El relleno sanitario destapó el debate por el control municipal de los servicios concesionados
Escribe: Sergio Di Pino.
Escribe: Sergio Di Pino
La discusión sobre un posible caso de contaminación en el arroyo Tapalqué, a partir de un conflicto laboral en el relleno sanitario, volvió a encender la polémica acerca del rol asumido por el Municipio en el control de los servicios públicos concesionados o contratados.
Es que la denuncia, no tomó estado público gracias a una inspección o sanción municipal, sino como consecuencia de un conflicto directo entre las partes. Fue la propia empresa “Malvinas S.A”, la que anotició a la comunidad del problema, al revelar un supuesto sabotaje de “trabajadores infieles”.
A través de un comunicado, difundido el último martes, la firma prestadora del servicio de recolección, barrido tratamiento y disposición de residuos – con contrato hasta 2022-, responsabilizó a algunos de sus empleados de efectuar canalizaciones “para derivar líquidos lixiviados de la celda en servicio hacia el exterior”, sin la debida autorización de sus superiores. Según la versión empresarial, los hechos se habrían producido luego de las intensas lluvias registradas el mes pasado.
Un día más tarde, un grupo de trabajadores denunció el despido arbitrario de uno de sus compañeros. Se concentraron en la sede local de Trabajo y contestaron las acusaciones. Dijeron que la canalización se realizó por “expreso pedido de un capataz o directivo de la empresa”. En ese marco, acusaron a la compañía de tomar represalias “porque denunciaron ante el Municipio la maniobra de derrame de líquidos en el arroyo Tapalqué” y señalaron que esas prácticas eran frecuentes desde “hace dos años”.
En tanto, en algunos medios de comunicación se publicaron videos en los que se observaba el vertido de líquidos contaminantes al arroyo, aunque se desconoce en qué momento y lugar fueron captadas esas imágenes y si se vinculan o no con el episodio denunciado.
Llamativamente, el reclamo de los trabajadores no contó con el respaldo de la conducción del gremio de Camioneros. El sindicato vinculó el hecho a una situación particular de un trabajador y consideró que existió un “causal de despido”. En una entrevista con el medio local Central de Noticias, el titular del Sindicato de Choferes de Camiones, César Vicente, alertó que la empresa “amenazó con dejar la concesión” para “irse de Olavarría”.
Pero una amplia y ruidosa manifestación registrada el viernes – incluyó camiones de basura en las puertas del ministerio de Trabajo – demostró un fuerte respaldo de las bases al empleado despedido y evidenció fisuras en el liderazgo gremial. Delegados y trabajadores de a pie, protestaron contra la decisión de la empresa y acusaron de “traidor” al titular del gremio de Camioneros. El reclamo fue avalado por concejales del Frente de Todos como Juan Sánchez y Guillermo Santellán – ambos con vínculos sindicales- y por dirigentes de otros gremios locales. La protesta decantó en el dictado de la conciliación obligatoria, algo que fue celebrado como un triunfo por parte de los manifestantes. Las autoridades ministeriales entendieron que no se trata de un conflicto individual sino colectivo y dieron otro encuadre a la discusión. La situación laboral del trabajador despedido fue retrotraída, durante los próximos 15 días, tiempo en el que continuarán las negociaciones.
Una inspección y dos interpretaciones
En horas de la tarde del viernes, el Municipio emitió una gacetilla completamente neutra y sin referencia alguna al rol de Estado local. El comunicado, dio cuenta de una inspección en el relleno sanitario, realizada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA) y buscó llevar tranquilidad a la población a partir de un dictamen favorable.
De acuerdo a la información municipal, los estudios provinciales arrojaron un “correcto funcionamiento” de las celdas operativas y pudo establecerse que la situación “está saneada y remediada”. Afortunadamente, tampoco las muestras de agua en el arroyo habrían arrojado la “presencia de lixiviados”.
No obstante esto último, es necesario advertir que antes de conocerse el informe provincial, no hubo ningún pronunciamiento explícito y contundente del Municipio, acorde a la gravedad y las eventuales consecuencias de los hechos denunciados. Y aunque hubo acciones de rigor, como inspecciones y ordenes de servicio, los procedimientos no fueron explicados a la comunidad, más allá de alguna respuesta en off al periodismo. Se esperó al resultado favorable del informe para ofrecer información pública. El “no pasó nada”, no anula el silencio elegido cuando ese algo “podía pasar”.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Federico Aguilera, publicó un posteo referido a la inspección. El funcionario bonaerense, hizo hincapié en algunas faltas como que el establecimiento “no posee elementos de medición de caudal de los pozos de captación”, la “falta de cámara de toma de muestras y/o aforo” o la infracción a la resolución de Vuelcos Discontinuos de Efluentes Líquidos.
