Caja de Abogados bonaerense: Timba financiera sin asistencia a afiliados

La mayoría de los profesionales independientes reclaman auxilios económicos a una entidad que tiene un patrimonio varias veces millonario. Fuertes inversiones bursátiles en la mira.

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Escribe: Martín Soler / Letra P.

El sector de la abogacía independiente es uno de los rubros más afectados
económicamente por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, que encontró su correlato con la declaración de asueto judicial dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, fallaron todas las herramientas electrónicas de la justicia provincial.

El parate generó el crack económico para los profesionales del derecho en el ejercicio libre de la abogacía.

Desde hace varias semanas, un grupo de abogados de la provincia de Buenos Aires comenzó a visibilizar la cruda realidad económica que los golpea mientras los gastos fijos se acumulan.

Se dieron una estrategia de ataque en varios frentes que incluyen a la Corte provincial, a la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, al Colegio profesional bonaerense y a los colegios departamentales.

María Di Virgilio es una de las profesionales que lleva adelante el reclamo en conjunto.

Fue precisamente quien diálogo con Letra P, luego de detallar un presente duro y vaticinar un futuro incierto, detalló que para poder ejercer la profesión deben hacer fuertes erogaciones de dinero que sale de sus honorarios. El problema es que si no trabajan no cobran, ya que no tienen un sueldo o ingreso fijo, dependen de los resultados que obtengan para sus representados. Uno de los gastos fijos más significativos son los aportes previsionales.

“La Caja nos exige una Cuota Anual Obligatoria (CAO) de $ 72.000 promedio para poder tener una jubilación que hoy ronda los $ 37.000”, detalló la letrada.

Y aclaró que “muy pocos llegan a cubrir anualmente estos costos. A fin de año los colegas hacen planes de reducción, esto significa que al momento de jubilarse tampoco cobren el 100% de la jubilación”.

Pero la aspiración de fondos de la Caja no termina acá. Según la entrevistada, “para saldar ese aporte obligatorio la Caja exige por cada expediente un anticipo de aportes al iniciar cada causa que hoy está en $ 720. Esto se completa cuando tenemos la regulación de honorarios en sentencia varios años después gracias a nuestra (lenta) Justicia”, señaló.

“Entonces –explica–, al iniciar cualquier cuestión judicial hay gastos por $ 1.405, sin contar la tasa de Justicia que es para el Poder Judicial y la sobre tasa de justicia que también es para la Caja y que muchas veces nos la exigen también al iniciar un expediente. Se calculan en el 2.2% la tasa y en el 10% la sobretasa, todo sobre el valor de la tasa y sobre el monto reclamado en el expediente”, describió. Ejemplificó con el siguiente ejemplo: “Para reclamar $ 100.000, pagaría $ 2.200 de tasa para el Poder judicial y $ 220 de sobretasa, $1.405 entre bono y anticipo de aportes para el Colegio y la Caja. Es decir, estos gastos los solventa muchas veces el letrado, ya que los justiciables no cuentan con los recursos y se suman a la rueda de obligaciones que pesa sobre nosotros a la hora de promover un litigio”.

Di Virgilio señaló que luego de toda esa erogación que solo implica iniciar un expediente, como contrapartida –dijo– “los únicos beneficios que tenemos de la Caja para reducir esa CAO son franquicias por la edad del abogado y el año de matriculación.

Por ejemplo, un abogado de 33 años con 5 años de matriculado paga $ 54.000 en vez de $ 72.000”.

Uno de los reclamos centrales de las y los abogados es la ampliación de subsidios para hacer frente a la crisis.

En la actualidad, ese servicio se da para casos de fallecimiento, discapacitados, maternidad, adopción y matrimonio “que es un pago único e ínfimo”, consideró la letrada.

Según el último balance y auditoria, la Caja “tiene liquidez inmediata y tiene invertido parte de su capital en títulos, bonos y acciones (…) esto está en la propia ley, pero en el balance tienen miles de millones de pesos de ganancia solo por las inversiones en moneda extranjera, sin contar préstamos internos que otorgan a tasas leoninas, intereses sobre deudas de aportes que tampoco sirven para los afiliados al momento de integrar el haber jubilatorio, y la interminable lista de ganancia y superávit”, se quejó.

Luego de analizar estas cifras, fueron a reclamar una asistencia económica pero desde la entidad se la negaron. “Nos dio mucha bronca e indignación que nos digan que no pueden ayudarnos porque no son un banco, que ellos no tienen liquidez porque tienen ingresos cero en esta pandemia por estar parada la Justicia”.

“Eso es mentira”, sentenció la abogada. Y clarificó con un “simple cálculo: en toda la provincia de Buenos Aires hay 57.190 abogados y solamente cobran una pensión, jubilación o subsidio 7.677 personas. Si calculás que la Caja paga las jubilaciones a esos colegas, cosa que no es así para todos, tiene erogados solo $ 3.408.588.000 anuales, cuando recauda $ 4.117.680.000 solamente de aportes, sin contar préstamos e inversiones” . Esto que ocurre en la Caja de Previsión Social de Abogados se replica en otras instituciones similares. Tal como informó este medio en ediciones anteriores, las cajas previsionales de profesionales son el único sistema jubilatorio privado, ajeno a la administración y control estatal. Manejan mensualmente millonarias sumas de dinero con laxos controles internos. Rinden cuenta una vez al año, generalmente, ante colegas del mismo espacio político. Un sistema con futuro incierto.