Azul: El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición pero expuso un déficit millonario
Además multó a Sombra y su secretario de Hacienda
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la rendición de cuentas de la Municipalidad de Azul correspondiente al ejercicio 2024, aunque no lo hizo sin dejar constancia de un cuadro financiero preocupante: déficit millonario, excesos presupuestarios que el Concejo Deliberante rechazó y varias irregularidades administrativas que derivaron en multas a los principales responsables del Ejecutivo municipal.
El fallo fue firmado el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Un presupuesto que se desbordó
Los recursos municipales se estimaron en 40.317 millones de pesos, pero la recaudación efectiva alcanzó los 38.964 millones. El gasto total trepó a 49.066 millones, lo que generó un resultado financiero negativo de más de 2.200 millones de pesos y un resultado ejecutado final en rojo de 3.754 millones.
Dentro de ese cuadro, los excesos presupuestarios —gastos que superaron los créditos autorizados— ascendieron a 4.812 millones de pesos, todos correspondientes al Departamento Ejecutivo. El Concejo Deliberante no solo desaprobó la rendición del Ejecutivo a través de la Resolución N° 5100/2025, sino que también rechazó esos excesos y se negó a convalidarlos.
El intendente Nelson Desiderio Sombra y su secretario de Economía y Hacienda, Agustín Juan Carús, justificaron los desvíos aduciendo el impacto de la megadevaluación de diciembre de 2023 y el proceso inflacionario, que elevó especialmente el costo de los insumos hospitalarios. Señalaron además que el gasto en salud representó el 41% del total ejecutado en 2024. El Tribunal tomó nota de esos argumentos, pero confirmó las irregularidades.
Las multas
La sentencia impuso multas de 290.000 pesos tanto al intendente Sombra como al secretario Carús, en virtud del artículo 16 de la Ley N° 10869 del Tribunal de Cuentas. Ambos tienen noventa días para depositar las sumas en la cuenta fiscal del organismo. Las infracciones que motivaron las sanciones incluyeron la falta de implementación de sistemas informáticos obligatorios, irregularidades en modificaciones presupuestarias y el desequilibrio financiero registrado al cierre del ejercicio.
Además, la presidenta del Concejo Deliberante, Pilar Álvarez, y la contadora municipal Adriana Mariela Guedes recibieron sendos llamados de atención. En el caso de Álvarez, la sanción tuvo que ver con el modo en que se aprobó el Código Fiscal 2025: el Tribunal consideró que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes no tenía atribuciones para modificar las ordenanzas preparatorias sobre tablas, tal como ocurrió el 30 de diciembre de 2024.
Sistemas sin implementar y subsidios sin rendir
Entre las observaciones que quedaron plasmadas en el fallo figura un problema que arrastra el municipio desde ejercicios anteriores: la falta de implementación del Sistema de Inversión Pública y del Sistema de Administración de Ingresos Públicos, ambos exigidos por la normativa provincial. El intendente explicó que su costo no puede ser afrontado con recursos propios dado el contexto financiero, pero el Tribunal mantuvo la observación.
En materia de subsidios, el fallo analizó fondos nacionales recibidos a través del Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social: el municipio recibió 44,2 millones de pesos y utilizó 43,9 millones, aunque la rendición al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —cuyo vencimiento operó en agosto de 2024— todavía no contaba con constancia de recepción al cierre del estudio. El Tribunal encomendó a la Delegación Zonal que verifique el cierre de ese convenio.
Una reserva abierta: el capítulo más sensible
El aspecto más delicado del fallo es el que el propio Tribunal decidió dejar en suspenso. El pronunciamiento sobre los excesos presupuestarios y la eventual utilización de fondos afectados para financiar gastos ordinarios —una materia que involucra más de 1.000 millones de pesos en economías de origen provincial y municipal— quedó postergado a la espera de un proyecto de ley provincial que podría eximir de sanciones a los municipios en situación similar.
El vocal preopinante, Cr. Chillo, fue explícito: Sombra y Carús no deben considerarse exentos de responsabilidad mientras el Tribunal no se expida definitivamente sobre esa cuestión. La reserva mantiene abierta la posibilidad de nuevas sanciones.
El diagnóstico es crítico
El Tribunal aprobó la rendición porque los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial, financiera y presupuestaria del municipio y porque algunas observaciones preliminares fueron subsanadas durante el proceso. El activo corriente al cierre del ejercicio sumaba 12.147 millones de pesos, con un patrimonio neto de 5.876 millones.
Sin embargo, el fallo deja en claro que el déficit de Azul creció casi un 223% respecto del ejercicio anterior y representa el 8,67% del presupuesto devengado. En ese contexto, la administración Sombra invoca la emergencia económica declarada el 1° de septiembre de 2024 —prorrogada hasta septiembre de 2025— como el marco en el que intenta reconducir las finanzas municipales sin apelar a despidos masivos.
La nueva Tasa de Servicios Esenciales, judicializada por contribuyentes, solo recaudó el 37% de lo proyectado: 1.614 millones de pesos sobre los más de 4.300 millones esperados. Ese dato resume la brecha entre las necesidades y los recursos reales con los que el municipio debió gestionar el año pasado.
