Jubilados de la justicia bonaerense denuncian una “crisis sin precedentes” en el sistema previsional
Un grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público jubilados de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre una “crisis sin precedentes” en el sistema previsional del sector y reclamó la intervención de las autoridades.
El planteo se centra en la movilidad jubilatoria. Según señalaron, los haberes dejaron de actualizarse en línea con los salarios de los magistrados en actividad, pese a que una normativa vigente desde 1972 establece ese mecanismo automático. En ese sentido, afirmaron que “los haberes han perdido su carácter móvil”.
De acuerdo con lo expuesto en un comunicado, la situación se profundizó a partir de una acordada de la Suprema Corte bonaerense de 2022, luego complementada en 2023, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Esos incrementos, indicaron, no fueron trasladados a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) resolviera excluirlos del cálculo.
Como consecuencia, sostienen que actualmente existe una diferencia de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de trabajadores activos y pasivos con igual escalafón y antigüedad. “En la práctica, esto vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria”, advirtieron desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.
El conflicto ya se trasladó al plano judicial. Según informaron, se iniciaron centenares de demandas en el fuero contencioso administrativo provincial con el objetivo de recomponer los haberes y restituir el criterio histórico de actualización.
En una nota firmada por los exmagistrados Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas, se indicó que “se están transgrediendo derechos adquiridos en materia previsional”, en un contexto que calificaron como especialmente grave.
El reclamo sumó además el respaldo de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su “más enérgico acompañamiento”. Desde ese espacio señalaron que “un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad” y advirtieron que se trata de “una violación flagrante al principio de legalidad”.
En ese marco, concluyeron que “no existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados”.
