Anticipo En Línea/ la médica que denunció irregularidades en discapacidad inició una demanda con el Municipio
La médica fisiatra Andrea Beatriz Chiodi inició una demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Olavarría en la que solicita la nulidad de la disposición que la apartó de la Junta Evaluadora de Discapacidad y reclama su inmediata reinstalación en el cargo.
La profesional, que se desempeñaba desde 2017 como integrante de la Junta encargada de emitir los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), sostiene que fue suspendida de manera “provisoria” luego de denunciar ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) presuntas irregularidades en la tramitación de certificados otorgados a familiares de funcionarios municipales.
La denuncia
Según consta en la presentación judicial a la que accedió a modo de anticipo En Línea Noticias, el 25 de julio de 2025 Chiodi habría informado a ANDIS sobre supuestas anomalías en la emisión de CUD, vinculadas —según afirma— a la realización de evaluaciones por videollamada y a la presunta asignación de turnos con trato preferencial.
La médica señala que, tras esa denuncia, cinco integrantes de la Junta manifestaron ante el área de Recursos Humanos su negativa a continuar compartiendo el espacio laboral con ella, imputándole conductas “discriminatorias y agraviantes”.
Un día después, el 29 de julio, se dictó la Disposición N° 82/2025 por la cual se resolvió que no sería convocada a integrar la Junta hasta que exista una resolución definitiva en un sumario administrativo.
El planteo judicial
En la demanda, Chiodi argumenta que la medida constituye una “sanción encubierta”, aplicada sin que se le haya permitido ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Sostiene que no tuvo acceso al expediente sumarial, que no se le precisaron los hechos imputados y que la decisión vulnera garantías constitucionales.
También reclama el pago de salarios que, según indica, dejaron de abonársele desde septiembre de 2025, y solicita una medida cautelar para que la Justicia ordene su reinstalación inmediata mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La acción fue presentada una vez agotada la vía administrativa, luego del rechazo de los recursos de reconsideración y jerárquico que había interpuesto.
Repercusión pública
El caso tomó estado público y fue tratado en el Concejo Deliberante local a partir de un proyecto impulsado por vecinos que solicitaron la reincorporación de la médica. Según se informó, la iniciativa fue acompañada por más de 1.400 firmas.
En ese marco, se planteó la necesidad de garantizar transparencia en la administración pública y de resguardar a quienes denuncian posibles irregularidades dentro del Estado.
Qué se discute
El eje del conflicto judicial se centra en determinar si la medida adoptada por el Municipio fue una decisión preventiva válida en el marco de un sumario administrativo o si, como sostiene la actora, implicó una sanción anticipada sin el debido proceso.
La Justicia contencioso administrativa deberá resolver tanto el pedido de nulidad del acto como la medida cautelar de reinstalación solicitada por la profesional.
