Juan Sánchez: “No hay duda que era un negocio millonario»

El concejal del Frente de Todos habló sobre la venta irregular de terrenos que, por ahora, tiene cuatro imputados. Entre ellos dos policías y el suspendido asesor municipal Mariano Ciancio.

La investigación por la presunta venta irregular de terrenos en el Partido de Olavarría sigue generando declaraciones de distintos actores de la política. Ahora se sumó el testimonio del concejal kirchnerista Juan Sánchez quien brindó un testimonio a un portal provincial. Las declaraciones de Sánchez se conocieron horas después de que la Fiscal, María Paula Serrano formalizara las primeras cuatro imputaciones en la causa.

Hasta hoy, aunque no han sido indagados, están imputados Claudio Peralta, dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el suspendido asesor municipal Mariano Ciancio. Todos saben que enfrentan una acusación penal por «estafas reiteradas» y mientras se investiga la causa cada uno de ellos ha tomado contacto con abogados particulares que en las próximas horas, supo En Línea Noticias, se presentarán formalmente en el expediente. La notificación del Art. 60 – que algunos siguen negando sea una imputación, aunque está claro en el Código Procesal Penal, se generó con posterioridad a más de media docena de allanamientos donde la Fiscal se hizo de elementos de altísimo valor probatorio.

¿Qué espera la Fiscal para indagar a los imputados? Si bien la respuesta no está del todo clara voceros oficiales indicaron que se ordenaron distintas medidas de prueba sobre los elementos secuestrados en los mencionados allanamientos y el resultado de esas medidas desembocará, sin dudas, en la indagatoria y el procesamiento.

Consultados por En Línea Noticias, analizaron que la Fiscal también deberá determinar el grado de participación de los imputados / notificados. Una fuente expresó que en el caso de los policías como el del propio Mariano Ciancio la pena en expectativa podría ser más gravosa toda vez que los tres revisten características de «funcionarios públicos». No sólo eso dado que los delitos cometidos contra el Estado, en la causa hay dos terrenos municipales, también prevén penas más elevadas. Aunque debido al estado de la causa por el momento todo es muy aventurado a la par de que no se conoce la estrategia que desplegarán los imputados / notificados en el expediente.

La política sigue de cerca del caso

Mientras Paula Serrano trabaja con hermetismo para evitar posibles entorpecimientos en la causa, la política local sigue girando alrededor del tema. En el Concejo Deliberante, al menos hasta el 13 de abril, funcionará una Comisión Especial que preside la concejal camporista Mercedes Landivar. Ésta comisión puede «prorrogar su funcionamiento» aunque según voceros del HCD eso no está definido al menos hasta este miércoles.

Uno vocero miembro de la comisión indicó que la decisión sería prorrogar el funcionamiento para «permitir anexar versiones taquigráficas de los testimonios que se escucharon en estas semanas y además agregar información sobre el tema». Al mismo tiempo la tarea final de la comisión debería traducirse en, por lo menos, un dictamen que será elevado a la justicia.

Mientras los concejales que integran la comisión continúan con su tarea quien analizó el tema fue el concejal Juan Sánchez. El edil no integra la comisión especial aunque disparó con dureza en sus dichos. Fiel a su estilo, Juan Sánchez no se guardó nada y aseguró que el tema terrenos «era un negocio millonario».

Sánchez habló con el portal provincial Todo Provincial y expresó que,  «al terreno más barato lo vendían a medio millón de pesos y acá estamos hablando de muchísimos terrenos. La investigación (judicial) está enfocada en terrenos donde apareció su verdadero propietario y trabó la posibilidad de la venta. Sin embargo, esta operatoria se pudo dar en una infinidad de casos más pero que todavía nadie dijo nada porque no aparecieron los dueños todavía y el comprador no se va a auto denunciar”.

Sánchez, abogado de profesión, dijo además que para él  los compradores también fueron “víctimas de un engaño porque hubo una ilusión de legalidad”.

Y apuntó que los presuntos estafadores, «tuvieron la ayuda de una escribanía que a través de una certificación de firma hacía creer que la operatoria era legal”.

Pero Sánchez no se quedó ahí y dijo, “habría que investigar la ruta de ese dinero y la justicia debería investigar el negociado de grandes extensiones de tierras que proponían a distintas inmobiliarias o consultoras jurídicas para ser vendidas a gente con mucho poder adquisitivo. Esta es una línea que puede destapar una olla muy grande”,

Sánchez encomendó a la doctora Serrano y le pidió que, “para hacer un buen trabajo debería investigar cómo se han venido terrenos en Olavarría durante los últimos 5 años“.

Cerró diciendo, “la justicia debe investigar a fondo la responsabilidad de los funcionarios municipales y una vez que se establezcan las vinculaciones para luego determinar si hubo un aval del intendente y formular las responsabilidades que le quepan”.