“Las tarifas son confiscatorias y cada vez más familias se desconectan de la red de gas”

El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó por la sucesión de situaciones dramáticas: desde comedores comunitarios que deben recurrir a la leña para calentar alimentos hasta usuarios que se desconectan de la red domiciliaria ante la imposibilidad de pago y jubilados que se endeudan para poder hacer frente a las tarifas.

Según se desprende del último balance, Camuzzi Gas Pampeana viene registrando una disminución de clientes. Concretamente, sólo entre marzo de 2017 y marzo de 2018, antes de la devaluación, se desconectaron 1.539 familias. A su vez, el consumo residencial tuvo una disminución del 4% respecto al consumo registrado durante el mismo período del año anterior. Y el despacho de gas realizado exclusivamente a los sectores comerciales y pequeña industria cayó  un 1,0%.

En lo que se refiere al servicio eléctrico, el Defensor del Pueblo Adjunto mostró estadísticas del ente regulador (ENRE) que da cuenta del exponencial aumento de las sanciones aplicadas a las dos principales distribuidoras por incumplimientos en pautas establecidas, basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias. Las sanciones en el semestre comprendido desde marzo 2017 a agosto de ese mismo año sumaron $ 213.653.049, mientras que en el semestre siguiente superaron los $367 millones. Es decir, significaron una suba del 71%. A su vez, Edenor y Edesur tienen que pagar resarcimientos extraordinarios por $136.274.460.

“Las propias estadísticas oficiales muestran que, pese a los exorbitantes aumentos de las tarifas, la calidad del servicio no mejoró. De ahí la aplicación de multas que en muchos casos no se terminan pagando porque las distribuidoras apelan y se inicia luego un engorroso camino administrativo. Es decir, las inversiones realizadas por las empresas no se corresponden con lo que efectivamente están recaudando ya que le estarían dando prioridad al pago de dividendos. Sin ir más lejos, en mayo pasado, el directorio de Camuzzi distribuyó dividendos por $563.332.893”, explicó Martello.

Ante la decisión del gobierno nacional de que el Estado se haga cargo de la compensación a las empresas de servicios por la devaluación, el Defensor del Pueblo Adjunto agregó que “las distribuidoras tienen un colchón de recursos suficientes. Y afrontar las consecuencias de la modificación del tipo de cambio forma parte del riesgo empresario. En la Argentina, prácticamente no hay compañías que tengan el nivel de ganancias como las distribuidoras de luz y gas. Camuzzi Gas Pampeana pasó de tener un resultado negativo en el ejercicio de 2016 superior a los $207 millones, a tener un resultado positivo de casi $825 millones en 2017, siendo la distribuidora de gas que más aumentó sus ganancias en el país (496%). En tanto, Camuzzi Gas del Sur cerró el ejercicio 2017 con un resultado positivo de $543 millones. De esta forma, el grupo Camuzzi tuvo un resultado favorable de $1.368 millones el año pasado”, remarcó el Defensor del Pueblo Adjunto.

En tanto, los resultados para el primer semestre de 2018 totalizaron $182,5 millones para Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. El gran salto lo tuvieron durante el segundo trimestre del año, con ganancias totales por $520,8 millones, creciendo interanualmente un 51%.

Para Martello, existe un desconocimiento que proviene muchas veces de una reducción del problema a un círculo vicioso en virtud del cual la pobreza, la inequidad y la ausencia de desarrollo resultarían una consecuencia necesaria o lamentable -según el enfoque adoptado- de reglas económicas que no se pueden modificar, razonamiento que ignora que los derechos humanos, como principios universalmente aceptados, son los que deben establecer los marcos en que la economía debe operar.

“No tenemos que perder de vista la reafirmación de la titularidad estatal del servicio público como medio para garantizar derechos fundamentales y que quienes asumen una parte desproporcionada de los costos de los ajustes suelen ser los grupos más desfavorecidos cuya voz y poder político son escasos, lo que hace invisibles tanto su situación como las consecuencias para sus derechos”, sostuvo Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto insistió en la necesidad de ponderar el rol de las audiencias públicas como forma de ponerle un freno a los aumentos tarifarios indiscriminados: “Si bienpuede afirmarse que en la audiencia pública no se ´decide’, al mismo tiempo el Estado no puede legítimamente ´decidir´ sin una previa y adecuada participación de los usuarios y sin tomar en cuenta, para justificar y fundar su acto, el resultado de aquella. Razón por la cual resulta imperioso estructurar procedimientos de audiencia pública que estén en condiciones de cumplimentar las exigencias marcadas oportunamente por la Corte Suprema nacional”.

“La Defensoría, al ser un órgano extrapoder, tiene como función defender los derechos individuales y colectivos. El régimen actual de servicio público prevé un eje normativo que pone en el centro al usuario y por ello, al proteger sus derechos, también buscamos garantizar su dignidad como persona humana”, concluyó Martello.