La realidad social no se toma vacaciones

Por Sergio Di Pino

¿Puede un intendente ser el protagonista de la semana política mientras está de vacaciones?

La respuesta, aunque parezca poco probable, es sí. Ya sea por desfasajes entre el momento de toma de decisiones y la comunicación de las mismas, o por la nula participación del intendente interino Juan Mujica, como hacedor o la cara visible de nuevas acciones de gobierno, el nombre de Ezequiel Galli estuvo presente en los temas que dominaron la agenda pública de los últimos días.

Uno de esos tópicos, fue la polémica suspensión de las elecciones en Coopelectric y el papel preponderante del Municipio en esa determinación.

La conducción de la cooperativa dio a conocer un decreto, con la firma del intendente Galli, que modificó por completo el escenario político de la institución. Mediante el documento, el Ejecutivo autorizó a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria “bajo la aplicación de estrictos protocolos” pero desestimó la realización de los comicios porque “no se encuentran dadas las condiciones sanitarias”.

A pesar del fundamento sanitario esgrimido por la Comuna – se indicó que eventualmente podrían participar unas diez mil personas en los comicios – la lectura política de la lista opositora de Coopelectric no se hizo esperar.
La Asociación de Usuarios Nueva Energía (AUNE), liderada por el Dr. Luis Cavalli, denunció una maniobra del oficialismo en complicidad con el Municipio: “Antes se oponían por una decisión del INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- que no era tal. Entonces apelaron a sus socios políticos del municipio, logrando que el Intendente nos niegue ejercer nuestros derechos de asociados” expresaron mediante un duro comunicado.

Finalmente le pidieron a Ezequiel Galli que “deje de lado la especulación político partidaria cuando regrese de sus vacaciones y analice con criterios de razonabilidad las decisiones vinculadas con Coopelectric”.

El sábado por la tarde, La Lista Amarilla replicó a la oposición “por las malas interpretaciones realizadas en torno a la postura de INAES y el Municipio por la pandemia y la suspensión del acto eleccionario”.

A través de un comunicado, manifestaron que “se debe cumplir con la Ley de Cooperativas porque es lo que corresponde” y lamentaron que “el contexto no permita realizar las elecciones” pero valoraron la determinación que “cuida a los asociados y empleados”.

“Esperamos que cuando estén dadas las condiciones, se puedan desarrollar con la mayor normalidad posible. Queremos que se realicen las elecciones” agregaron.

Un segundo tema, de importancia durante la semana, fue el veto a gran parte de la ordenanza del cupo laboral trans. La normativa establecía que el 1% de la planta de empleados municipales sea ocupada, de manera progresiva, por personas travestis, transexuales y transgénero. Aunque lo hacía en base a la Ley provincial 14.783- norma a la que ya había adherido el Concejo Deliberante de Olavarría- incorporaba objetivos y acciones locales bien definidas.

Si bien el veto de produjo en diciembre, la novedad se conoció recién en los últimos días y provocó un fuerte malestar en integrantes del Colectivo por la Diversidad, quienes trabajaron por más de dos años en un marco legal con fuerte anclaje territorial. Ahora consideran que la ordenanza “quedó vacía”.

A priori, las organizaciones esperaban que el Ejecutivo vetara solo los dos artículos rechazados, en la votación en particular, por el bloque de Juntos por el Cambio, vinculados al pago de becas de formación y capacitaciones. Pero el decreto 3.414/20 vetó la mitad de la norma y modificó otros dos apartados (sobre un total de 12).

En los fundamentos, el Municipio sostuvo que la ley provincial “ya obliga a la Municipalidad de Olavarría a la aplicación de que el 1% de su planta laboral sean personas trans”. El veto elimina la participación de las organizaciones y dependencias municipales porque “resulta improcedente disponer una autoridad de aplicación diferente a la ya ordenada por ley” y borra el apartado que establecía la progresividad de la aplicación de la ordenanza en un número no menor a 4 personas por año” por “entrar en conflicto” con lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales.

Aun si se reconociera la solidez técnica del veto del Ejecutivo- dimensión que también está en estudio por parte de las organizaciones de la disidencia- el análisis debe centrarse en la desprolijidad política con la que manejó el tema el Concejo Deliberante.

Para la “comunidad trans”, que padece una discriminación laboral estructural desde hace décadas, la ordenanza significó una conquista de derechos y como tal fue celebrada. Por eso, la norma no puede ser desarmada como si nada y lo sucedido debería llamar a la reflexión a la dirigencia política de nuestra ciudad.

