La Suprema Corte ordenó profundizar la capacitación del personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó comunicar al Ministerio de Seguridad provincial una serie de irregularidades detectadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría y solicitó que se evalúe la necesidad de profundizar la capacitación del personal policial, en especial en relación con la correcta utilización del formulario único de denuncias.

La decisión se tomó en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia por violencia sexual presentada en octubre de 2025. En su resolución, el máximo tribunal provincial advirtió que el personal policial utilizó de manera incorrecta el formulario estandarizado previsto para situaciones de violencia familiar o de género en el ámbito doméstico, cuando —según el análisis judicial— el caso no encuadraba en ese régimen específico.
De acuerdo con el fallo, esta situación generó confusión en la derivación del expediente y derivó en un conflicto de competencia entre distintos juzgados del Departamento Judicial de Azul con asiento en Olavarría, que finalmente debió ser resuelto por la Suprema Corte.
En ese contexto, los jueces señalaron que el accionar policial ya había sido observado anteriormente en otras causas y remarcaron la importancia de una correcta recepción de las denuncias para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de las víctimas.
Por ese motivo, el tribunal resolvió poner los hechos en conocimiento del Ministerio de Seguridad bonaerense para que analice la necesidad de reforzar la capacitación permanente del personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría, particularmente respecto de los supuestos en los que corresponde aplicar el formulario único aprobado por la normativa vigente.
Además, la Suprema Corte definió que el Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría continúe interviniendo en la causa, al considerar que los hechos denunciados deben ser investigados en el ámbito penal, sin perjuicio de eventuales medidas de protección que pudieran corresponder.