La polémica venta de una calle y el comienzo de la tercera ola
Escribe: Sergio Di Pino.
Por Sergio Di Pino
A las apuradas y con polémica. El oficialismo impuso su mayoría en el Concejo Deliberante y aprobó la venta de una calle a Cementos Avellaneda por un valor de 1,5 millones de dólares (en un pago). Para la compañía, radicada en Olavarría desde hace más de un siglo, la compra del sector no solo es valiosa en recursos minerales sino también por su ubicación estratégica. A partir de su próxima adquisición, la cementera podrá integrar la explotación a ambos lados del yacimiento “La Cabañita”, en el denominado Paraje San Jacinto.
La discusión inicial del expediente – allá por el mes de octubre- abrió posibilidades de un entendimiento entre las fuerzas políticas mayoritarias que integran el cuerpo deliberativo. En especial, hubo coincidencia en dar impulso al nuevo desarrollo productivo y en valorar su potencialidad para dinamizar la economía y generar más trabajo. Otro punto a favor del proyecto, fue la novedosa propuesta socioambiental, acordada con investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. La iniciativa, incluye un abordaje de vanguardia para la remediación de los daños ocasionados por la explotación minera. Estos dos puntos de partida, pudieron ser la base para avanzar con un acuerdo amplio que fortaleciera la sanción de la ordenanza.
Pero el gobierno municipal quería tener todo resuelto antes de fin de año. Llamó de apuro a una sesión extraordinaria y optó por la salida más fácil: bancar el pataleo opositor y resolver el asunto con una votación “express”.
¿Cuáles eran los puntos que no le cerraban a la oposición? Desde el Frente de Todos, advirtieron “serias irregularidades” en el manejo del expediente por parte del Ejecutivo. Esa situación, los llevó a dar una conferencia de prensa el día previo a la sesión. Ante los medios y luego en el recinto, el interbloque peronista manifestó que no existió una “tasación oficial” realizada por el Municipio o un “organismo competente” en base a la Ley 9.533 y aclaró que el contrato que la comuna con la Facultad de Ingeniería de la UNICEN fue por un “avalúo” (establece un valor orientativo).
“Apareció hoy – por el día de la sesión- una aclaración de la Facultad de Ingeniería donde de repente le colocan la palabra tasación. El contrato que se firmó es por avalúo. Lamento muchísimo, porque sé del prestigio de la Facultad de Ingeniería, pero esto es una vergüenza porque la Facultad no fue contratada para hacer una tasación” denunció la presidenta del interbloque Mercedes Landivar.
En esa línea, el FdT marcó que el proyecto estuvo siete meses en poder del Ejecutivo y pocas semanas en el HCD (en el medio se produjo la renovación de la mitad de los concejales). “Tenemos la voluntad de tratarlo. Pero no entendemos la premura para que sea aprobado y por lo tanto no podamos modificar varios puntos que son inconsistentes. Como primera medida, creemos que debemos contar con otras tasaciones, debemos contemplar algunas diferencias ya que estamos hablando de la venta de un yacimiento que es patrimonio de todos los olavarrienses” agregaron los concejales.
Entre algunos de los planteos, afirmaron que el precio de la venta “podría haber sido al menos el doble” y señalaron que el cálculo presentado por el oficialismo se realizó en base a los números de una operación similar- que se hizo en el año 2004- con la misma empresa (a 0,38 centavos de dólar el valor de la tonelada de la piedra).
Incluso, dejaron dudas sobre “posibles intereses” de las personas encargadas del estudio: “Esto es un mamarracho. El firmante del avalúo, quién presenta el precio que deberían pagar, tiene como principal cliente a Cementos Avellaneda” afirmó el concejal Maximiliano Wesner, quien comparó lo sucedido con una broma por el Día de los Inocentes.
En un sentido similar, se expresó la concejala de “Ahora Olavarría”, Celeste Arouxet, quien acompañó la desafectación del predio pero no así la venta de la calle en las condiciones definidas por el Municipio.
“No estamos en contra del proyecto, queremos un análisis serio, pedimos tiempo. Estamos vendiendo el patrimonio de la ciudad. Acá la persona que opina es el que compra. El municipio no hizo una sola consulta. No estamos en contra de la venta estamos defendiendo el patrimonio de los olavarrienses” sostuvo.
El oficialismo pudo tener motivos suficientes para considerar que el estudio realizado fue serio y concluyente. Es entendible que sus concejales apelaran al prestigio de la UNICEN y al de sus profesionales para defender su postura. O que recalcaran la importancia del proyecto en términos productivos o de generación de empleo. Incluso que destacaran el destino de los fondos recaudados con la futura venta (serán usados para inversiones en turismo y el desarrollo de las localidades serranas).
Pero aún bajo esas fortalezas, surgen algunos interrogantes ¿Cuál era el apuro por aprobar la venta en diciembre? ¿Por qué no dar lugar a un estudio más amplio, aceptar sugerencias y conseguir un proyecto fortalecido con el aval unánime de los bloques en el primer trimestre del 2022? ¿Por qué no analizar la posibilidad de realizar nuevas tasaciones para despejar dudas o eventualmente conseguir mayores recursos para el Municipio? ¿Cementos Avellaneda iba a perder su interés en adquirir una una zona tan estratégica para sus proyectos a largo plazo si se atendían estos planteos? Y en todo caso, aunque no se lograra un acuerdo con los demás fuerzas del HCD ¿por qué no mostrar un gesto de voluntad política al conceder algunos meses más para el análisis y luego avanzar con la sanción?
