Inseguridad rural: cuestionan la falta de reuniones del Consejo de Seguridad y la ausencia de coordinación


El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, cuestionó la falta de reuniones periódicas del Consejo de Seguridad durante la actual gestión municipal de Maximiliano Wesner y advirtió sobre las dificultades que genera la falta de coordinación entre las distintas áreas que deben intervenir frente a los delitos rurales.

Además, señaló un cambio reciente en la recepción de denuncias: según explicó, las patrullas rurales dejaron de tomarlas y los damnificados deben concurrir a las comisarías urbanas.

En una entrevista con Claudia Bilbao en el programa Desayuno con Noticias, por Radio M, Ayçaguer planteó que los espacios de coordinación son fundamentales para establecer prioridades, identificar zonas críticas y organizar el trabajo conjunto entre la Policía, la Justicia y el Municipio.

Al referirse al funcionamiento del Consejo de Seguridad, indicó que durante los tres años de la actual administración municipal hubo pocas reuniones. “Tuvimos, creo que fueron 3 reuniones, 3 años de gestión”, expresó, en contraste con la dinámica anterior, cuando —según relató— los encuentros se realizaban mensualmente.

El dirigente sostuvo que esas reuniones permitían detectar los sectores más comprometidos y definir acciones conjuntas. Entre las herramientas que mencionó se encuentra la posibilidad de coordinar los patrullajes de las fuerzas de seguridad con el personal de Control Urbano, especialmente en las zonas periurbanas, donde se registran hechos que afectan a productores rurales.

También consideró necesario avanzar en las investigaciones para determinar dónde se comercializa la carne proveniente de animales robados. “No es solamente la prevención, puede evitar que ande gente esa noche, a la noche por esos lugares, sino saber dónde se está vendiendo la carne”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el trabajo debería incluir a otras áreas municipales, como Bromatología, para investigar posibles circuitos de comercialización irregular.

Cambios en la recepción de denuncias rurales

Otro de los puntos que planteó Ayçaguer fue una modificación que, según afirmó, el Ministerio de Seguridad bonaerense comunicó hace menos de 20 días a las coordinaciones de investigaciones rurales y a los municipios. De acuerdo con su explicación, los efectivos de las patrullas rurales deben concentrarse en la prevención y ya no tomar las denuncias, que pasan a radicarse en las comisarías urbanas.

“La decisión fue que el que patrulla no puede, no tiene que tomar las denuncias”, señaló.

Ayçaguer cuestionó la medida por la preparación específica de los efectivos rurales, tanto en materia de delitos vinculados con la actividad agropecuaria como por su conocimiento del territorio. “¿Cuánta plata se invirtió en la capacitación de policías rurales?”, preguntó.

El planteo introduce otra preocupación para los productores: cómo se articula la recepción de las denuncias con la prevención y la investigación de los hechos, en un territorio extenso y con una red de caminos rurales que presenta dificultades operativas.

Reclamo por una respuesta coordinada

Las declaraciones se conocen en medio de los reclamos por los reiterados hechos de abigeato en la zona rural próxima al barrio CECO I. En ese contexto, la Sociedad Rural de Olavarría también cuestionó el cierre de un tramo de la calle 2 mediante montículos de tierra, una medida adoptada por el Municipio como respuesta a los hechos denunciados por productores del sector.

Ayçaguer consideró que la situación requiere una convocatoria urgente para analizar lo que está ocurriendo y acordar medidas. “La verdad que es otra, mínimamente, llamar urgente una reunión y ver qué es lo que está pasando”, planteó.

El dirigente también manifestó su expectativa de que el intendente no hubiera estado al tanto de la decisión de cerrar el camino y sostuvo que los productores necesitan un trato acorde con la gravedad de los problemas que vienen denunciando.

El reclamo de fondo apunta a recuperar instancias regulares de coordinación y establecer acciones conjuntas entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y la Justicia. Para la Sociedad Rural, la respuesta a la inseguridad en el campo no puede limitarse a medidas puntuales: requiere prevención, investigación y seguimiento de los delitos.

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