a modo de oxímoron, el sentido de la toma. No son baldosas flojas (como en el relato de Horacio) sino pequeños lotes marcados con ramas, hilos o bolsas de nylon. Un lugar inhóspito, que se alza sobre un relleno de basura, puede servir, cuando no se tiene nada de nada, para edificar la ilusión de un hogar.

La cronología de la toma se inició, el pasado lunes, cuando un grupo de familias – en un comienzo no pasaban de diez o doce-, se instaló en un predio fiscal, ubicado detrás del barrio Lourdes, en el “Camino de los Peregrinos” entre Calle 9 y 11. Se trató, en un comienzo, de un puñado de personas jóvenes, principalmente mujeres con chicos de la zona, que expresaban la angustia de “no poder pagar más el alquiler” y de necesitar, como sea, “un lugar para vivir”.  A ojo y “contando hasta doce pasos”, fueron marcando los lotes y levantaron algunos cimientos.

Siempre remarcaron que se trataba de una toma pacífica, conducta que lograron sostener, a lo largo de los días.

En un primer momento, el Municipio apostó a una instancia de diálogo. Arribaron al lugar, la subsecretaria de Desarrollo Social, Silvana Rosales y el Asesor Municipal, Mariano Ciancio. Se realizó un relevamiento de las familias y se habló de una reunión, en la que se analizaría algún tipo de contestación a las demandas de los ocupantes.

Pero la respuesta política del Municipio no llegó. Pasaron las horas y las autoridades locales dejaron avanzar la toma.  La mediatización del caso, llevó a que la ocupación creciera y se sumaran familias, desde otros puntos de la ciudad, con la misma problemática habitacional. En vez de doce familias había varias decenas más, al final del primer día de la toma.

La acción siguiente del Municipio, fue judicializar el hecho. Aunque la comuna tenga la obligación de radicar una denuncia, por tratarse de tierras municipales, la decisión y su modo de comunicación, significaron, en ese momento, dejar de lado la mediación política como herramienta de solución de los conflictos. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” escribió en su cuenta de Twitter el intendente Ezequiel Galli, en base a un viejo axioma peronista, ya vaciado de su contexto histórico.

“No vamos a permitir que se cometan este tipo de actos delictivos en nuestro Partido. Conocemos la problemática del déficit habitacional que hay en nuestro país, Olavarría no escapa a esa realidad, pero no se soluciona cometiendo delitos”, sostuvo el Jefe Comunal y concluyó: “Confío plenamente en el accionar de la justicia para lograr un desalojo pacífico e inmediato” dijo.

Más allá de la diferenciación, expuesta por el Intendente, dentro de la ley no parece haber demasiado tampoco, en materia habitacional. Por citar un ejemplo, se puede mencionar a la situación del grupo de autoconvocados “Nuestro Sueño” de Loma Negra. En 2016 solicitaron terrenos municipales, a través de la vía institucional, “debido a la situación económica y el aumento de los alquileres”. Recién en 2019, lograron que el Concejo Deliberante aprobara un proyecto de resolución – apenas una proposición al Ejecutivo-  para que los consideren potenciales beneficiarios de lotes a urbanizar en la localidad. “No hemos avanzado nada de nada”, contó uno de los integrantes del grupo, que nuclea a unas cincuenta familias lomanegrenses.

Lo mismo podría graficarse, con el caso de un grupo de sesenta vecinos de Colonia Hinojo. A través Sociedad de Fomento, pidieron, por nota ante el Municipio y el Concejo Deliberante, la entrega de unos terrenos municipales sobre la calle Alemania, para abordar la problemática habitacional de los sectores más jóvenes del pueblo. 

En Olavarría, existen unas 2000 familias anotadas en el registro de Demanda Habitacional. La única mención en el Presupuesto 2021, que plantea algún tipo de paliativo, es la reactivación del Programa de Viviendas TU.VI.10 – se frenó en 2020 debido a la pandemia-,  con el que se proyecta la construcción de 40 casas. Algo ínfimo, en comparación a la demanda existente. En el medio, la comuna  apuesta a la convalidación, por parte de la Provincia, de la ordenanza de ampliación de la planta urbana, que le permita engrosar el banco de tierras municipal.

