La comunidad organizada federal

Comunidad Organizada, es un concepto filosófico-político que tiene como objetivo establecer una comunidad en la que todas las personas trabajen juntas en armonía y colaboración para lograr objetivos comunes y mejorar la calidad de vida de todos. Es un modelo de democracia social y participativa que reconoce y garantiza los derechos de todos, y promueve una clara conciencia de los deberes y obligaciones. En este modelo, los trabajadores organizados libremente son la base de sustentación de la comunidad, y la participación de los vecinos debe incluir a todas las organizaciones de base, desde los centros vecinales y los clubes hasta las cámaras empresariales y los sindicatos de cada comuna.

Este concepto se opone tanto al globalismo internacionalista, representado por el capitalismo anglo-estadounidense, como al corporativismo chino. Busca establecer una organización equidistante a estos modelos, y promover un sistema federal de gobierno que permita a los distintos niveles de decisiones de poder, desde las provincias hasta los municipios y las delegaciones municipales (en el caso bonaerense), tener sus propias competencias y responsabilidades en un marco de autonomía plena.

Sin embargo, en la actualidad, la Nación Argentina se encuentra alejada de este concepto, debido a una concentración del poder político que impide la independencia y autonomía de las provincias, contradiciendo la Doctrina Federal. Esto se evidencia en dos ejemplos, en la relación de subordinación entre gobernadores y el poder central (el Ejecutivo Nacional) o en el liderazgo partidocrático; y, en el caso de la Provincia de Buenos Ayres, que se rige en su vida interna con una legislación promulgada por la Junta Militar del Contraalmirante Isaac Rojas y el General Eugenio Aramburu en 1958, que asegura el ejercicio de un poder centralista, o unitario, por parte de nuestros gobernadores (porteños o aporteñados) desde 1983.

Esta falta de federalismo ha generado desigualdades en el acceso a los recursos y servicios en las provincias y entre éstas y sus comunas. En la provincia bonaerense, por ejemplo, los municipios más cercanos al gobierno provincial reciben mayores inversiones y atención, mientras que aquellos más alejados políticamente ven sus reclamos ignorados. Sucede lo mismo entre provincias y el estado central.

Además, la falta de federalismo se refleja en la distribución discrecional de los fondos coparticipables, lo que ha llevado a que algunos gobernadores, como intendentes, se queden sin los recursos necesarios para ejecutar obras públicas o brindar servicios básicos a sus habitantes.

Asimismo, se observa una falta de participación y representación de las comunidades en la toma de decisiones, tanto en el Congreso de la Nación como en los de provincia. Senadores y Diputados tienen limitadas su capacidad de representar y actuar en beneficio de sus vecinos, por cuestiones de pertenencia y obediencia partidaria.

Para solucionar esta situación negativa, es fundamental que se respete el art. 1° de nuestra Constitución nacional, y los gobernadores los arts. 5 y 123 de la Ley Suprema. Donde las autonomías comunales plenas con Cartas Orgánicas establezcan las competencias y facultades de las comunas y les permitan ejercer su propio gobierno y tomar decisiones acordes a sus necesidades.

También es necesario establecer mecanismos de distribución de recursos coparticipables más equitativos y transparentes, teniendo en cuenta las particularidades de cada comuna.

Además, es fundamental fomentar la participación comunal y la representación de las comunidades en la toma de decisiones, a través de la implementación de mecanismos que permitan a los vecinos tener voz en las decisiones que afectan sus vidas.

Por último, los gobiernos de los Estados Federativos (provincias) debe comprometerse a realizar una reforma constitucional para garantizar la descentralización política, permitir la autonomía comunal plena (con el dictado de las Constituciones comunales) y reconocer la creación de nuevos municipios, en el caso bonaerense, e impulsar proyectos de regionalismo productivo entre los gobiernos, y entre intendentes en las provincias, para fomentar el desarrollo económico en cada región.

Es necesario dotar a los pueblos de herramientas para forjar su propio futuro y promover una Comunidad Organizada Federal en la que nuestros pueblos tengan una participación activa en la construcción de su mejor porvenir.