Jury a Saladino: habrá dos careos y se analizará una imputación por falso testimonio

El miércoles continuará la toma de testimonios en el juicio que se sigue contra Antonio Saladino en el Senado de la Provincia. El jury contra el juez de Garantías del Juzgado 1 de Olavarría, suspendido en su cargo desde febrero de 2010, se inició el lunes 25 de junio aunque la primera audiencia formal se concretó el miércoles 27 de junio. A partir de ese día, hasta el viernes 29 el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó unos 40 testimonios.
Se le imputa a Saladino haber favorecido la situación procesal de Walter Gallastegui mediante el cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido caratulado como “homicidio simple en grado de tentativa” y luego se redujo a “lesiones graves”. La denuncia en su contra fue realizada en una primera instancia por Fabiana Márquez, viuda del abogado penalista Marcos Alonso.

Se informó desde el Senado que, finalmente, el viernes declararon 20 testigos. Además del comisario inspector Juan Carlos Lazarte, el oficial inspector Luciano Bianchi, el policía Sebastián Andrés Gisler, y el remisero Rodrigo Germán Dos Santos; declararon funcionarios del Juzgado que encabeza el acusado, el secretario de Marcos Alonso, y un abogado amigo del penalista asesinado.

Se detalló que se oyeron los testimonios de: María Marcela García, secretaria del Juzgado de Garantías N° 1; Lucrecia Paz y Lucas Moyano, auxiliar y empleado en el mismo juzgado; Carolina Di Massi, encargada de la Oficina de Gestión de Audiencias y el secretario Mario Luis Sánchez Bruce, también del mismo Juzgado.



Además, declararon Luis Moyano, un policía que al momento del crimen de Marcos Alonso trabajaba en la dependencia policial de Tapalqué donde estaba detenido Walter Gallastegui; Ricardo Pierce, secretario de Alonso; Ezequiel Luna, perito policial; Pablo Casas, efectivo policial; y Alberto Marcchioli, abogado y amigo de Alonso.

También asistieron a declarar Martín Pizzolo, fiscal de UFI 5 de Olavarría; Néstor Márquez, suegro de Alonso; Matías y Alberto Rolando; David Tifner, comisario inspector que prestaba servicios en Tandil; y Pablo Blúa, oficial principal quien se desempeñaba en la Comisaría 1ra de Olavarría.

La audiencia del miércoles

El viernes pasado, el tribunal dio curso a la petición del Defensor Oficial de Saladino, doctor Eduardo Cirille, de incorporar a la nómina de citados al defensor oficial de Olavarría Martín Marcelli. Junto a Diego Alonso, quien ampliará su declaración –fue citado para el primer día de audiencias-, abrirán a ronda de testimonios el miércoles a las 9:00 en el edificio anexo del Senado donde se concreta el Jury. 

También fueron citados Fabián Patronelli, María Urruti e Isidro Rodríguez.

La Secretaría informó que ante la imposibilidad de ubicar su paradero, el Jurado resolvió incorporar por escrito los testimonios de los testigos Javier Márquez, Gustavo Bustos, Sergio Gallastegui, Fernando Langano y Carlos Ortúzar.

La defensa pidió incorporar como testigo al abogado Gabriel Walter que trabajaba con Alonso, sin embrago el jurado desestimó esa petición.

El jurado dio curso al pedido del fiscal Carlos Altuve para cotejar las declaraciones de Ricardo Pierce de los días 26 y 27 de enero de 2010 con las efectuadas ante el Jury, de cara a un posible procesamiento por falso testimonio. También solicitó que el miércoles se realicen dos careos: uno entre el secretario Sánchez Bruce y la fiscal Susana Alonso y otro entre Sánchez Bruce y la oficial del Juzgado de Garantías Nº 2, Mercedes Turrina, para aclarar algunas contradicciones.

El jurado que sigue el Jury está presidido por el Dr. Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia, junto a diez conjueces abogados con matrícula en la Provincia y legisladores. Los profesionales que integran el tribunal son Carlos Garavaglia, Máximo García, Ricardo Lebele, Adalberto Busetto y Ana Zuchella de Milesi mientras que los legisladores son los diputados Gonzalo Atanasoff, Marcelo Feliú y Fernanda Antonijevic y las senadoras Nora De Lucía y Cristina Fioramonti. El tribunal deberá resolver si el magistrado será destituido definitivamente de su cargo o si, en caso de resultar absuelto, se reincorpora a sus funciones.

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