Si era tan evidente la “incompatibilidad” de la ordenanza con la ley provincial ¿por qué no se advirtió antes? Por el contrario, se alentó y trabajó codo a codo con las organizaciones en las comisiones del Concejo, durante dos años, hasta arribar a un marco legal de consenso y se aplaudió con entusiasmo la aprobación de la iniciativa en el recinto.

¿No hay diálogo entre el bloque de concejales del oficialismo y los equipos técnicos del Ejecutivo para prever este tipo de situaciones? La misma reflexión vale para la oposición, que quedó entrampada entre su posición política y los fundamentos técnicos del veto. Tras una reunión de urgencia de la Comisión de Diversidad y Género – con amplia presencia de concejalas no oficialistas- admitieron que la medida del intendente Ezequiel Galli “no afecta la esencia de dicha norma”. Desde el activismo, alguien reflexionaba y ensayaba una explicación a todo lo ocurrido: se admite porque “ni siquiera para el progresismo tendrá costo político” decía. Quizás tenga razón.

Un tercer tema preponderante de la semana, fueron los coletazos de las medidas de flexibilización del distanciamiento, social preventivo y obligatorio decretadas en Olavarría.

La baja en los contagios y la falta de una nueva reglamentación provincial sobre la continuidad de la DISPO hasta entrada la semana, le permitieron el Ejecutivo arriesgar y tomar medidas de mayor apertura a las aconsejadas por la Provincia (un antecedente de este tipo puede rastrearse cuando el municipio habilitó el funcionamiento de los gimnasios).

Entre las disposiciones, sobresalen la extensión de la nocturnidad hasta las 03:00 bares y restaurantes, la ampliación del horario de funcionamiento del transporte público de 6 a 23 incluidos domingos y feriados – circulaban de 7 a 19- y la habilitación de la asistencia de público en eventos deportivos hasta en un máximo de cien (100) personas en espacios al aire libre y un máximo de treinta (30) en espacios cerrados de amplia ventilación.

Como era de esperarse, la prolongación de la nocturnidad tuvo buena recepción en el sector comercial y en el público en general. El Municipio se adelantó algunos días al “toque de queda sanitario” hasta las 02:00, dado a conocer por la Provincia el último martes, e incluso la extendió por una hora más a lo recomendado, dado que la restricción no habría permitido disminuir las fiestas clandestinas. “Es una medida que le modifica la economía al gastronómico” explicaron desde el Ejecutivo.

Más dispar fue la recepción de la mayor amplitud en el horario del transporte público, debido a la compleja situación que atraviesa el sector, con la baja de la cantidad de pasajeros que se movilizan a diario y las dificultades de las empresas para acceder a los subsidios y poder pagar salarios. “Hoy la cantidad de pasajeros transportados sigue estancada, 20% o menos de lo que era normal. No se percibe necesidad de incrementar servicios” comentó una persona muy vinculada al rubro del transporte.

En ese sentido, la esperanza se centra en el regreso a las clases presenciales “que es un muy importante movilizador del transporte público” pero, en la actual situación, para algunos la ampliación horaria se vuelve “inviable”. Una fuente sindical, en cambio, opinó que la mayor franja horaria “no es una complicación y puede ser valioso para el municipio y la gente de Olavarría”.

Finalmente, la autorización de público en eventos deportivos por parte del Municipio tuvo un rápido revés de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De). El organismo provincial ratificó que en las canchas de fútbol – también alcanza al básquet de Estudiantes- “todo evento deportivo deberá celebrarse a puertas cerradas (sin público) hasta nuevo aviso”.

La novedad cayó como un baldazo de agua fría en los clubes y la Liga de Fútbol de Olavarría, quienes habían limado asperezas y acordaron en una reunión – en la que mediaron funcionarios municipales- el regreso paulatino a la actividad de primera división, aunque sujeta a la presencia de espectadores en los estadios (el fútbol menor no necesita presencia policial y volverá en marzo)

Desde la Liga de Fútbol de Olavarría hubo gestiones con las autoridades de la Federación Bonaerense Pampeana. Junto con otras ligas del interior, consiguieron que la entidad emita un escrito dirigido al gobernador Axel Kicillof para que “analice la posibilidad de rever está decisión”, algo que consideran como “condición indispensable” para que la pelota vuelva a rodar.