Además, mencionó un encuentro con autoridades del ADA y remarcó que pidió información a las autoridades sobre “lo sucedido días atrás” en donde “se pudo observar como lixiviados (líquidos contaminantes) eran tirados al arroyo Tapalqué.
El control de los servicios concesionados, un debate de fondo
En términos generales, el episodio volvió a poner en discusión el papel asumido por el gobierno municipal en el control de los servicios públicos tercerizados. En especial, varios sectores de la oposición, recordaron la decisión del intendente Ezequiel Galli de vetar la ordenanza para la creación de un organismo de control de concesiones municipales, impulsada desde la UCR, actual socio político del oficialismo.
Los cuestionamientos a los controles a los servicios públicos concesionados, han atravesado los seis años de gestión municipal. El caso más emblemático, es el del servicio de Agua y Cloacas a cargo de Coopelectric. La empresa es conducida por el curismo, socio político directo del gobierno de Ezequiel Galli. Gracias a ese acuerdo, la agrupación “Peronismo Republicano” cuenta con un concejal y pasará a tener un segundo edil desde diciembre.
La aprobación de un incremento del 97% en los servicios de agua (en 2020) y las dudas sobre los montos de la recaudación que la cooperativa gira al Municipio en concepto de fondo para obras de infraestructura – pozos de agua, tendido de la red y mantenimiento-, derivaron en una serie de cuestionamientos realizados por el bloque “Ahora Olavarría”. Meses atrás, la concejala Celeste Arouxet, subrayó que los recursos reintegrados eran muy inferiores a los recaudados y exigió una auditoría interna a la concesionaria.
En el caso de la recolección de residuos, el bloque “Foro Olavarría” ha advertido que lo recaudado en concepto de Tasa de Servicios Generales Urbanos es deficitario y no alcanza para cubrir la contraprestación del servicio.
Como parte de un análisis del Presupuesto 2022, informaron que el gasto de la recolección y disposición final de residuos y el barrido de calle, está presupuestado en más de $805 millones, frente a una recaudación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos prevista en $716 millones.
Se trata del servicio tercerizado más importante que tiene el Municipio. Y el total de lo que pagan los vecinos no es suficiente para pagar ese contrato. Además, hay que agregar que la Tasa de Servicios Generales Urbanos es la única que alcanza al conjunto de la población y contempla el sustento de otras actividades que presta el Municipio como deportes o de turismo.
¿La situación no amerita una auditoría interna y un estudio detallado de los gastos? De cara al próximo vencimiento de la concesión, ¿no sería conveniente una discusión abierta y participativa sobre los modos en los que se continuará prestando el servicio? ¿No es tiempo de debatir una política ambiental que sirva de insumo para la planificación estratégica de la nueva licitación?
Lo propio ocurre con el servicio de transporte público. A diario se reiteran las quejas de los usuarios por incumplimiento de frecuencias o condiciones en las que viajan los pasajeros, aunque en este caso se han aplicado algunas multas y sanciones. Los reclamos se repiten en el caso del Estacionamiento Medido.
A raíz del escándalo desatado con el posible caso de contaminación en el arroyo, dos bloques políticos presentaron propuestas para garantizar el acceso a la información pública. El Frente de Todos, solicitó un pedido de informes y exigió a las autoridades que “intervengan e informen a la población para esclarecer esta situación que afecta a la salud de los olavarrienses”. Además, anticiparon que llevarán el reclamo a la Defensoría del Pueblo.
En tanto, el bloque “Ahora Olavarría”, pidió al Ejecutivo que investigue la denuncia sobre el relleno sanitario y eventualmente se presente ante la Justicia. Además, propuso crear una comisión de Concesión de Servicios Públicos en el ámbito del Concejo Deliberante.
La iniciativa planteada por Celeste Arouxet, apunta a la formalización de un área específica para estudiar, controlar y dictaminar cuestiones inherentes a los servicios públicos que hoy dependen de la Comuna (surgiría del desdoblamiento de la Comisión de Infraestructura). Allí, se haría un monitoreo de los servicios bajo la órbita municipal como los de barrido, recolección de residuos, limpieza, alumbrado público, provisión de agua y cloacas, registro de guías y transporte.
Más allá de las discusiones entre las diferentes fuerzas políticas, el gobierno municipal deberá dar señales contundentes sobre su voluntad para ejercer el control sobre los servicios públicos concesionados. Aunque parezca una obviedad, un servicio tercerizado no equivale a uno municipal. No debe asumirse, ni publicitarse como tal. Las empresas consiguen un rédito económico por hacerse cargo de una tarea que no puede brindar el Municipio y a cambio deben cumplir con una serie de obligaciones. En ese control, el Estado local debe ser implacable y debe garantizar que sus condiciones se cumplan al pie de la letra.
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