Opinión / ¿Inimputabilidad o licencia para matar?

imputabilidad

Especial para «En Línea Noticias». La opinión de un especialista en medio de un debate electoral que vuelve a poner la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en la Argentina.


Escribe: Dr. Martín Boneco para «En Línea Noticias»

La semana pasada en los medios nacionales se superpusieron tres noticias con un común denominador. Homicidios cometidos a sangre fría en contexto de robo por parte de menores de edad.

 

Cada vez que un adolescente aparece involucrado en un delito grave, especialmente en años electorales, vuelve a los medios el “debate sobre la imputabilidad penal” de los menores.

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Desde la fundamentación contemplativa y pseudopedagogica se nos quiere imponer un falso debate social, respecto que no se puede punir a los «niños delincuentes» ya que carecen de la capacidad de discernimiento, mientras se siguen escondiendo detrás de las bibliotecas garantistas los cadáveres de centenares de padres, abuelos e hijos que mueren a manos de menores delincuentes.

 

A ello se suma que ningún espacio político desea pagar el supuesto «costo político» que traería aparejado tamaña desición de bajar la edad de inimputabilidad. Mientras eso sucede, en la Provincia de Buenos Aires miles de personas –  sean pobres o ricos, niños o ancianos –  resultan victimas de secuestros, robos calificados y homicidios a manos de menores inimputables.

 

Mientras mas jóvenes son, parece ser que mas violentos son los hechos que realizan.

 

Tienen un total desprecio por su vida y por ende por la vida ajena.

 

La situación de madurez que existe en un adolescente de estos tiempos permite sostener que un menor de 14 años de edad ya cuenta con la capacidad de entender lo que está haciendo, y partiendo de ese punto abrir la posibilidad que sea penalmente responsable.

 

Un chico de esa edad hoy en día entiende muy bien lo que significa tomar algo que es ajeno, o hacer algo que afecte la integridad física de una persona, lo que significa robar, disparar, matar.

 

Lo cierto es que desde la Justicia no se lo juzga, ni se le aplica una pena, porque son “inimputables”. A los 16 años pueden votar y elegir a sus gobernantes, pero no son juzgados plenamente como un mayor de 18, ya que se encuentran amparados por el Régimen Penal Juvenil.

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Las penas en menores, se aplican en ínfimos casos, y a su vez son temporalmente la mitad de lo que se aplica a los mayores. Es decir que a un menor de entre 16 y 18 años en caso de un Homicidio Simple ( 8 años de mínima) se le aplica una pena 4 años.

 

 

Asimismo dichos «antecedentes de menor» no pueden ser computados para los delitos que cometieran siendo mayores, por lo cual no serán reincidentes hasta que no cometan al menos dos delitos como mayores.

 

 

Por su parte los gobernadores y ministros de seguridad, erróneamente para intentar combatir la inseguridad, se han limitado solamente durante décadas como política de estado a aumentar en las calles la presencia de fuerzas policiales, sean bonaerenses, locales, gendarmes, pero la realidad indica el fracaso estatal, ya que el delito se ha incrementado a escalas inusitadas.

 

«los intendentes reclaman manejar la policía local, como si ello bastara o fuera la solución mágica para erradicar el delito»

 

Por su parte los intendentes reclaman manejar la policía local, como si ello bastara o fuera la solución mágica para erradicar el delito, no existiendo un plan de seguridad integral serio, como asimismo modificar leyes tales como el código civil y penal que busquen revertir ello.

«Los menores siguen siendo impunes y la delincuencia crece en forma desmedida»

 

Si observamos al continente europeo, los países, cuando se refieren a imputabilidad biológica, es decir, la edad a la que responde el autor de un crimen, van de los siete años (GALES) a los catorce años, nunca a los 16 y menos que menos a los 18, cuando hay una responsabilidad plena, como ocurre en la Argentina.

 

Claramente se sostiene ante esta crisis determinada por el incremento delincuencial, que punir a los menores de 16 años, no significa criminalizar la pobreza, sino por el contrario, que en un estado de derecho que se precie como tal, se respeten las garantías individuales de la víctima y su familia, debiéndose de manera valiente juzgar a los criminales menores que diezman familias indefensas, y comprender que a los 14 años ya se sabe distinguir y entender lo correcto de lo incorrecto.

 

Por el momento parece haber recalado en la clase política la dura y cruel realidad que no hay una «sensación de inseguridad», sino un problema serio, del cual no hallan el modo de combatirlo, mientras los menores siguen siendo impunes y la delincuencia crece en forma desmedida.

 

El debate esta abierto

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