Rechazaron el pedido de arresto domiciliario para un olavarriense acusado de vender estupefacientes en el barrio Roca Merlo
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó el rechazo al pedido de morigeración de prisión preventiva presentado por la defensa de Steven Yair Porcel Lazarte, un olavarriense acusado de comercializar cocaína bajo modalidad delivery en el barrio Roca Merlo y de tenencia ilegal de arma de fuego.
La resolución fue dictada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, quienes ratificaron la decisión adoptada previamente por el juez del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Azul, Martín Eugenio Céspedes.
La defensa había solicitado que la prisión preventiva se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, argumentando arraigo familiar, ausencia de antecedentes penales y buena conducta dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Sin embargo, la Cámara entendió que continúan vigentes los riesgos procesales y que no existen circunstancias excepcionales que permitan reemplazar la detención.
En el voto principal, el juez Echevarría sostuvo que “no se advierten circunstancias que desvirtúen la presunción de elusión del proceso” valorada al momento de dictarse la prisión preventiva.
La gravedad de los hechos
En la resolución judicial se remarcó además la gravedad de los delitos investigados y la modalidad atribuida al acusado.
Según detalló la Cámara, la causa involucra la presunta tenencia de 376,3 gramos de clorhidrato de cocaína y una operatoria de comercialización mediante entregas directas y utilización de servicios de cadetería.
El fallo menciona además que el imputado enfrenta cargos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.
Sobre el peligro de fuga, los magistrados citaron que la expectativa de una pena de efectivo cumplimiento puede generar un incentivo para intentar eludir el proceso judicial.
En ese sentido, la resolución reproduce que la posibilidad de un encierro prolongado “funciona como un condicionamiento psicológico que determina al ser humano, por su propia naturaleza, a tratar de evitarlo por todos los medios”.
El planteo de la defensa
La apelación había sido presentada por la auxiliar letrada de la Defensoría Penal, Gabriela Álvarez Morello, por instrucción del defensor oficial Marcelo Nicolás Domínguez.
Entre otros puntos, la defensa cuestionó que no se hubiera valorado suficientemente el arraigo del acusado ni el compromiso familiar para supervisar el arresto domiciliario en una vivienda de Olavarría.
También remarcó que el Servicio Penitenciario Bonaerense había emitido un informe favorable a la morigeración, destacando la conducta del imputado durante el encierro.
No obstante, la Cámara señaló que esos informes técnicos “no resultan vinculantes” para el juez y consideró que las circunstancias expuestas no alcanzan para neutralizar el riesgo procesal.
Además, los magistrados indicaron que el imputado lleva detenido desde agosto de 2024 y que ese plazo aún mantiene proporcionalidad respecto de la escala penal prevista para los delitos investigados.
Finalmente, la Cámara resolvió “rechazar por improcedente el recurso de apelación” y confirmar la continuidad de la prisión preventiva.
