La CGT califica la crisis de las obras sociales como «casi terminal»
La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que la crisis de las obras sociales es casi terminal debido a la imposibilidad de brindar servicios asistenciales básicos para millones de afiliados. Según informes de la central obrera, esta situación se fundamenta en un deterioro estructural y financiero que combina ingresos insuficientes, costos en alza y cambios normativos desfavorables.
Desfase crítico entre recaudación y costos
El núcleo del problema se encuentra en que el sistema recauda menos de lo que cuesta la atención médica obligatoria. Mientras que la recaudación promedio por beneficiario es de aproximadamente 67.525 pesos, el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) ronda los 85.000 pesos.
Esto implica que el sistema recauda un 25% menos de lo necesario. Aproximadamente 11 millones de beneficiarios, que representan el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para cubrir las prestaciones mínimas. Para evitar la cesación de pagos, muchas obras sociales dependen en la actualidad del auxilio económico directo de sus respectivos sindicatos.
Pérdida del poder adquisitivo y aumento de costos
El sistema se financia con un porcentaje del salario equivalente al 9%, pero los ingresos de los trabajadores registraron una pérdida cercana al 30% de poder adquisitivo. Al mismo tiempo, los costos de salud e insumos médicos crecen por encima de la inflación general. Entre los años 2018 y 2023, la capacidad de compra de medicamentos ambulatorios cayó un 49%, tendencia que se mantiene vigente.
El impacto de monotributistas y jubilados
La central obrera señaló a dos sectores que generan un desfasaje financiero en las prestadoras:
Monotributistas: Sus aportes, ubicados en alrededor de 20.000 pesos, son un 290% inferiores al costo del PMO. A esto se suma que suelen ingresar al sistema con mayores necesidades de atención médica previa.
Jubilados: Las obras sociales reciben del PAMI transferencias de 48.269 pesos per cápita, un monto inferior a los 159.000 pesos que el organismo recauda efectivamente, sin que el PAMI ofrezca contraprestaciones por esa diferencia.
Desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución
El crecimiento de los pacientes que acceden a prestaciones por discapacidad consume más del 75% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Asimismo, desde la CGT cuestionaron el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redujo del 20% al 15% los aportes de los salarios más altos al fondo, lo que afecta la equidad del sistema.
Deterioro institucional y operativo
La situación se refleja en indicadores de colapso en el sector, con obras sociales dadas de baja, otras declaradas formalmente en crisis y varias intervenidas por el Gobierno Nacional.
Esta coyuntura derivó en demoras en la atención, prolongación de los tiempos de espera, interrupción en la cadena de pagos a prestadores y falta de controles en la facturación de hospitales públicos, que en determinados casos cobran valores superiores a los del sector privado.
