María Liliana Schwindt cuestionó la derogación de resoluciones que beneficiaban a consumidores y usuarios

La Secretaría de Comercio, conducida por Pablo Lavigne, dispuso la derogación de 69 normas que según indicaron “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”.

El objetivo de la medida es “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”

La decisión de la Secretaría de Comercio de la Nación fue rechazada con ahincó por la concejala en uso de licencia y senadora provincia, María Liliana Schwindt. La olavarriense fue parte de la Secretaria de Comercio como funcionaria en la administración de Alberto Fernández y conoce al detalle los derechos de usuarios y consumidores, por ellos la también ex Diputada de la Nación ha realizado distintas gestiones.

En Redes Sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, María Liliana Schwindt cuestionó la medida y aseguró que “indefensión del consumidor” debería ser el nombre de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

La Senadora Provincial explicó que con está decisión, los bancos y entidades financieras ya no tienen obligación de informar mensualmente a la autoridad de aplicación las tasas, cargos y otros gastos de las tarjetas de crédito. “Eso quiere decir que nadie les va a controlar los intereses que nos cobren a nosotros”, sostuvo.

Schwindt explicó además que se libera de informar los aumentos de cuotas de colegios y universidades de gestión privada. “Queda a partir de ahora sin regulación del estado”, indicó.

Por último, a la hora de mostrar ejemplos de la medida, María Liliana Schwindt expresó que desde este lunes los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.

“Esas son solo tres ejemplos de las 69 resoluciones que derogaron”, expresó la oriunda de Colonia Hinojo que como cierre de su cuestionamiento expresó: “Viva la indefensión”.

Las derogaciones

Las 69 normas, derogadas mediante la resolución 51/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”, indicó la Secretaría de Comercio.

Entre las resoluciones derogadas se encuentran la 134/98 sobre Defensa del Consumidor. En ese sentido, se elimina la obligatoriedad de que las entidades bancarias, financieras y de cualquier otra índole informen mensualmente a la Secretaría de Comercio la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares, como así también la tasa de interés punitoria aplicada, la tasa de interés de extracciones o adelantos de dinero en efectivo y el cargo o arancel mensual por gastos de administración, entre otros datos.

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

También, se derogó la resolución 313/98 y, ahora, las entidades financieras no tendrán la obligación de dar a conocer a la Secretaría de Comercio el Costo Financiero Total de las operaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de viviendas.

En tanto, con la derogación de la 678/99, las escuelas privadas ya no tendrán la obligación de informar anualmente a Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.

También quedó sin efecto la resolución 54/2000, por lo que los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023. Según la Secretaría, “estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando “a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”.