Olavarría tiene un 4% de su superficie territorial en manos de extranjeros

Un reciente relevamiento elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras, integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, reveló datos sobre la propiedad rural en el partido de Olavarría. Según el informe, que se desprende de un mapa interactivo de extranjerización de tierras en Argentina, el distrito cuenta con un 4 por ciento de su superficie en manos de empresas o personas extranjeras.

El estudio, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, expuso que Olavarría posee un total de 708.135,94 hectáreas de superficie rural. De ese total, 25.256,27 hectáreas corresponden a titularidad extranjera.

La cifra ubica al partido en una situación similar a la de distritos vecinos como Azul, que también registra un 4 por ciento de extranjerización. En la región, los números varían: Tandil presenta un 5%, mientras que Rauch y Ayacucho tienen un 2% por ciento. Por el contrario, distritos como Balcarce (7%), General Pueyrredón (9%) y Benito Juárez (13%) muestran índices superiores.

El informe nacional indicó que aproximadamente el 5% del territorio argentino está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas. Los investigadores señalaron que la herramienta cartográfica permite visibilizar la distribución de la propiedad rural, un factor que consideran relevante para el análisis del desarrollo local y la legislación agraria.

El contexto legal y el impacto de la normativa en la propiedad rural

Los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin señalaron que el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras tuvo un punto de quiebre a fines de la década de 1990. Durante ese período, la Secretaría de Seguridad Interior autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas que históricamente estaban protegidas para su venta exclusiva a ciudadanos argentinos.

En el año 2011 se sancionó la Ley de Tierras (n° 26.737), que estableció un límite de extranjerización del 15% de la superficie a nivel provincial y departamental. Esta normativa buscó fortalecer los mecanismos de control estatal sobre la propiedad rural. Sin embargo, en 2016, el Decreto 820/2016 flexibilizó los procedimientos y modificó la metodología para medir la extranjerización en casos de sociedades y participaciones indirectas.

Según explican los especialistas, entre los relevamientos oficiales de 2015 y 2022 se registró una baja en los porcentajes de tierras extranjerizadas que no respondió a una reducción real, sino al cambio en la metodología de medición. Actualmente, tras el DNU 70/2023 que planteaba la derogación de la ley, la normativa se mantiene vigente debido a una medida judicial impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)

Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%. 

El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos.