El destino de los fondos del impuesto a los combustibles y el estado de las rutas
La recaudación en Olavarría y el destino de los fondos
En las estaciones de servicio del partido de Olavarría, la recaudación por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono alcanza una cifra cercana a los 12.000 millones de pesos al año. Estos fondos ingresan directamente a las arcas del Tesoro Nacional.
El ICL integra el Sistema Vial Integrado (SisVial), creado mediante el decreto 976/01. De acuerdo con la Ley 23.966 y sus modificaciones (Ley 27.430), a este fideicomiso se le asigna legalmente un 28,58% del total recaudado. La normativa determina de manera específica que estos recursos deben destinarse al financiamiento, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional operada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y los corredores concesionados. Este esquema fue impulsado originalmente a requerimiento del Banco Mundial para evitar que la recaudación derivada de los combustibles se utilizara en gastos corrientes.
Cómo se distribuye lo recaudado por el tributo
De la masa total que cobra el Estado por el tributo a los combustibles, la distribución legal establece los siguientes destinos:
- 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (SisVial).
- 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social (Anses).
- 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
- 10,40% a las Provincias.
- 10,40% al Tesoro Nacional.
- 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
- 2,55% a compensaciones del transporte público.
La carga impositiva en cada litro de nafta
En la actualidad, la carga impositiva total sobre un litro de combustible en Argentina representa entre el 35% y el 40% del precio final que paga el consumidor en el surtidor. Esta suma incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA – 21%), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), la alícuota provincial de Ingresos Brutos y las tasas municipales locales. De esta forma, en un valor de referencia de $2.000 por litro de nafta súper, entre $700 y $800 corresponden únicamente a impuestos.
Fondos subejecutados y superávit fiscal
Pese a este esquema de asignación específica, la inversión en infraestructura no se concreta. De acuerdo con una investigación periodística publicada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la administración central mantuvo a fines de mayo más de 1,3 billones de pesos recaudados por el ICL colocados en inversiones financieras, tales como plazos fijos y títulos públicos, en lugar de ejecutarlos en la red vial nacional.
Desde diciembre de 2023, los ingresos acumulados de este tributo destinados a Vialidad sumaron 2,04 billones de pesos. De los fondos específicos asignados, la Dirección Nacional de Vialidad utilizó un 33%, equivalente a 676.999 millones de pesos. La porción restante fue retenida para reforzar el saldo fiscal del Tesoro.
En el mismo período, la incidencia del Impuesto a los Combustibles Líquidos sobre el precio final de venta al público pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de este año. La reorientación de estos recursos respondió a la decisión de consolidar el superávit financiero del sector público nacional, postergando las tareas de infraestructura vial.
El impacto en la minería olavarriense y la «obra pública cero»
Esta política de «obra pública cero» y la falta de inversión en las rutas del país impactan directamente sobre el corazón productivo del partido de Olavarría. La minería local de segunda y tercera categoría —que aporta más del 50% de la piedra y el 60% del cemento consumidos a nivel nacional— destinaba históricamente más del 70% de su producción a la infraestructura vial y la obra pública.
La parálisis total del sector sumergió a la región en una crisis inédita. Actualmente, las canteras operan a cerca del 30% de su capacidad instalada, con pérdidas masivas de puestos de trabajo, programas de retiros voluntarios, suspensión de turnos y esquemas de recortes salariales para sostener las operaciones. El freno en el despacho de piedra y la paralización parcial en la producción de cemento demuestran cómo la retención de los fondos que pagan los propios conductores termina ahogando a la industria insignia del distrito.