La inédita toma del predio, ubicado detrás del barrio Lourdes, transitó varias jornadas en tensa calma.  Desde martes, luego de conocida la denuncia ante la UFI 10, integrantes de la fuerzas de seguridad, encabezadas por el Jefe de la Policía Distrital, Roberto Landoni, se acercaron a dialogar con las familias y les explicaron el protocolo de desalojo, en caso de concretarse la orden judicial.  Luego desplegaron un “acordonamiento”, para evitar “el ingreso o retiro de elementos del interior de los terrenos”. En esa instancia, los referentes vecinales, afirmaron que, en caso de producirse la medida, “no habrá resistencia”, pero indicaron que trasladarán el reclamo hasta las puertas de la municipalidad.

La avanzada policial transcurrió sin hechos de violencia, al igual que la convivencia con las fuerzas de seguridad, a lo largo de las noches, pese a lo que más de un prejuicioso pudiera creer.  Fue un reclamo espontáneo, al que luego se plegaron organizaciones políticas y sociales en acompañamiento.

Cuando el desalojo judicial “estaba encaminado”, hubo una intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense que dejó la medida en suspenso, de mínima hasta el próximo martes. El organismo, que conduce Guido Lorenzino, pidió la aplicación del “Protocolo de Acción para Desalojos” dictado por la Suprema Corte de Justicia y la solicitud fue avalada por el Juzgado de Garantías. Ese mecanismo, prevé, en una primera instancia, la conformación de una Mesa de  Gestión y Diálogo entre el Municipio, Provincia, Nación y la propia Defensoría.

En ese marco, el último viernes llegó a OIavarría el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, Rubén Pascolini y se reunió con Hilario Galli y Diego Robbiani. El funcionario de Axel Kicillof, consideró necesaria “una buena caracterización del conflicto para encontrar una salida que no sea violenta” y reconoció que  “hay un problema estructural que resolver, pero la ocupación es un camino equivocado”.

La presentación de la Defensoría, trastocó los planes del Municipio, que en los días previos, se había cerrado al diálogo y había pedido para el desalojo, la colaboración del ministerio de Seguridad bonaerense, algo que fue  negado por el propio Sergio Berni. Desde la comuna, afirmaron que, aunque no hubo comunicación directa con el ministro, si  se entablaron contactos con integrantes de su cartera. Finalmente, los funcionarios locales debieron sentarse a la mesa junto a otros actores políticos.

Si bien la apertura del canal de negociación, fue celebrada por los funcionarios municipales, el resultado final podría ser incómodo para el gobierno de Ezequiel Galli. Porque el modo de resolución de este conflicto, será una bisagra en el abordaje y la valoración de futuros reclamos habitacionales en Olavarría.  Si hay concesiones importantes hacia la toma, la frase “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, que tanto celebró el nucleo duro del gallismo, quedará desecha. Una salida intermedia -con subsidios de alquileres y otros esquemas pero sin la entrega de terrenos- similar a la lograda, meses atrás, con el reclamo de familias y organizaciones que hicieron un acampe frente al Palacio San Martín, podría ser más decorosa.

En cualquiera de los casos, la realidad nos mostró que problemática habitacional en Olavarría es angustiante. Y desnudó que el déficit ya no se reduce a situaciones puntuales o a reclamos políticos- sectoriales. Por el contario, evidenció su verdadera dimensión colectiva, como consecuencia del crecimiento de la pobreza estructural en los últimos años.

Junto al drama de un sistema de salud, al borde del colapso y sacudido con la confirmación de  circulación comunitaria de las variantes Reino Unido y Manaos, la Ciudad vivió una de las semanas más difíciles en lo que va del año. Aunque se haga bien en machacar sobre las responsabilidades ciudadanas y se pida colaboración, también habrá que mirar, en retrospectiva, lo hecho en materia de planificación y gestión, desde todos los niveles del Estado. Si las políticas públicas no sirven para anticiparse a los problemas y diseñar esquemas de solución, estaremos atados, eternamente, al plano de lo coyuntural y condenados a resolver los hechos desde la dimensión de lo urgente.