Lucas Moyano expuso en la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación
El Dr. Lucas Moyano expuso ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados en una reunión informativa destinada a abordar las violencias contra niños, niñas y adolescentes y su protección en entornos digitales. En su intervención, el especialista analizó las principales amenazas actuales, las deficiencias del sistema de investigación y las reformas necesarias para combatir estas problemáticas.
Moyano señaló que es fundamental derribar el mito de que lo que pasa en internet queda en internet, al advertir que la violencia digital destruye familias y la salud mental de quienes la sufren, además de escalar hacia la violencia física. En ese sentido, puntualizó que el daño se amplifica debido al rol de los algoritmos de recomendación de las plataformas, por lo que solicitó legislar específicamente sobre la amplificación del daño que generan.
Durante su presentación, repasó diversas manifestaciones de la problemática, como el control tecnológico en las relaciones de noviazgo, la difusión no consentida de material íntimo, el grooming y el discurso de odio. También alertó sobre el impacto de la ciberludopatía, señalando que seis de cada diez chicos en Argentina están expuestos al juego online, lo que deriva en extorsiones ante la imposibilidad de pago. Asimismo, hizo mención a los riesgos de radicalización de menores a través de grupos digitales.
El fiscal identificó el uso de la inteligencia artificial como una nueva amenaza que democratiza el daño, permitiendo a múltiples agresores utilizar plataformas gratuitas para vulnerar la imagen y la reputación de las personas.
Respecto de las dificultades en la práctica judicial, Moyano remarcó la volatilidad de la evidencia digital, dado que muchas veces las víctimas borran los mensajes por miedo o vergüenza, o los agresores eliminan sus perfiles. Ante esto, propuso capacitar a las fuerzas de seguridad en la preservación de la prueba y establecer una federalización y unificación de protocolos de investigación en todo el país. Además, planteó la necesidad de obligar a los proveedores de servicios de internet a conservar los registros de conexión y asignación de IP por un plazo de dos años para posibilitar el avance de las causas.
En materia de prevención, sugirió implementar un protocolo de primer interventor en las escuelas para que los docentes cuenten con herramientas frente a situaciones conductuales que alerten sobre posibles abusos, y fomentar una educación digital acompañada por parte de las familias. Por último, instó a los legisladores a realizar una reforma integral que tipifique la violencia digital en todas sus formas y que sitúe a las empresas tecnológicas como garantes activos de la cibersecurity.