Algo de esto último interpretó la UCR, con sus pedidos de seguimiento y evaluación en comisiones. Sin embargo, fueron condiciones que regirán a posteriori de la venta (monitoreo del uso de los fondos) y no llegaron a cuestionar los términos de la operación. Finalmente acompañaron con su voto.
El telón de fondo para este nuevo episodio, es el modo en el que la gestión municipal se posiciona respecto a las demandas o conductas de actores influyentes de la economía de la Ciudad. Más allá de las dificultades operativas, subyace un factor ideológico y está vinculado a la manera de entender la relación entre el Estado y el sector privado.
El inicio de la tercera ola de coronavirus
En sintonía con lo que sucede en los grandes centros urbanos del país, la última semana mostró un crecimiento exponencial en la cantidad de contagios de Covid-19 en Olavarría.
El marcado incremento de los casos y la sintomatología de las personas que contrajeron la enfermedad, presuponen la llegada de la variante Ómicron a la ciudad, pese a que su presencia aún no esté documentada.
Una de las primeras imágenes de la “tercera ola”, fue una innecesaria estigmatización de los estudiantes que regresaban de viaje de egresados con síntomas de la enfermedad (algo similar a lo que ocurrió con los viajeros que retornaban del exterior al inicio de la pandemia). El oportuno control de los protocolos, no tiene por qué estar acompañado de un “show” policial ni ser objeto de su mediatización.
Por citar ejemplos cercanos, en Azul se decidió el aislamiento obligatorio de cada estudiante que regrese de viaje de egresados durante una semana, sin importar el destino o si el alumno presente o no síntomas. Una vez pasado este tiempo, los jóvenes deben contar con un hisopado PCR negativo para poder reintegrarse a sus actividades sociales. Una medida uniforme y silenciosa que podría dar buenos resultados si es monitoreada como corresponde.
La otra foto de la tercera ola de coronavirus, fueron las largas filas en los centros de testeo dispuestos por el Municipio (Hospital) o la Provincia (club El Fortín). Esa postal que creíamos olvidada, volvió a ser moneda corriente como en los peores momentos de la pandemia.
A diferencia con aquella vez, afortunadamente el nivel de internación de los enfermos es muy bajo (en general son personas no vacunadas o con esquema incompleto). El impacto positivo de la vacunación y la sintomatología leve de la nueva variante (a pesar de su mayor contagiosidad) aún permiten esquivar medidas que restrinjan actividades económicas o sociales.
Pese a ello, el nuevo escenario plantea otros desafíos: cómo garantizar una atención efectiva y ágil en los lugares de testeo o en los centros de atención primaria de la salud. A todas luces, serán los espacios que absorberán las demandas de la sociedad en esta nueva etapa de la enfermedad.
Y en ese marco, las primeras señales de las autoridades volvieron a evidenciar viejas discrepancias. De nuevo surgieron diferencias en el modo de enfocar las estrategias sanitarias entre el Municipio y la Región Sanitaria IX. Esas peleas, nos remontan a un año atrás, con el inicio de la campaña de vacunación.
A través de una publicación en redes sociales, Ramiro Borzi se refirió a la amplia demanda diaria de testeos (más de 400 el día jueves) que derivaron en un arduo trabajo en la sede del club El Fortín. Producto de esa situación, pidió a las autoridades municipales que “se unan a nuestra iniciativa de aumentar el tiempo de atención para testeos así se evitan largas esperas y no queda ningún vecino sin ser evaluado”.
Desde el municipio, hubo una respuesta formal – a través de Germán Caputo- y chicanas políticas de funcionarios y militantes del gallismo en las redes sociales. A nivel institucional, el secretario de Salud municipal aseguró que no es necesario ampliar el horario de atención en el Hospital: “es algo que hoy por hoy no necesitamos. La logística que tenemos para analizar y procesar 700 muestras como hicimos ayer no necesitamos más tiempo. Nosotros si bien lo analizamos, para Olavarría no es necesario” dijo.
En las redes, funcionarios como el Subsecretario de Asuntos Legales, Marcelo Fabbi, atacó los dichos de Ramiro Borzi: “Yo no puedo creer que este funcionario salga a resaltar que trabajaron más de 7 horas. Avísenle que casi todo el mundo trabaja 8 como mínimo y todos los días, no en temporada alta” ironizó. En la misma dirección, se pronunció el ex secretario de Economía municipal, Gastón Acosta: “Habló el genio cuidador de vacunas… que país generoso” opinó. No es momento ni lugar para una nueva discusión entre políticos. Lo que pudo resolverse con un llamado telefónico, se trasladó a una polémica en las redes o en los medios. Los olavarrienses necesitan que sus funcionarios encuentren puntos de consenso y garanticen políticas públicas. Esta nueva etapa, en particular, requiere simplicidad en el acceso ciudadano a los centros de testeo y a los lugares de atención primaria de la salud. Es lo mínimo que las autoridades deben garantizar a una sociedad a la que siempre se le exige cuidados y responsabilidad.
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